La organización civil Sin Fronteras aplaudió que el Congreso haya eliminado la pena carcelaria para los migrantes indocumentados que transiten por el país, pero cuestionó que entrar a México sin papeles siga siendo sancionado administrativamente.
Karina Arias, vocera del organismo, advirtió que las multas que se cobrarán a los extranjeros indocumentados pueden ser también motivo de extorsión.
"La parte benéfica de la aprobación de esta minuta es que quita todas las sanciones carcelarias, porque finalmente muchas de las extorsiones que los migrantes reportaban en el tránsito se debían a la amenaza de la pena carcelaria", apuntó.
"Lo que nos preocupa es que el espíritu de la ley no cambia, porque sigue sancionando a la migración indocumentada. Si bien no la asemeja a una pena del orden penal que amerite cárcel, sí sigue sancionando a la migración indocumentada".
Cuestionó también que las modificaciones a la Ley General de Población aprobadas dejen a criterio de la autoridad qué multa aplica al extranjero que se interne de manera indocumentada al país, ya que sólo señala que la multa será de 20 a 100 días de salario mínimo.
"No se quita ese carácter discrecional en la ley", expresó Arias.
Asimismo, la abogada manifestó la preocupación del organismo por el hecho de que el artículo 118 de la Ley aplique el Código Penal, multa económica y expulsión del país al extranjero que haga uso de un documento falso o alterado o que proporcione datos falsos en la interrogación por la autoridad.
"Nos preocupa sobre todo la situación de los refugiados y los solicitantes de asilo, donde muchos mienten cuando se hace un interrogatorio o traen algún documento falso o alterado cuando vienen en el tránsito justo por la necesidad de salir de su país de alguna forma", explicó.
De hecho, afirmó Arias, la mayoría de los migrantes indocumentados pudieran estar en la situación de quedar penalizados por esta causa, tanto aquellos que están ilegalmente en México después de haber entrado de manera legal, como quienes realicen actividades para las cuales no estén autorizados.
Karina Arias, vocera del organismo, advirtió que las multas que se cobrarán a los extranjeros indocumentados pueden ser también motivo de extorsión.
"La parte benéfica de la aprobación de esta minuta es que quita todas las sanciones carcelarias, porque finalmente muchas de las extorsiones que los migrantes reportaban en el tránsito se debían a la amenaza de la pena carcelaria", apuntó.
"Lo que nos preocupa es que el espíritu de la ley no cambia, porque sigue sancionando a la migración indocumentada. Si bien no la asemeja a una pena del orden penal que amerite cárcel, sí sigue sancionando a la migración indocumentada".
Cuestionó también que las modificaciones a la Ley General de Población aprobadas dejen a criterio de la autoridad qué multa aplica al extranjero que se interne de manera indocumentada al país, ya que sólo señala que la multa será de 20 a 100 días de salario mínimo.
"No se quita ese carácter discrecional en la ley", expresó Arias.
Asimismo, la abogada manifestó la preocupación del organismo por el hecho de que el artículo 118 de la Ley aplique el Código Penal, multa económica y expulsión del país al extranjero que haga uso de un documento falso o alterado o que proporcione datos falsos en la interrogación por la autoridad.
"Nos preocupa sobre todo la situación de los refugiados y los solicitantes de asilo, donde muchos mienten cuando se hace un interrogatorio o traen algún documento falso o alterado cuando vienen en el tránsito justo por la necesidad de salir de su país de alguna forma", explicó.
De hecho, afirmó Arias, la mayoría de los migrantes indocumentados pudieran estar en la situación de quedar penalizados por esta causa, tanto aquellos que están ilegalmente en México después de haber entrado de manera legal, como quienes realicen actividades para las cuales no estén autorizados.
Nota de Silvia Garduño, Reforma, 1º de abril.
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