Al sector indígena, $73 mil millones

La Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 73 mil millones de pesos para este sector de la población, que se destinarían a tres rubros: garantizar defensa jurídica para 8 mil indígenas privados de su libertad –de forma irregular–, impulsar el desarrollo económico y fortalecer la educación de las comunidades originarias.
El grupo de trabajo expuso que la Procuraduría General de la República (PGR) ha detectado que hay 8 mil indígenas encarcelados, la mayoría de ellos por delitos menores, y otros que no cuentan con el debido proceso penal.
El acuerdo entre los legisladores se fundamentó en que una porción considerable de los recursos solicitados a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública serían utilizados para pagar fianzas de indígenas que están por salir de la cárcel y no cuentan con recursos.
Este presupuesto (del cual no se especificó el monto) permitiría a los gobiernos de los estados establecer convenios con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) para impulsar un programa que resuelva el pago de las fianzas de esos presos.
De los 73 mil millones de pesos requeridos, 12 mil 500 millones se destinarían a la CDI. Tampoco se especificó cuál sería la cantidad asignada para la reconstrucción de carreteras en las comunidades originarias.
En el caso del desarrollo económico de los pueblos indígenas, la propuesta de la comisión legislativa incluye un nuevo concepto, el de fondo de garantías, con propósito de que la banca de desarrollo garantice créditos a los proyectos de inversión de este sector.
Por lo que toca al rubro educativo, parte de la bolsa de 73 mil millones de pesos se utilizaría en financiar las 13 universidades interculturales que existen en el país y que atienden a 16 mil jóvenes indígenas de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Nayarit y Sonora.
Según las estadísticas con que cuentan los legisladores, a la fecha los pueblos indígenas tienen en total aproximadamente 15 millones 700 mil habitantes, y constituyen 14 por ciento de la población del país.

Roberto Garduño, La Jornada, 2 de noviembre.