Los militares, marinos e integrantes de la Fuerza Aérea que deserten para sumarse a las células del crimen organizado o utilicen su posición para beneficiar al narcotráfico serán castigados por traidores y hasta con 60 años de cárcel, máxima pena que establece al respecto el Código de Justicia Militar.
Con esta reforma, este código militar juzgará como integrantes del crimen organizado y asociación delictuosa a los efectivos que colaboren con el narcotráfico y el crimen organizado.
El Senado aprobó con 63 votos a favor y 20 en contra las reformas al Código de Justicia Militar para crear el delito de traición a las Fuerzas Armadas y así ampliar el catálogo de sanciones para los efectivos que debiliten la institución castrense.
La Comisión de Defensa Nacional presentó el dictamen de reforma al Código de Justicia Militar ante el Pleno, basado en una iniciativa enviada por el Presidente de la República, para castigar de manera severa a los desertores y a los que sean cómplices de narcotraficantes.
La reforma establece una penalidad de 15 a 60 años y baja de las Fuerzas Armadas.
La minuta fue turnada a la Cámara de Diputados.
“El personal militar que actúa en contra de las misiones que le son encomendadas quebranta sun principio de lealtad que debe tener para con sus mandos, pone en riesgo su cumplimiento de las misiones y falta a la confianza depositada por la sociedad”, establece el documento.
El Ejército reveló que son 47 elementos de las Fuerzas Armadas los que han sido procesados de diciembre de 2006 a enero de 2010, por estar involucrados en el narcotráfico, según datos del IFAI.
El senador perredista Tomás Torres explicó al Pleno que el documento considera igual de grave retirarse de las Fuerzas Armadas que causar la muerte de un superior en jerárquia.
Con esta nueva reforma, el marco jurídico militar incluirá un nuevo capítulo denominado Traición a las Fuerzas Armadas.
Este capítulo establece un catálogo de 11 actividades que serán consideradas delictivas; proporcionar protección a cualquier miembro de la delincuencia organizada; adiestramiento, capacitación o conocimientos militares; falsificar documentos o reportes sobre la actividad delictiva, entre otros actos.
Conducta normativa
“Para el cumplimiento eficaz de dichas funciones se requiere de disciplina y lealtad, atributos estos que se constituyen en piedra angular en la conducta normativa de los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas.
En este sentido, la reforma tiene el propósito de imponer penas severas por el daño que estas conductas ocasionan a las Fuerzas Armadas y a la sociedad mexicana en general”, precisa el proyecto legislativo.
La minuta tiene dos modificaciones respecto a la iniciativa que el presidente Calderón envió al Senado en 2009, la más significativa, la adición del tipo jurídico de delincuencia organizada.
En el último borrador del dictamen, los senadores establecían cambios en el artículo 57 para que en las tareas de auxilio, los delitos del fuero común y contra los civiles que cometan los militares serían competencia de la jurisdicción civil.
Pero esté se modificó luego de que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) acordó abrir el debate sobre este tema una vez que el Ejecutivo federal envíe su iniciativa para modificar el fuero militar, en septiembre.
Con esta reforma, este código militar juzgará como integrantes del crimen organizado y asociación delictuosa a los efectivos que colaboren con el narcotráfico y el crimen organizado.
El Senado aprobó con 63 votos a favor y 20 en contra las reformas al Código de Justicia Militar para crear el delito de traición a las Fuerzas Armadas y así ampliar el catálogo de sanciones para los efectivos que debiliten la institución castrense.
La Comisión de Defensa Nacional presentó el dictamen de reforma al Código de Justicia Militar ante el Pleno, basado en una iniciativa enviada por el Presidente de la República, para castigar de manera severa a los desertores y a los que sean cómplices de narcotraficantes.
La reforma establece una penalidad de 15 a 60 años y baja de las Fuerzas Armadas.
La minuta fue turnada a la Cámara de Diputados.
“El personal militar que actúa en contra de las misiones que le son encomendadas quebranta sun principio de lealtad que debe tener para con sus mandos, pone en riesgo su cumplimiento de las misiones y falta a la confianza depositada por la sociedad”, establece el documento.
El Ejército reveló que son 47 elementos de las Fuerzas Armadas los que han sido procesados de diciembre de 2006 a enero de 2010, por estar involucrados en el narcotráfico, según datos del IFAI.
El senador perredista Tomás Torres explicó al Pleno que el documento considera igual de grave retirarse de las Fuerzas Armadas que causar la muerte de un superior en jerárquia.
Con esta nueva reforma, el marco jurídico militar incluirá un nuevo capítulo denominado Traición a las Fuerzas Armadas.
Este capítulo establece un catálogo de 11 actividades que serán consideradas delictivas; proporcionar protección a cualquier miembro de la delincuencia organizada; adiestramiento, capacitación o conocimientos militares; falsificar documentos o reportes sobre la actividad delictiva, entre otros actos.
Conducta normativa
“Para el cumplimiento eficaz de dichas funciones se requiere de disciplina y lealtad, atributos estos que se constituyen en piedra angular en la conducta normativa de los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas.
En este sentido, la reforma tiene el propósito de imponer penas severas por el daño que estas conductas ocasionan a las Fuerzas Armadas y a la sociedad mexicana en general”, precisa el proyecto legislativo.
La minuta tiene dos modificaciones respecto a la iniciativa que el presidente Calderón envió al Senado en 2009, la más significativa, la adición del tipo jurídico de delincuencia organizada.
En el último borrador del dictamen, los senadores establecían cambios en el artículo 57 para que en las tareas de auxilio, los delitos del fuero común y contra los civiles que cometan los militares serían competencia de la jurisdicción civil.
Pero esté se modificó luego de que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) acordó abrir el debate sobre este tema una vez que el Ejecutivo federal envíe su iniciativa para modificar el fuero militar, en septiembre.
Elena Michel y Ricardo Gómez, El Universal, 29 de abril.
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