riesgospara derechos humanos de los usuarios.
acciones eficacespara evitar infracciones a los
derechos de propiedad intelectualen el
ámbito digital. Uno de los problemas de este apartado –apunta el documento de la Amipci– es que no especifica
qué se entenderá por ámbito digital: ¿las redes públicas, privadas, los equipos de cómputo, los sistemas y/o aplicaciones, si lo constituyen las redes celulares, satelitales y/o telefónicas”.
posible infracción en la redy, por tanto, el usuario quedar también convertido en infractor:
Para evitar caer en esa situación, estaría obligado a auditar y revisar los contenidos de los usuarios, lo cual se encuentra expresamente prohibido en el artículo 16 constitucional.
responsabilidades civiles y penales.
medidas eficaces expeditas, término que no define ni señala el alcance ni aporta ejemplos. De nueva cuenta
la ambigüedad y la falta de especificación de este artículo del ACTA, atenta contra la certeza jurídica de los compromisos a adquirir y los riesgos de su interpretación.
no se considera necesaria la aceptación de este artículo del tratado que abriría la puerta al compromiso de posibles nuevas medidas precautorias que violenten las garantías del debido proceso, por ejemplo: la inmediata baja de contenidos, la restricción del acceso a redes u otros, que además no contemplen protecciones para terceros (ISP y ciudadanos) que resulten afectados por procesos sin fundamento. Además de los puntos del ACTA, cuyo contenido explícito afecta derechos de usuarios y proveedores de Internet, la Amipci señala ambigüedad e imprecisiones en la redacción, lo cual se presta a interpretaciones que vulneran la certidumbre jurídica de los eventuales infractores.
con una redacción de posibilidadexige a los estados firmantes a adoptar una regulación en la cual se obligue a los prestadores de servicios a proporcionar a los titulares de derecho de la propiedad intelectual que así lo reclamen, información que permita identificar a usuarios o suscriptores presuntamente infractores.
es totalmente contrario tanto a nuestra Constitución como a las leyes que se desprenden de ella.
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