Luego de la reunión con el gabinete de seguridad nacional, en el Senado se aceleraron los trabajos para dictaminar las normas pendientes en la materia, sobre todo con el fin de reglamentar la participación temporal del Ejército en tareas de combate al narcotráfico y legislar que, en caso de violaciones a los derechos humanos, los militares deberán ser juzgados por civiles.
El coordinador de la bancada panista, Gustavo Madero, dijo que “las posiciones se acercan y es muy probable que los dictámenes estén listos la próxima semana, a fin de votarlos ante el pleno. En el caso del Código de Justicia Militar, los propios integrantes del gabinete de seguridad nacional aceptaron que debe modificarse, con base en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de noviembre del año pasado”.
En un documento entregado a los legisladores el lunes pasado, los secretarios de la Defensa Nacional, Guillermo Galván; de la Marina, Francisco Saynez; de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y de Seguridad Pública, Genaro García Luna, así como el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, reconocieron que ese fallo de la CIDH “es inapelable”.
Agregaron que el gobierno mexicano ordenó el pasado 22 de enero “que cada quien” realice las acciones conducentes, en el ámbito de su competencia, para su cumplimiento.
Esa sentencia de la CIDH ordena al Estado mexicano “adoptar reformas legislativas pertinentes” para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar, en el cual se especifican los delitos contra la disciplina castrense, con el fin de que “el delito de desaparición forzada esté fuera de ese ámbito”.
El senador perredista Tomás Torres comentó que modificarán el Código de Justicia Militar a fin de que los soldados que cometan abusos contra ciudadanos sean remitidos a la justicia civil.
Igualmente, el coordinador de la bancada perredista, Carlos Navarrete, expuso que tal como discutieron con los miembros del gabinete de seguridad nacional, la ley debe señalar que el Estado mexicano “no puede hacerse a un lado de su responsabilidad frente a las bajas crecientes de civiles durante los operativos contra el crimen organizado.
“Hay que garantizar la reparación del daño y también fincar responsabilidades cuando se deriven de errores garrafales cometidos por quienes están en los retenes de todo el país. La pérdida de vidas de civiles no puede quedar como incidentes menores.”
Por lo que toca al dictamen de la ley de seguridad nacional, el anteproyecto de dictamen elaborado por el priísta Jesús Murillo Karam sigue analizándose.
Ayer el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el panista Felipe González, pretendió que se discutiera otro anteproyecto, pero el priiísta Francisco Labastida Ochoa se opuso y señaló que los trabajos deben ser en comisiones unidas.
La realidad es que la negociación se da en torno al proyecto de Murillo Karam, al que senadores perredistas han formulado varias observaciones, entre ellas que “la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos no puede ser justificante para que el Ejército esté permanentemente en la calle”.
El coordinador de la bancada panista, Gustavo Madero, dijo que “las posiciones se acercan y es muy probable que los dictámenes estén listos la próxima semana, a fin de votarlos ante el pleno. En el caso del Código de Justicia Militar, los propios integrantes del gabinete de seguridad nacional aceptaron que debe modificarse, con base en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de noviembre del año pasado”.
En un documento entregado a los legisladores el lunes pasado, los secretarios de la Defensa Nacional, Guillermo Galván; de la Marina, Francisco Saynez; de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y de Seguridad Pública, Genaro García Luna, así como el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, reconocieron que ese fallo de la CIDH “es inapelable”.
Agregaron que el gobierno mexicano ordenó el pasado 22 de enero “que cada quien” realice las acciones conducentes, en el ámbito de su competencia, para su cumplimiento.
Esa sentencia de la CIDH ordena al Estado mexicano “adoptar reformas legislativas pertinentes” para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar, en el cual se especifican los delitos contra la disciplina castrense, con el fin de que “el delito de desaparición forzada esté fuera de ese ámbito”.
El senador perredista Tomás Torres comentó que modificarán el Código de Justicia Militar a fin de que los soldados que cometan abusos contra ciudadanos sean remitidos a la justicia civil.
Igualmente, el coordinador de la bancada perredista, Carlos Navarrete, expuso que tal como discutieron con los miembros del gabinete de seguridad nacional, la ley debe señalar que el Estado mexicano “no puede hacerse a un lado de su responsabilidad frente a las bajas crecientes de civiles durante los operativos contra el crimen organizado.
“Hay que garantizar la reparación del daño y también fincar responsabilidades cuando se deriven de errores garrafales cometidos por quienes están en los retenes de todo el país. La pérdida de vidas de civiles no puede quedar como incidentes menores.”
Por lo que toca al dictamen de la ley de seguridad nacional, el anteproyecto de dictamen elaborado por el priísta Jesús Murillo Karam sigue analizándose.
Ayer el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el panista Felipe González, pretendió que se discutiera otro anteproyecto, pero el priiísta Francisco Labastida Ochoa se opuso y señaló que los trabajos deben ser en comisiones unidas.
La realidad es que la negociación se da en torno al proyecto de Murillo Karam, al que senadores perredistas han formulado varias observaciones, entre ellas que “la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos no puede ser justificante para que el Ejército esté permanentemente en la calle”.
Andrea Becerril y Víctor Ballinas, La Jornada, 15 de abril.
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