Los defensores de Alberta Alcántara y Teresa González, sentenciadas a 21 años de prisión por un supuesto secuestro a agentes de la extinta AFI, confían en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revoque la sentencia dictada por el Juez Cuarto de Distrito en Querétaro y ordene la liberación inmediata y sin condiciones de las indígenas.
Andrés Díaz, abogado de las mujeres explicó que hay cuatro escenarios bajo los cuales podría resolver la Primera Sala de la SCJN en el caso: que confirme la sentencia, que la modifique y reduzca, que la revoque y, en este caso, que ordene reposición del proceso o liberación.
"Esperamos que la Suprema Corte resuelva la libertad absoluta, que no esté condicionada a ninguna reposición de procedimiento, lo cual alargaría su encarcelación y mandaría los expedientes al mismo juez, quien las ha sentenciado en dos ocasiones, una de ellas ya por reposición de procedimiento", señaló el también abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
"Si la Corte resuelve que no existió tal delito se hará un parámetro para que estas acciones no sean un abuso a la población, como ocurrió también en los caso de Atenco y La Candelaria", agregó Díaz.
En tanto, el titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Ricardo Bucio, señaló que toca a la Procuraduría General de la República exonerar a Alberta y Teresa.
"Hay que revisar las prácticas institucionales básicamente de la procuración de justicia y es un ejemplo de que el principio de igualdad y el derecho de no discriminación no forma parte de la visión de los ministerios públicos", dijo.
Andrés Díaz, abogado de las mujeres explicó que hay cuatro escenarios bajo los cuales podría resolver la Primera Sala de la SCJN en el caso: que confirme la sentencia, que la modifique y reduzca, que la revoque y, en este caso, que ordene reposición del proceso o liberación.
"Esperamos que la Suprema Corte resuelva la libertad absoluta, que no esté condicionada a ninguna reposición de procedimiento, lo cual alargaría su encarcelación y mandaría los expedientes al mismo juez, quien las ha sentenciado en dos ocasiones, una de ellas ya por reposición de procedimiento", señaló el también abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
"Si la Corte resuelve que no existió tal delito se hará un parámetro para que estas acciones no sean un abuso a la población, como ocurrió también en los caso de Atenco y La Candelaria", agregó Díaz.
En tanto, el titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Ricardo Bucio, señaló que toca a la Procuraduría General de la República exonerar a Alberta y Teresa.
"Hay que revisar las prácticas institucionales básicamente de la procuración de justicia y es un ejemplo de que el principio de igualdad y el derecho de no discriminación no forma parte de la visión de los ministerios públicos", dijo.
Daniela Rea y SIlvia Garduño, Reforma, 28 de abril.
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