Bogotá, 13 de mayo. El gobierno colombiano extraditó esta madrugada a 14 jefes paramilitares de ultraderecha a Estados Unidos por narcotráfico, tras acusarlos de haber incumplido los acuerdos que habían firmado para desmovilizar a más de 30 mil de sus combatientes después de una negociación de tres años.
El presidente Álvaro Uribe justificó su decisión de extraditar a los más importantes jefes de los escuadrones por persistir en el delito, y afirmó que la reparación de los daños a las víctimas de esas fuerzas se llevará a cabo desde el país del norte, por lo que dio garantías de que así será y se “contribuirá a la verdad sin deformaciones”.
“Unos habían reincidido en el delito, otros no cooperaban debidamente con la justicia y todos incumplían con la reparación a las víctimas al ocultar bienes o demorar su entrega”, aseguró el mandatario durante un discurso emitido por radio y televisión.
Entre los extraditados están Salvatore Mancuso, que fue vocero de los paramilitares; Rodrigo Tovar Pupo (alias Jorge 40), uno de los más sanguinarios líderes de la ultraderecha; y Diego Fernando Murillo (Don Berna), un antiguo lugarteniente del abatido capo del narcotráfico Pablo Escobar que en los años 90 se sumó a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Las AUC son responsables de al menos 9 mil asesinatos, en su mayoría de civiles, incluidos dirigentes de izquierda, sindicalistas y campesinos que vivían en zonas de influencia de las guerrillas izquierdistas, contra las cuales habían lanzado una guerra a muerte.
La oposición colombiana acusó al gobierno de emprender la extradición para torpedear las investigaciones que realiza la Corte Suprema de Justicia sobre los vínculos entre los paramilitares y políticos cercanos al oficialismo, de acuerdo con Rafael Pardo, ex aspirante presidencial del opositor Partido Liberal, y el líder de una fundación de las víctimas, Iván Cepeda.
Unos 63 congresistas, casi en su totalidad de la coalición de gobierno, son investigados por vínculos con los grupos paramilitares. De esa cifra, 32 legisladores se encuentran detenidos, entre ellos el senador Mario Uribe, primo del mandatario.
Estados Unidos justificó las extradiciones por la “fuerte relación que existe” entre los dos países y el compromiso colombiano con “el proceso de justicia y paz”. La Casa Blanca admitió que además se busca convencer a la oposición demócrata para que vote por la ratificación del Tratado de Libre Comercio bilateral.
En tanto, la Organización de Estados Americanos reiteró que hay inconsistencias entre las “exageraciones” del gobierno de Colombia y el contenido de los documentos supuestamente hallados en una computadora del abatido líder guerrillero Raúl Reyes, luego del anuncio de Bogotá de que el informe sobre el análisis respectivo será divulgado por la Interpol este jueves.
El presidente Álvaro Uribe justificó su decisión de extraditar a los más importantes jefes de los escuadrones por persistir en el delito, y afirmó que la reparación de los daños a las víctimas de esas fuerzas se llevará a cabo desde el país del norte, por lo que dio garantías de que así será y se “contribuirá a la verdad sin deformaciones”.
“Unos habían reincidido en el delito, otros no cooperaban debidamente con la justicia y todos incumplían con la reparación a las víctimas al ocultar bienes o demorar su entrega”, aseguró el mandatario durante un discurso emitido por radio y televisión.
Entre los extraditados están Salvatore Mancuso, que fue vocero de los paramilitares; Rodrigo Tovar Pupo (alias Jorge 40), uno de los más sanguinarios líderes de la ultraderecha; y Diego Fernando Murillo (Don Berna), un antiguo lugarteniente del abatido capo del narcotráfico Pablo Escobar que en los años 90 se sumó a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Las AUC son responsables de al menos 9 mil asesinatos, en su mayoría de civiles, incluidos dirigentes de izquierda, sindicalistas y campesinos que vivían en zonas de influencia de las guerrillas izquierdistas, contra las cuales habían lanzado una guerra a muerte.
La oposición colombiana acusó al gobierno de emprender la extradición para torpedear las investigaciones que realiza la Corte Suprema de Justicia sobre los vínculos entre los paramilitares y políticos cercanos al oficialismo, de acuerdo con Rafael Pardo, ex aspirante presidencial del opositor Partido Liberal, y el líder de una fundación de las víctimas, Iván Cepeda.
Unos 63 congresistas, casi en su totalidad de la coalición de gobierno, son investigados por vínculos con los grupos paramilitares. De esa cifra, 32 legisladores se encuentran detenidos, entre ellos el senador Mario Uribe, primo del mandatario.
Estados Unidos justificó las extradiciones por la “fuerte relación que existe” entre los dos países y el compromiso colombiano con “el proceso de justicia y paz”. La Casa Blanca admitió que además se busca convencer a la oposición demócrata para que vote por la ratificación del Tratado de Libre Comercio bilateral.
En tanto, la Organización de Estados Americanos reiteró que hay inconsistencias entre las “exageraciones” del gobierno de Colombia y el contenido de los documentos supuestamente hallados en una computadora del abatido líder guerrillero Raúl Reyes, luego del anuncio de Bogotá de que el informe sobre el análisis respectivo será divulgado por la Interpol este jueves.
Nota de AFP, DPA y Reuters, La Jornada, 14 de mayo.
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