Zonas de inseguridad, obstáculo para el proceso electoral: Valdés

El presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés, advirtió a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) que la existencia de zonas de inseguridad, así como vacíos legales, constituyen los dos principales obstáculos del proceso electoral.

Al participar en la presentación del programa de trabajo 2012 de la Fepade, Valdés Zurita señaló que se necesita seguridad para los ciudadanos que organizan los comicios ya que,paralelamente al desarrollo de sistemas de partidos, han surgido factores que amenazan al pacto social. Agregó que la existencia de zonas en condiciones de inseguridad lesiona la convivencia social y eventualmente podría inhibir el desarrollo de la vida democrática.

Por ello considero que el clima de inseguridad y los vacíos legales constituyen los dos principales obstáculos del proceso electoral (...) Necesitamos que las y los candidatos puedan exponer sus propuestas libremente a todo lo largo y ancho del país; también es necesario que funcionarios, gobernantes, candidatos y simpatizantes no busquen imperfecciones en el marco jurídico para intentar interferir en las preferencias de los votantes.

Durante su discurso, la titular de la Fepade, Imelda Calvillo, dijo que la institución que encabeza perseguirá todas aquellas conductas donde exista conectividad con ilícitos en materia electoral, y para ello se ha capacitado a 29 mil 69 personas en línea y 33 mil 395 de forma presencial en 25 entidades federativas, además de 349 agentes del Ministerio Público Federal.

Asimismo, apuntó que en las averiguaciones previas iniciadas se agotarán de manera exhaustiva todas las líneas de investigación a través de un enfoque integral, y dijo que de enero a la fecha se han iniciado 627 averiguaciones, lo que representa un incremento de 58 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.

De ellas, abundó, se han resuelto 339 indagatorias: 187 por ejercicio de la acción penal y 152 por otros rubros, lo que representa 23 por ciento adicional con respecto a las 275 registradas en 2011.

Gustavo Castillo García, La Jornada, 30 de marzo.