La Suprema Corte de Justicia corrigió ayer la plana al Ministerio Público de la Federación y al juez que condenó a las indígenas otomíes Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, presas desde agosto de 2006 por el supuesto secuestro de seis agentes de la AFI durante un operativo antipiratería.
Los ministros de la Corte absolvieron a ambas mujeres, quienes ayer mismo por la tarde fueron puestas en libertad del Cereso femenil de San José el Alto, en Querétaro.
La primera sala de la Corte resolvió por unanimidad y sin debate que no se acreditó siquiera que hubo un secuestro, pues los agentes incurrieron en múltiples contradicciones y no hay evidencia adicional sobre la participación de las acusadas.
"Advertimos desde un principio que este asunto era de excepcional trascendencia. De entrada, parecía un asunto que olía a injusticia, y hoy esta injusticia que percibíamos ha quedado plenamente acreditada", dijo el ministro Arturo Zaldívar.
Los fiscales que armaron y avalaron la acusación fueron el ministerio público Gerardo Cruz Bedolla y el subdelegado de Procedimientos Penales A de la Procuraduría General de la República en Querétaro, Francisco Javier Campuzano López.
El juez Rodolfo Pedraza Longi fue quien declaró culpables en dos ocasiones a ambas acusadas, la más reciente en febrero pasado luego de que un tribunal unitario ordenara reponer el proceso.
Los ministros de la Corte absolvieron a ambas mujeres, quienes ayer mismo por la tarde fueron puestas en libertad del Cereso femenil de San José el Alto, en Querétaro.
La primera sala de la Corte resolvió por unanimidad y sin debate que no se acreditó siquiera que hubo un secuestro, pues los agentes incurrieron en múltiples contradicciones y no hay evidencia adicional sobre la participación de las acusadas.
"Advertimos desde un principio que este asunto era de excepcional trascendencia. De entrada, parecía un asunto que olía a injusticia, y hoy esta injusticia que percibíamos ha quedado plenamente acreditada", dijo el ministro Arturo Zaldívar.
Los fiscales que armaron y avalaron la acusación fueron el ministerio público Gerardo Cruz Bedolla y el subdelegado de Procedimientos Penales A de la Procuraduría General de la República en Querétaro, Francisco Javier Campuzano López.
El juez Rodolfo Pedraza Longi fue quien declaró culpables en dos ocasiones a ambas acusadas, la más reciente en febrero pasado luego de que un tribunal unitario ordenara reponer el proceso.
Víctor Fuentes, Reforma, 29 de abril.
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