La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió el año pasado 59 quejas por agresiones contra defensores de las garantías individuales.
En su informe de actividades 2011 documentó violaciones a los derechos a la vida, integridad, seguridad, reunión, circulación, debido proceso, propiedad y libertad de expresión en perjuicio de su trabajo cotidiano.
Con el propósito de prevenir situaciones que dañen la salud física y psicológica de los defensores y sus familias, el año pasado el organismo solicitó la aplicación de medidas cautelares de protección en 16 casos.
Las agresiones contra los defensores continúan este año. El pasado 3 de febrero, en el caso de la activista chihuahuense Norma Andrade, solicitó medidas cautelares a la Secretaría de Gobernación, con el fin de garantizar la seguridad e integridad de la víctima y evitar que sufriera otro atentado, como el ocurrido en el Distrito Federal, pese a la vigilancia de policías de Chihuahua.
La CNDH ha dado seguimiento a cada una de las denuncias presentadas, recabando datos con las autoridades involucradas, entrevistándose con los agraviados y verificando que se integren adecuadamente las averiguaciones previas, señaló el organismo.
Consideró que es deber de los servidores públicos federales, estatales y municipales brindar atención expedita y profesional a quienes han sido víctimas del delito, además de esclarecer los casos presentes para erradicar la impunidad y fortalecer el estado de derecho.
En octubre de 2010 la CNDH expidió la Guía para Implementar Medidas Cautelares en Beneficio de Defensores de los Derechos Humanos y en julio de 2011 publicó el Informe Especial Sobre la Situación de las y los Defensores de los Derechos Humanos en México.
Atienden a 646 familias
••• La Subprocuraduría de Personas Desaparecidas o no Localizadas de Províctima, que encabeza Patricia Bugarín Gutiérrez, ha brindado atención a familiares de 646 personas reportadas como desaparecidas en los 31 estados y el Distrito Federal.
••• La Subprocuraduría de Personas Desaparecidas o no Localizadas de Províctima, que encabeza Patricia Bugarín Gutiérrez, ha brindado atención a familiares de 646 personas reportadas como desaparecidas en los 31 estados y el Distrito Federal.
En cuatro meses de operación de la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (Provictima), agraviados de delitos de alto impacto, como desapariciones, secuestros, homicidios, extorsiones y trata de personas, han requerido apoyo de la institución.
En tanto, ONG afirmaron que el discurso del gobierno y la realidad de la defensa de los derechos humanos es contradictorio, porque no se han implementado las acciones suficientes para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por el Estado mexicano frente a las víctimas como ante la propia comunidad internacional. (México • Redacción y Eugenia Jiménez)
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