Castiga Senado traición militar

El Senado aprobó ayer una reforma al Código de Justicia Militar para castigar con una pena de entre 30 y 60 años de prisión a los elementos de las fuerzas armadas que cometan traición, por incorporarse a la delincuencia organizada.

El dictamen fue aprobado por 63 votos a favor de los senadores del PAN y PRI, frente a 20 en contra de los legisladores del PRD, PT y Convergencia.

Las modificaciones, que fueron turnadas a la Cámara de Diputados, contemplan una sanción de entre 15 y 60 años de cárcel, más la baja de la corporación, al militar que utilice la fuerza, embarcación, aeronave, o cualquier otro bien o recurso humano que tenga bajo su cargo o mando a favor de cualquier miembro de la delincuencia organizada.

El castigo aplicará también al soldado que proporcione protección o facilidades, adiestramiento, capacitación o conocimientos militares a cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa, en la plaza o cargo que le fue asignado.

La pena de cárcel procederá cuando un militar induzca al personal que tenga bajo su mando, o a las tropas, para que presten algún servicio a cualquier miembro de organizaciones criminales.

La reforma castiga el reclutamiento de personal militar con fines ilícitos.

En el dictamen, los senadores decidieron avalar la propuesta enviada por el Presidente Felipe Calderón para sancionar a los elementos de las fuerzas armadas que incumplan sus obligaciones para actuar contra la delincuencia u obstaculicen las acciones militares -o de cualquier otra autoridad- en contra de los criminales.

"Se sancionará con pena de prisión de quince a sesenta años y baja de la Fuerza Armada que corresponda, al militar que no ejecute una orden del servicio o la modifique de propia autoridad, en ambos casos, para favorecer a cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa.

"Y a quien falsifique o altere un documento o instrumento que contenga información relativa a las operaciones de las Fuerzas Armadas o autoridad competente en contra de cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa, o a sabiendas de que se trata de documentos o instrumentos falsificados o alterados, haga uso de ellos", señala el dictamen.

Con la reforma se pretende penalizar a quien proporcione a sus superiores información diferente u omita datos sobre las acciones de combate al crimen y sus resultados.

Los legisladores federales buscan que se castigue a quien conduzca o guíe las actividades de cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa y proteja, ponga en libertad o facilite la fuga de los delincuentes.

Durante el debate, los senadores del PRD, Tomás Torres, y de Convergencia, Eugenio Govea, cuestionaron la proporcionalidad de la pena, tras recordar que la traición a las fuerzas armadas será sancionada como si fuera un delito más grave que el propio homicidio calificado.

"Los militares serán sancionados con pena corporal más enérgica todavía que los narcotraficantes, me parece que no puede ser concebible, no hay una relación, no hay proporcionalidad", reclamó Govea.

La reforma que adiciona el Libro Segundo del Código de Justicia Militar fue propuesta desde el 23 de abril de 2009 por el Presidente Felipe Calderón.

Tras un año de permanecer congelada en las comisiones de Defensa Nacional y Estudios Legislativos, los senadores decidieron dictaminarla como resultado de los cabildeos del General Secretario, Guillermo Galván Galván, quien pidió a los coordinadores parlamentarios endurecer los castigos contra los militares desertores.

Claudia Guerrero y Érika Hernández, Reforma, 29 de abril.