La iniciativa de reforma al Código de Justicia Militar, enviada por el presidente Felipe Calderón al Congreso, es un proyecto que sólo busca fingir el cumplimiento de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), pero sin atender verdaderamente el fallo, advirtieron defensoras de derechos humanos.
En línea con las críticas formuladas por diversos organismos internacionales, como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI), las activistas señalaron que con la propuesta del mandatario, el análisis y juicio de gran cantidad de crímenes de lesa humanidad seguirían bajo la jurisdicción castrense.
Rocío Culebro, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, se sumó a todos los cuestionamientos realizados contra la iniciativa, y advirtió que con ella, el Estado mexicano está evadiendo el cumplimiento total de lo ordenado por la Coidh, “tratando, como siempre, de hacer una cosa por otra”.
Como ya se ha denunciado en reiteradas ocasiones, la propuesta de Calderón sólo permitiría que algunos delitos pasen al orden de la justicia civil, como la desaparición forzosa, la violación sexual y la tortura, pero otros crímenes graves, entre ellos las ejecuciones extrajudiciales, seguirían en manos de los jueces militares.
Compromiso a medias
Para Culebro, “lamentablemente no hay ninguna posibilidad” de que el Congreso le enmiende la plana por completo al mandatario. “Lo hará a la mitad, porque el compromiso del Estado con los derechos humanos es a medias”.
Gloria Ramírez, presidente de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, coincidió en señalar que es preocupante la reiterada actitud del gobierno del país en fingir que acata las resoluciones de la CIDH, mientras en realidad hace todo lo posible por encubrir los crímenes del pasado.
Al mismo tiempo que el gobierno de Calderón manifiesta al exterior un discurso progresista sobre derechos humanos, al interior tiene una actuación contraria.
En el rompimiento de esta política de “esquizofrenia”, es el Congreso el que ahora tiene la palabra, y sería terrible que los partidos políticos tomaran como moneda de cambio un tema cuyo cumplimiento no debería estar sujeto a negociación alguna, aseveró .
En línea con las críticas formuladas por diversos organismos internacionales, como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI), las activistas señalaron que con la propuesta del mandatario, el análisis y juicio de gran cantidad de crímenes de lesa humanidad seguirían bajo la jurisdicción castrense.
Rocío Culebro, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, se sumó a todos los cuestionamientos realizados contra la iniciativa, y advirtió que con ella, el Estado mexicano está evadiendo el cumplimiento total de lo ordenado por la Coidh, “tratando, como siempre, de hacer una cosa por otra”.
Como ya se ha denunciado en reiteradas ocasiones, la propuesta de Calderón sólo permitiría que algunos delitos pasen al orden de la justicia civil, como la desaparición forzosa, la violación sexual y la tortura, pero otros crímenes graves, entre ellos las ejecuciones extrajudiciales, seguirían en manos de los jueces militares.
Compromiso a medias
Para Culebro, “lamentablemente no hay ninguna posibilidad” de que el Congreso le enmiende la plana por completo al mandatario. “Lo hará a la mitad, porque el compromiso del Estado con los derechos humanos es a medias”.
Gloria Ramírez, presidente de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, coincidió en señalar que es preocupante la reiterada actitud del gobierno del país en fingir que acata las resoluciones de la CIDH, mientras en realidad hace todo lo posible por encubrir los crímenes del pasado.
Al mismo tiempo que el gobierno de Calderón manifiesta al exterior un discurso progresista sobre derechos humanos, al interior tiene una actuación contraria.
En el rompimiento de esta política de “esquizofrenia”, es el Congreso el que ahora tiene la palabra, y sería terrible que los partidos políticos tomaran como moneda de cambio un tema cuyo cumplimiento no debería estar sujeto a negociación alguna, aseveró .
Fernando Camacho Servín, La Jornada, 14 de noviembre.
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