El gobierno mexicano reiteró su política de “total compromiso con el respeto de los derechos humanos en general, y particularmente de los migrantes como grupo vulnerable, independientemente de su estatus migratorio”.
En respuesta al informe de Amnistía Internacional titulado Víctimas invisibles, migrantes en movimiento a través de México, la Secretaría de Gobernación sostuvo en un comunicado que el gobierno federal comparte la preocupación y reconoce la complejidad y urgencia de atender el fenómeno delictivo que padecen “algunos migrantes en nuestro país”.
Explica que por esa razón mantiene una política activa de promoción y respeto de los derechos humanos de este grupo vulnerable en territorio nacional, y menciona que la evolución del problema muestra hoy las consecuencias del perfeccionamiento de la operación de la delincuencia.
“En efecto, el crimen organizado ha diversificado su actuación, extendiéndose hacia otras actividades ilícitas que afectan de manera directa a los migrantes, que por su condición de vulnerabilidad se convierten en blancos de delitos como el secuestro, la trata y la extorsión, generando nuevos retos para la estructura institucional.”
Gobernación afirma que la búsqueda de soluciones eficaces sólo puede ser resultado de un trabajo conjunto entre las distintas dependencias de la administración pública federal, estatal y municipal involucradas, los órganos constitucionales autónomos y las organizaciones de la sociedad civil.
Por eso, agrega, trabaja con la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la elaboración de un convenio de colaboración para la prevención y combate al secuestro de migrantes.
El Instituto Nacional de Migración ha aplicado varias estrategias, como la difusión de los derechos de los migrantes por medio de folletos, así como la entrada en vigor de las nuevas normas para el funcionamiento de las Estaciones Migratorias, en las que se prevé la obligación de informar al alojado sobre sus derechos y obligaciones.
Destaca el derecho a denunciar en caso de ser víctima de delitos, la realización de un examen médico cuando se determine su ingreso a la estación, la posibilidad de que salgan de las mismas cuando sean requeridos por cualquier autoridad para el desahogo de diligencias o prácticas judiciales o administrativas, entre otras.
En el comunicado, Gobernación sostiene que ha fortalecido medidas, como los Grupos Beta, cuyo propósito es proteger la integridad física y patrimonial de los migrantes, con independencia de su nacionalidad y su calidad migratoria. Reconoce que el informe elaborado por AI constituye una valiosa aportación para la persecución y prevención de conductas delictivas, especialmente cuando señala los retos en la actuación inmediata, integral y coordinada de las autoridades.
En respuesta al informe de Amnistía Internacional titulado Víctimas invisibles, migrantes en movimiento a través de México, la Secretaría de Gobernación sostuvo en un comunicado que el gobierno federal comparte la preocupación y reconoce la complejidad y urgencia de atender el fenómeno delictivo que padecen “algunos migrantes en nuestro país”.
Explica que por esa razón mantiene una política activa de promoción y respeto de los derechos humanos de este grupo vulnerable en territorio nacional, y menciona que la evolución del problema muestra hoy las consecuencias del perfeccionamiento de la operación de la delincuencia.
“En efecto, el crimen organizado ha diversificado su actuación, extendiéndose hacia otras actividades ilícitas que afectan de manera directa a los migrantes, que por su condición de vulnerabilidad se convierten en blancos de delitos como el secuestro, la trata y la extorsión, generando nuevos retos para la estructura institucional.”
Gobernación afirma que la búsqueda de soluciones eficaces sólo puede ser resultado de un trabajo conjunto entre las distintas dependencias de la administración pública federal, estatal y municipal involucradas, los órganos constitucionales autónomos y las organizaciones de la sociedad civil.
Por eso, agrega, trabaja con la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la elaboración de un convenio de colaboración para la prevención y combate al secuestro de migrantes.
El Instituto Nacional de Migración ha aplicado varias estrategias, como la difusión de los derechos de los migrantes por medio de folletos, así como la entrada en vigor de las nuevas normas para el funcionamiento de las Estaciones Migratorias, en las que se prevé la obligación de informar al alojado sobre sus derechos y obligaciones.
Destaca el derecho a denunciar en caso de ser víctima de delitos, la realización de un examen médico cuando se determine su ingreso a la estación, la posibilidad de que salgan de las mismas cuando sean requeridos por cualquier autoridad para el desahogo de diligencias o prácticas judiciales o administrativas, entre otras.
En el comunicado, Gobernación sostiene que ha fortalecido medidas, como los Grupos Beta, cuyo propósito es proteger la integridad física y patrimonial de los migrantes, con independencia de su nacionalidad y su calidad migratoria. Reconoce que el informe elaborado por AI constituye una valiosa aportación para la persecución y prevención de conductas delictivas, especialmente cuando señala los retos en la actuación inmediata, integral y coordinada de las autoridades.
La Jornada, 29 de abril.
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