Con el voto de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), el Senado aprobó reformas al Código de Justicia Militar, por las que se endurecen las sanciones a los miembros del Ejército que se integren a la delincuencia organizada y a quienes desde la institución castrense colaboren con las bandas criminales. En ambos casos la prisión es hasta de 60 años y la baja inmediata.
Se incorpora un nuevo capítulo al artículo 275 de ese código, denominado “Traición a las Fuerzas Armadas”, en el cual se señalan las nuevas penalidades, lo cual dividió a las fuerzas políticas, ya que los senadores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia las cuestionaron, por considerarlas excesivas.
“Mandan a matar”
El perredista Tomás Torres aseveró que la prisión de 30 a 60 años a los militares que se pasen a las filas de los delincuentes es más grave que la penalidad por homicidio calificado, por lo que los “están mandado a la calle a matar”, ya que el castigo es menor que por la deserción calificada.
Cuestionó también que se castigue con prisión de 15 a 60 años a los militares que utilicen en favor del crimen organizado la fuerza, las embarcaciones, las aeronaves y cualquier otro bien o recurso humano que tenga bajo su cargo o mando.
Esa penalidad aplica a 11 conductas de militares, entre otras, proporcionar información, facilidades en la plaza o el puesto de mando capacitación o conocimientos castrenses a integrantes de las bandas criminales.
Asimismo, obstaculizar las acciones de las fuerzas armadas, no ejecutar una orden, falsificar o alterar documentos o informaciones, proporcionar sus superiores datos falsos, para favorecer a delincuentes.
También, conducir o guiar las actividades de la delincuencia organizada o poner en libertad a alguno de sus miembros.
El senador de Convergencia Eugenio Govea consideró también “desproporcionadas” las sanciones en relación con la falta. A su juicio, los militares tendrán sanciones más fuertes que los narcotraficantes.
El PAN defendió la reforma, por conducto de los senadores Marco Tulio Munive y Felipe González. Este último dijo que los sicarios que han participado en las matanzas de civiles en Ciudad Juárez son ex militares, miembros “de aquellos famosos Gafes (grupos aeromóviles de fuerzas especiales del Ejército)”, por lo que es necesario sancionarlos con todo el rigor posible.
Igualmente, se debe castigar al soldado u oficial que no cumpla una orden o los que usen vehículos oficiales para apoyar a criminales, porque de lo contrario una fuerza armada sin disciplina ni lealtad es “endeble”.
El PRI no participó en la discusión, pero aportó sus votos, por lo que esa modificación al código citado se aprobó con 63 sufragios en favor y 20 en contra.
La modificación forma parte del paquete de seguridad nacional enviado por Felipe Calderón al Senado en abril de 2009.
Durante la sesión de ayer se aprobaron 12 reformas legales y nuevas leyes en materia de desarrollo rural, estímulos y recompensas civiles y temas fiscales.
Sin discusión, se turnaron a comisiones cuatro iniciativas y se aprobaron cinco puntos de acuerdo, entre ellos uno que pide al gobierno de Calderón exigir a Washington la ratificación de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego.
Durante la sesión se eligió a los senadores que integrarán la Comisión Permanente, la cual será encabezada por el panista Gustavo Madero.
Hoy están citadas las comisiones dictaminadoras de la ley antisecuestro y, de llegar a un acuerdo, habrá sesión el viernes.
Se incorpora un nuevo capítulo al artículo 275 de ese código, denominado “Traición a las Fuerzas Armadas”, en el cual se señalan las nuevas penalidades, lo cual dividió a las fuerzas políticas, ya que los senadores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia las cuestionaron, por considerarlas excesivas.
“Mandan a matar”
El perredista Tomás Torres aseveró que la prisión de 30 a 60 años a los militares que se pasen a las filas de los delincuentes es más grave que la penalidad por homicidio calificado, por lo que los “están mandado a la calle a matar”, ya que el castigo es menor que por la deserción calificada.
Cuestionó también que se castigue con prisión de 15 a 60 años a los militares que utilicen en favor del crimen organizado la fuerza, las embarcaciones, las aeronaves y cualquier otro bien o recurso humano que tenga bajo su cargo o mando.
Esa penalidad aplica a 11 conductas de militares, entre otras, proporcionar información, facilidades en la plaza o el puesto de mando capacitación o conocimientos castrenses a integrantes de las bandas criminales.
Asimismo, obstaculizar las acciones de las fuerzas armadas, no ejecutar una orden, falsificar o alterar documentos o informaciones, proporcionar sus superiores datos falsos, para favorecer a delincuentes.
También, conducir o guiar las actividades de la delincuencia organizada o poner en libertad a alguno de sus miembros.
El senador de Convergencia Eugenio Govea consideró también “desproporcionadas” las sanciones en relación con la falta. A su juicio, los militares tendrán sanciones más fuertes que los narcotraficantes.
El PAN defendió la reforma, por conducto de los senadores Marco Tulio Munive y Felipe González. Este último dijo que los sicarios que han participado en las matanzas de civiles en Ciudad Juárez son ex militares, miembros “de aquellos famosos Gafes (grupos aeromóviles de fuerzas especiales del Ejército)”, por lo que es necesario sancionarlos con todo el rigor posible.
Igualmente, se debe castigar al soldado u oficial que no cumpla una orden o los que usen vehículos oficiales para apoyar a criminales, porque de lo contrario una fuerza armada sin disciplina ni lealtad es “endeble”.
El PRI no participó en la discusión, pero aportó sus votos, por lo que esa modificación al código citado se aprobó con 63 sufragios en favor y 20 en contra.
La modificación forma parte del paquete de seguridad nacional enviado por Felipe Calderón al Senado en abril de 2009.
Durante la sesión de ayer se aprobaron 12 reformas legales y nuevas leyes en materia de desarrollo rural, estímulos y recompensas civiles y temas fiscales.
Sin discusión, se turnaron a comisiones cuatro iniciativas y se aprobaron cinco puntos de acuerdo, entre ellos uno que pide al gobierno de Calderón exigir a Washington la ratificación de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego.
Durante la sesión se eligió a los senadores que integrarán la Comisión Permanente, la cual será encabezada por el panista Gustavo Madero.
Hoy están citadas las comisiones dictaminadoras de la ley antisecuestro y, de llegar a un acuerdo, habrá sesión el viernes.
Andrea Becerril y Víctor Ballinas, La Jornada, 29 de abril.
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