El PRI llevó ayer a la tribuna de la Comisión Permanente una demanda al presidente Felipe Calderón: que modifique la estrategia para el combate al crimen organizado, ya que “son muchos los puntos visibles de debilidad de la estrategia”. Resaltó que en lo que va del sexenio han sido asesinadas 3 mil 600 personas por ajustes entre bandas.
De esa cifra, más de mil ejecuciones han ocurrido en lo que va del año, “ocho por día, un cadáver cada tres horas”, sostuvo el diputado priísta Jesús Ramírez Stabros, al presentar el punto de acuerdo.
Ciudades desoladas
El legislador señaló que el clima de inseguridad “es insostenible” en varios estados, y para corroborarlo bastaría con observar las imágenes difundidas el domingo pasado en los medios de comunicación, en las cuales se observó la desolación en ciudades de Sinaloa, donde la escalada de violencia retuvo a las familias en sus casas incluso en el Día de las Madres.
Ramírez Strabros sostuvo que nunca como ahora el Estado, al cual los teóricos clásicos le reconocieron la posesión del uso legítimo de la fuerza, ha sido retado frontalmente por algún grupo como está ocurriendo en el país, y consideró que ello es alarmante, en virtud de que la más ilegítima de las organizaciones, la de la delincuencia, ha podido modificar la estructura de las dependencias de seguridad pública.
Refirió que la ola de ejecuciones de la última semana enciende una alerta roja, ya que alcanzó la cifra de 108, 74 de ellas en Sinaloa, Guerrero y Chihuahua.
Como efecto de la violencia, abundó, en entidades antes totalmente seguras, como Aguascalientes y San Luis Potosí, ya hay denuncias públicas sobre la presencia de Los Zetas, sicarios de los narcotraficantes, que ha llevado a varios investigadores a alertar sobre el mal llamado fenómeno de la colombianización, recordando los cruentos enfrentamientos entre los cárteles de Medellín y de Cali, que arrojaban decenas de muertos a plena luz del día.
Ramírez Stabros subrayó que en lo que va del año han ocurrido más de mil homicidios atribuibles a las mafias, “y uno de cada diez ejecutados es policía, por lo que han muerto en estas circunstancias 108 agentes federales, estatales y municipales, además de doce soldados”.
Ante esta cifra, “son varios los frentes que obligan a repensar la estrategia seguida en el combate a la violencia, que pasa desde las acciones que se han tomado en el sistema carcelario –que muchas veces parece la base operativa de los jefes de los cárteles–, la necesidad de diagnosticar la situación real de las policías y de los ministerios públicos, la coordinación para evitar el llamado efecto cucaracha, por lo cual entidades que no tienen corporaciones idóneas y que tenían una tasa de baja criminalidad, la ven crecer aceleradamente, como lo han denunciado los gobernadores de Tlaxcala e Hidalgo, entre otros”.
El punto de acuerdo propuesto por el PRI señala que ante la violencia que vive el país se solicita al Poder Ejecutivo federal que, por conducto de las instituciones que conforman el gabinete de seguridad pública, evalúe la estrategia seguida, atienda las observaciones planteadas por el Legislativo y tome las decisiones necesarias para reducirla de la manera más urgente.
En entrevista, el coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, aseveró que “el Congreso ha cumplido con su obligación de dotar al Ejecutivo de los instrumentos que pidió para combatir al crimen organizado. Ahora le toca a éste dar resultados. No puede a cada rato estar diciendo el Presidente: ‘necesito ayuda del Congreso’, porque éste ya aprobó la reforma que propuso. Lo que se requiere ahora es que utilice esos instrumentos legales que le dio el Legislativo, que eleve su capacidad y que dé mejores resultados, que cuide a sus combatientes, a los mandos policiacos, que eleve su capacidad de inteligencia y cuide al Ejército”.
En tanto, el coordinador de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, también en entrevista dijo que en el tema de seguridad pública “no hay mexicano que no esté preocupado por los acontecimientos en el país. Esta es la hora para no regatearle al gobierno federal y al Presidente de la República ningún apoyo en la tarea que está llevando a cabo, a fin de que presente mejores resultados en el combate al crimen organizado y al narcotráfico, que –ya no es novedoso– está retando de manera frontal al Estado”.
De igual forma, el presidente del Senado, el panista Santiago Creel, dijo que ante la ola de violencia “hay un compromiso serio, a fondo, y debemos buscar el apoyo de toda la sociedad y de todos los grupos políticos, porque es una batalla que debe beneficiar a todos en la medida que vayamos avanzando en ella”.
De esa cifra, más de mil ejecuciones han ocurrido en lo que va del año, “ocho por día, un cadáver cada tres horas”, sostuvo el diputado priísta Jesús Ramírez Stabros, al presentar el punto de acuerdo.
Ciudades desoladas
El legislador señaló que el clima de inseguridad “es insostenible” en varios estados, y para corroborarlo bastaría con observar las imágenes difundidas el domingo pasado en los medios de comunicación, en las cuales se observó la desolación en ciudades de Sinaloa, donde la escalada de violencia retuvo a las familias en sus casas incluso en el Día de las Madres.
Ramírez Strabros sostuvo que nunca como ahora el Estado, al cual los teóricos clásicos le reconocieron la posesión del uso legítimo de la fuerza, ha sido retado frontalmente por algún grupo como está ocurriendo en el país, y consideró que ello es alarmante, en virtud de que la más ilegítima de las organizaciones, la de la delincuencia, ha podido modificar la estructura de las dependencias de seguridad pública.
Refirió que la ola de ejecuciones de la última semana enciende una alerta roja, ya que alcanzó la cifra de 108, 74 de ellas en Sinaloa, Guerrero y Chihuahua.
Como efecto de la violencia, abundó, en entidades antes totalmente seguras, como Aguascalientes y San Luis Potosí, ya hay denuncias públicas sobre la presencia de Los Zetas, sicarios de los narcotraficantes, que ha llevado a varios investigadores a alertar sobre el mal llamado fenómeno de la colombianización, recordando los cruentos enfrentamientos entre los cárteles de Medellín y de Cali, que arrojaban decenas de muertos a plena luz del día.
Ramírez Stabros subrayó que en lo que va del año han ocurrido más de mil homicidios atribuibles a las mafias, “y uno de cada diez ejecutados es policía, por lo que han muerto en estas circunstancias 108 agentes federales, estatales y municipales, además de doce soldados”.
Ante esta cifra, “son varios los frentes que obligan a repensar la estrategia seguida en el combate a la violencia, que pasa desde las acciones que se han tomado en el sistema carcelario –que muchas veces parece la base operativa de los jefes de los cárteles–, la necesidad de diagnosticar la situación real de las policías y de los ministerios públicos, la coordinación para evitar el llamado efecto cucaracha, por lo cual entidades que no tienen corporaciones idóneas y que tenían una tasa de baja criminalidad, la ven crecer aceleradamente, como lo han denunciado los gobernadores de Tlaxcala e Hidalgo, entre otros”.
El punto de acuerdo propuesto por el PRI señala que ante la violencia que vive el país se solicita al Poder Ejecutivo federal que, por conducto de las instituciones que conforman el gabinete de seguridad pública, evalúe la estrategia seguida, atienda las observaciones planteadas por el Legislativo y tome las decisiones necesarias para reducirla de la manera más urgente.
En entrevista, el coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, aseveró que “el Congreso ha cumplido con su obligación de dotar al Ejecutivo de los instrumentos que pidió para combatir al crimen organizado. Ahora le toca a éste dar resultados. No puede a cada rato estar diciendo el Presidente: ‘necesito ayuda del Congreso’, porque éste ya aprobó la reforma que propuso. Lo que se requiere ahora es que utilice esos instrumentos legales que le dio el Legislativo, que eleve su capacidad y que dé mejores resultados, que cuide a sus combatientes, a los mandos policiacos, que eleve su capacidad de inteligencia y cuide al Ejército”.
En tanto, el coordinador de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, también en entrevista dijo que en el tema de seguridad pública “no hay mexicano que no esté preocupado por los acontecimientos en el país. Esta es la hora para no regatearle al gobierno federal y al Presidente de la República ningún apoyo en la tarea que está llevando a cabo, a fin de que presente mejores resultados en el combate al crimen organizado y al narcotráfico, que –ya no es novedoso– está retando de manera frontal al Estado”.
De igual forma, el presidente del Senado, el panista Santiago Creel, dijo que ante la ola de violencia “hay un compromiso serio, a fondo, y debemos buscar el apoyo de toda la sociedad y de todos los grupos políticos, porque es una batalla que debe beneficiar a todos en la medida que vayamos avanzando en ella”.
Nota de Víctor Ballinas y Andrea Becerril, La Jornada, 15 de mayo.
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