El objetivo de los grupos defensores de derechos humanos “es presentar insumos para el diálogo entre los estados, que permitan incidir en el debate del Estado mexicano sobre sus pendientes en la materia”.
Representantes de los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez, de la Montaña Tlachinollan, la Red Todos los Derechos para Todos y la Academia Mexicana de Derechos Humanos, entre otros, elaboraron los informes en los que se abordan cuatro temas: problemática general de las garantías fundamentales; derechos económicos, sociales y culturales; los pendientes en materia de medio ambiente, y la criminalización de la protesta social y la militarización del país.
Con estos documentos, activistas de estas organizaciones civiles se presentaron ante el organismo de la ONU para hacer hincapié en las fallas que aún se presentan en materia de derechos humanos en México.
Expusieron que existen muchos pendientes y un precario desarrollo en el modelo de impartición de justicia; que en México se presenta una criminalización de la protesta social, “como constante forma de vulnerar la participación y manifestación” de la ciudadanía; que no se ha cumplido con la obligación del Estado de armonizar la legislación interna con la internacional, con el propósito de cumplir con los acuerdos externos firmados por el gobierno mexicano.
Uno de los puntos al que los activistas dieron mayor énfasis ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU fue la impunidad en la que permanecen los delitos en el país, en particular las violaciones a las garantías fundamentales por parte de funcionarios públicos y elementos castrenses, con lo que se niega a las víctimas el acceso a la justicia.
Asimismo, agregaron que el modelo de desarrollo económico que actualmente se aplica en México ha generado en el país una polarización económica.
“Estos informes ponen en el centro del debate actual a los derechos humanos y sus pendientes, que demuestran claramente la deficiente consolidación del modelo democrático en México, así como la política esquizofrénica del gobierno mexicano, que hace incoherentes sus políticas exteriores e interiores en esa materia”, expusieron.
Con la presentación de estos análisis de las organizaciones civiles mexicanas en el seno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas arrancó un proceso que continuará hasta junio del próximo año, cuando ese organismo internacional realice recomendaciones al Estado mexicano en torno a la situación de estas garantías en el país, y éste a su vez tendrá que comprometerse a dar respuesta a las mismas, de acuerdo con lo establecido en el Examen Periódico Universal, pacto que están obligadas a cumplir todas las naciones que lo han ratificado.
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