El robo de señal de televisión restringida es propiciado por los empleados de las empresas que brindan el servicio, y generalmente este ilícito queda impune, afirmaron agentes judiciales, diputados y usuarios.
Un ejemplo es el caso de Marco, quien goza de un servicio completo de televisión privada de Sky, al precio de uno básico.
Cuando el técnico llegó a su casa, el joven pidió que le instalaran un paquete básico de 202 canales, pero el trabajador le ofreció, a cambio de una cantidad extra, colocarle el de 719 canales.
Ahora Marco paga 415 pesos mensuales, pero disfruta de las bondades de un servicio de 719 pesos.
"Los técnicos al interior de las compañías son los que te venden los equipos ya programados para captar la señal sin problema, además las empresas no denuncian", dijo un comandante de la Policía Judicial.
Según el Código Penal federal, se castiga el uso o aprovechamiento de energía eléctrica, magnética, de cualquier fluido o de cualquier medio de transmisión sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda disponer de estos, con prisión de 2 a 10 años y una multa de hasta 500 veces el salario mínimo.
En tanto el Código local indica que a quien robe electricidad u otro fluido se le impondrá una pena que va de 6 meses a 10 años de prisión, y hasta 600 días de salario mínimo de multa.
"Aun cuando se persigue de oficio muchas veces cuando hay complicidad de los trabajadores de las compañías es muy difícil que se pueda detectar, en tanto que los ciudadanos no denuncien", dijo Agustín Castilla, integrante de la Comisión de Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa.
Los agentes judiciales señalan que rara vez los ciudadanos inician una averiguación previa de esta naturaleza.
"Aquí tratamos de aplicarnos a los delitos de alto impacto, además ¿cómo acreditamos que existe un robo de fluido?, porque una persona puede estar conectada, pero si no lo encontramos haciendo uso del servicio no podemos acusarlo.
"Carecemos de equipo necesario para determinar qué cantidad de flujo va en detrimento de las compañías, lo que deberían hacer las empresas es tener más control sobre el flujo que brindan y en la contratación de su personal ", mencionó un agente.
Por su parte el diputado panista acusó negligencia de las autoridades para perseguir este delito.
"La obligación del MP es investigar cada una de las denuncias que se presentan, pero pareciera que la ineficiencia de las autoridades se refleja en este tipo de temas cuando se les da prioridad a otro delitos que se consideran de mayor impacto", señaló Castilla.
Un ejemplo es el caso de Marco, quien goza de un servicio completo de televisión privada de Sky, al precio de uno básico.
Cuando el técnico llegó a su casa, el joven pidió que le instalaran un paquete básico de 202 canales, pero el trabajador le ofreció, a cambio de una cantidad extra, colocarle el de 719 canales.
Ahora Marco paga 415 pesos mensuales, pero disfruta de las bondades de un servicio de 719 pesos.
"Los técnicos al interior de las compañías son los que te venden los equipos ya programados para captar la señal sin problema, además las empresas no denuncian", dijo un comandante de la Policía Judicial.
Según el Código Penal federal, se castiga el uso o aprovechamiento de energía eléctrica, magnética, de cualquier fluido o de cualquier medio de transmisión sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda disponer de estos, con prisión de 2 a 10 años y una multa de hasta 500 veces el salario mínimo.
En tanto el Código local indica que a quien robe electricidad u otro fluido se le impondrá una pena que va de 6 meses a 10 años de prisión, y hasta 600 días de salario mínimo de multa.
"Aun cuando se persigue de oficio muchas veces cuando hay complicidad de los trabajadores de las compañías es muy difícil que se pueda detectar, en tanto que los ciudadanos no denuncien", dijo Agustín Castilla, integrante de la Comisión de Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa.
Los agentes judiciales señalan que rara vez los ciudadanos inician una averiguación previa de esta naturaleza.
"Aquí tratamos de aplicarnos a los delitos de alto impacto, además ¿cómo acreditamos que existe un robo de fluido?, porque una persona puede estar conectada, pero si no lo encontramos haciendo uso del servicio no podemos acusarlo.
"Carecemos de equipo necesario para determinar qué cantidad de flujo va en detrimento de las compañías, lo que deberían hacer las empresas es tener más control sobre el flujo que brindan y en la contratación de su personal ", mencionó un agente.
Por su parte el diputado panista acusó negligencia de las autoridades para perseguir este delito.
"La obligación del MP es investigar cada una de las denuncias que se presentan, pero pareciera que la ineficiencia de las autoridades se refleja en este tipo de temas cuando se les da prioridad a otro delitos que se consideran de mayor impacto", señaló Castilla.
Henia Prado, Reforma, 7 de enero.
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