A los gobiernos no les creemos'

AYUTLA DE LOS LIBRES, Gro.- Inés Fernández toma fuerte el micrófono y lanza una advertencia en su lengua: "Escúchenme todos, niños, mujeres y hombres, las autoridades, aunque estén a tu lado y te digan que realmente van a cumplir, no lo van a hacer".

Enseguida señala con su mano a Alejandro Poiré, sentado a su lado, y continúa.

"Por ejemplo, el secretario que está presente, yo que más quisiera que platicar con él, pero él no me permitiría, porque hablo una lengua indígena", señala en la plaza principal de Ayutla al lado de funcionarios federales y estatales.

La mujer habla fluido y apenas da tiempo al traductor en el acto con el cual el gobierno le pide perdón por el abuso sexual en su contra cometido por militares hace 10 años, en cumplimiento de una sentencia emitida en 2010 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Y su reclamo se extiende al gobernador Ángel Aguirre.

"Busqué en otro lado que me hicieran justicia, porque aquí no me atendieron. Por eso hoy le digo al gobernador que vea las necesidades de las comunidades; que nos diga qué es lo que él puede hacer y qué lo que no puede hacer", lanza Inés, vestida en su ropa de diario y sandalias de plástico.

Y es que la suya es también la historia de lo que ha pagado su pueblo por exigir justicia.

"Cuando se denunció legalmente la violación de Inés, todo el aparato del gobierno se nos echó encima. Empezaron las amenazas anónimas. Los presidentes municipales tenían órdenes de no hacer obra. De las amenazas pasaron a los hechos. Asesinaron a Lorenzo Fernández, hermano de Inés. Fabricaron delitos a dirigentes de la organización", relata Obtulia Eugenio Manuel, presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Meph'aa (OPIM).

Inés y Obtulia van contando, cada una en su momento, la historia de agravios en esta montaña agreste olvidada, como la definió Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.

El doctor de la clínica de salud las amenaza para que barran calles; las obligan a alimentar a los empleados; les prometieron electricidad y no la han puesto; el dinero de Alianza para el Campo lo dan a los ricos; hay dinero para vivienda, pero sus pisos son de tierra.

Decenas de indígenas tlapanecos y mixtecos sentados atrás, bajo el sol, algunos descalzos, otros de huarache, saben de qué hablan. Pero no lo saben los hombres de guayabera de lino y las mujeres de vestidos primaverales que ocupan los primeros lugares del auditorio improvisado al aire libre, los más frescos, bajo la sombra.

"Hemos denunciado con nombre y apellido a los ejecutores de delitos y amenazas. Sin embargo, el Ministerio Público, los policías y varios militares los protegen", reprocha Obtulia.

Inés agregará en su discurso que están ahí. Entre ellos.

"Los soldados están cerca y no nos permiten andar libremente. Estos soldados andan de civiles, no necesariamente andan uniformados", dice.

El director de derechos humanos de la Secretaría de la Defensa, Rafael Cazares, vestido de civil, se pone más serio de lo que ha estado toda la mañana.

"Si las autoridades cumplieran con la ley no tendríamos por qué organizarnos, nos organizamos para exigir nuestro derecho", remarca la presidenta de la OPIM.

Los indígenas miran desconfiados, pero llenos de dignidad. Las disculpas que viene a ofrecer el gobierno son un triunfo para ellos.

"La grandeza de nuestro pueblo no pueden acabarla con violaciones, asesinatos, encarcelamientos y represión. Nuestro país debe cambiar, lo merece. Hemos aportado un poco para este cambio, ahora el pueblo tiene la palabra y el gobierno debe respetar y apoyar su decisión", indica Obtulia.

 
 
 
Reparación

En su sentencia sobre el caso Inés Fernández, la Corte Interamericana ordenó al Estado mexicano:

· Conducir en el fuero ordinario, eficazmente y dentro de un plazo razonable, la investigación y, en su caso, el proceso penal por violación sexual.

· Investigar conducta de agente del Ministerio Público que se negó a aceptar la denuncia.

· Adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia.

· Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.

· Cubrir una indemnización.

· Crear un centro comunitario para las mujeres indígenas en Ayutla.


Daniela Rea enviada, Reforma 7 de marzo.