Bogotá, 28 de mayo. La Casa de Nariño (sede del gobierno) guardó hoy absoluto silencio ante el anuncio de que el presidente Álvaro Uribe será investigado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara por el delito de cohecho.
La decisión de la Comisión de Acusaciones, encargada por la Constitución de investigar y juzgar al primer mandatario, se produjo luego de una denuncia formulada por 10 legisladores del Polo Democrático, coalición política de izquierda cuyo candidato presidencial, Carlos Gaviria, obtuvo la segunda votación en las elecciones en que fue relegido el presidente Uribe en 2006.
“La comisión encontró méritos suficientes para abrir una investigación preliminar en contra del jefe del Estado”, dijo Jaime Durán, unos de los miembros de la célula legislativa.
De acuerdo con la denuncia del Polo Democrático, Uribe es responsable del delito de cohecho al haber incidido directamente en la decisión de una legisladora que votó en favor de una reforma constitucional que aprobó la relección presidencial.
Los denunciantes basaron su acusación en el testimonio de Yidis Medina, quien confesó ante la Corte Suprema de Justicia que, en su condición de legisladora, había recibido prebendas gubernamentales a cambio de votar afirmativamente por la reforma que permitía la relección presidencial. El voto de Medina fue definitivo para inclinar la balanza en favor del proyecto de reforma constitucional.
En su declaración ante la corte, así como en una entrevista de televisión hace un mes, Medina dijo que altos funcionarios le ofrecieron jugosas tajadas burocráticas en la región del Magdalena Medio. “Una noche, en la Casa de Nariño, se apareció el presidente Uribe, me llamó aparte y me dijo que él mismo me garantizaba que todo lo que me habían ofrecido se cumpliría. Me dijo que mi voto era fundamental para salvar a la patria”, relató Medina.
La legisladora, que se encuentra en prisión a la espera de un fallo de la corte que la juzga por cohecho, señaló al ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt, al de Salud, Diego Palacio, y al secretario de la Presidencia, Alberto Velásquez, como los que le ofrecieron prebendas a cambio de su voto favorable a la relección.
Los investigadores del máximo tribunal del país ya comprobaron que parte de los ofrecimientos del gobierno fueron cumplidos, aunque por periodos muy cortos, lo cual desató la ira de la congresista y su posterior decisión de revelar lo sucedido.
Asimismo, Yidis Medina delató al legislador Teodolindo Avendaño, cuyo voto también era crucial, a quien –dijo– le dieron una gruesa suma de dinero, lo que ya fue constatado por la corte con pruebas documentales y testimoniales.
Todo el expediente elaborado por la Corte Suprema fue remitido a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que citó a declarar a los demandantes y al presidente Uribe para la próxima semana.
Según la mayoría de analistas, de presentarse una condena contra Medina y Avendaño, lo cual es muy probable puesto que la primera ya reconoció su culpabilidad en el delito de cohecho, la comisión se verá en graves aprietos pues para que exista el cohecho necesariamente tiene que haber una persona que recibe dádivas y otra (u otras) que las ofrecen.
“La existencia del cohecho está demostrada, el asunto ahora es cómo demostrar que las personas que dice Yidis Medina fueron las responsables del delito”, dijo a La Jornada el abogado Miguel Gonzalez. Según González, será la palabra de Medina contra la del presidente y los ministros.
La Comisión de Acusaciones de la Cámara decidió nombrar un “triunvirato” para que investigue el caso. Según los analistas, será muy poco probable que este ente vaya hasta el final, debido a su composición política abrumadoramente favorable al gobierno.
Los demás funcionarios del alto gobierno implicados en el denominado “Yidisgate” serán investigados por la Fiscalía General, cuyo titular, Mario Iguarán, fue viceministro de Justicia del actual gobierno y subalterno de Pretelt.
Con este telón de fondo, el panorama político tuvo otro fuerte sacudón luego de la captura del general retirado Iván Ramírez, acusado de la desaparición de decenas de personas tras la toma del Palacio de Justicia por parte de un comando de guerrilleros del M-19, en noviembre de 1985.
La fiscalía ordenó la detención del alto oficial y se produjo a raíz del testimonio de uno de sus subalternos, quien relató que Ramírez, entonces coronel, ordenó la tortura y posterior desaparición de la guerrillera Irma Franco, así como de varios empleados de la cafetería que salieron con vida del céntrico edificio judicial.
Cuando se desempeñaba como comandante de las brigadas de las norteñas ciudades de Barranquilla y Santa Marta, Ramírez fue acusado por organizaciones populares y sindicales de graves violaciones a los derechos humanos. Sus presuntos vínculos con paramilitares pusieron a Ramírez en varias ocasiones en el ojo del huracán, hasta el punto de que Estados Unidos le canceló la visa al oficial.
Tras más de 20 años de los trágicos sucesos del Palacio de Justicia, en que murió la mayoría de los jueces de la Corte Suprema, las investigaciones parecen cobrar nuevos bríos, con lo cual ya son tres los altos oficiales que están en prisión a la espera de ser juzgados.
La decisión de la Comisión de Acusaciones, encargada por la Constitución de investigar y juzgar al primer mandatario, se produjo luego de una denuncia formulada por 10 legisladores del Polo Democrático, coalición política de izquierda cuyo candidato presidencial, Carlos Gaviria, obtuvo la segunda votación en las elecciones en que fue relegido el presidente Uribe en 2006.
“La comisión encontró méritos suficientes para abrir una investigación preliminar en contra del jefe del Estado”, dijo Jaime Durán, unos de los miembros de la célula legislativa.
De acuerdo con la denuncia del Polo Democrático, Uribe es responsable del delito de cohecho al haber incidido directamente en la decisión de una legisladora que votó en favor de una reforma constitucional que aprobó la relección presidencial.
Los denunciantes basaron su acusación en el testimonio de Yidis Medina, quien confesó ante la Corte Suprema de Justicia que, en su condición de legisladora, había recibido prebendas gubernamentales a cambio de votar afirmativamente por la reforma que permitía la relección presidencial. El voto de Medina fue definitivo para inclinar la balanza en favor del proyecto de reforma constitucional.
En su declaración ante la corte, así como en una entrevista de televisión hace un mes, Medina dijo que altos funcionarios le ofrecieron jugosas tajadas burocráticas en la región del Magdalena Medio. “Una noche, en la Casa de Nariño, se apareció el presidente Uribe, me llamó aparte y me dijo que él mismo me garantizaba que todo lo que me habían ofrecido se cumpliría. Me dijo que mi voto era fundamental para salvar a la patria”, relató Medina.
La legisladora, que se encuentra en prisión a la espera de un fallo de la corte que la juzga por cohecho, señaló al ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt, al de Salud, Diego Palacio, y al secretario de la Presidencia, Alberto Velásquez, como los que le ofrecieron prebendas a cambio de su voto favorable a la relección.
Los investigadores del máximo tribunal del país ya comprobaron que parte de los ofrecimientos del gobierno fueron cumplidos, aunque por periodos muy cortos, lo cual desató la ira de la congresista y su posterior decisión de revelar lo sucedido.
Asimismo, Yidis Medina delató al legislador Teodolindo Avendaño, cuyo voto también era crucial, a quien –dijo– le dieron una gruesa suma de dinero, lo que ya fue constatado por la corte con pruebas documentales y testimoniales.
Todo el expediente elaborado por la Corte Suprema fue remitido a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que citó a declarar a los demandantes y al presidente Uribe para la próxima semana.
Según la mayoría de analistas, de presentarse una condena contra Medina y Avendaño, lo cual es muy probable puesto que la primera ya reconoció su culpabilidad en el delito de cohecho, la comisión se verá en graves aprietos pues para que exista el cohecho necesariamente tiene que haber una persona que recibe dádivas y otra (u otras) que las ofrecen.
“La existencia del cohecho está demostrada, el asunto ahora es cómo demostrar que las personas que dice Yidis Medina fueron las responsables del delito”, dijo a La Jornada el abogado Miguel Gonzalez. Según González, será la palabra de Medina contra la del presidente y los ministros.
La Comisión de Acusaciones de la Cámara decidió nombrar un “triunvirato” para que investigue el caso. Según los analistas, será muy poco probable que este ente vaya hasta el final, debido a su composición política abrumadoramente favorable al gobierno.
Los demás funcionarios del alto gobierno implicados en el denominado “Yidisgate” serán investigados por la Fiscalía General, cuyo titular, Mario Iguarán, fue viceministro de Justicia del actual gobierno y subalterno de Pretelt.
Con este telón de fondo, el panorama político tuvo otro fuerte sacudón luego de la captura del general retirado Iván Ramírez, acusado de la desaparición de decenas de personas tras la toma del Palacio de Justicia por parte de un comando de guerrilleros del M-19, en noviembre de 1985.
La fiscalía ordenó la detención del alto oficial y se produjo a raíz del testimonio de uno de sus subalternos, quien relató que Ramírez, entonces coronel, ordenó la tortura y posterior desaparición de la guerrillera Irma Franco, así como de varios empleados de la cafetería que salieron con vida del céntrico edificio judicial.
Cuando se desempeñaba como comandante de las brigadas de las norteñas ciudades de Barranquilla y Santa Marta, Ramírez fue acusado por organizaciones populares y sindicales de graves violaciones a los derechos humanos. Sus presuntos vínculos con paramilitares pusieron a Ramírez en varias ocasiones en el ojo del huracán, hasta el punto de que Estados Unidos le canceló la visa al oficial.
Tras más de 20 años de los trágicos sucesos del Palacio de Justicia, en que murió la mayoría de los jueces de la Corte Suprema, las investigaciones parecen cobrar nuevos bríos, con lo cual ya son tres los altos oficiales que están en prisión a la espera de ser juzgados.
Jorge Enrique Botero, corresponsal, La Jornada, 29 de mayo.
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