Nueva York, 2 de abril. Con un solo asesinato en la frontera de Arizona, está en jaque todo el elegante discurso de “cooperación bilateral” entre Estados Unidos y México, al intensificarse los llamados para continuar la militarización de la línea divisoria.
Ahora, todos los gobernadores de los estados fronterizos con México, con excepción de California, han solicitado que el gobierno federal envíe tropas de la Guardia Nacional y más agentes federales, después de la muerte de un prominente ranchero esta semana y la creciente e incesante ola de violencia al otro lado de la frontera, la cual recientemente incluyó dos víctimas estadunidenses ligadas al consulado de este país en Ciudad Juárez.
El gobernador de Nuevo México, el demócrata Bill Richardson, uno de los políticos latinos de mayor perfil en este país, ordenó el envío de tropas de la Guardia Nacional a su frontera después del asesinato del ranchero Robert Krentz, cometido el pasado sábado.
Pese a que el rancho en que fue perpetrado el crimen está en Arizona, se ubica en la frontera con Nuevo México, y la víctima fue miembro de la Asociación de Rancheros de Nuevo México.
A su vez, la gobernadora de Arizona, y el senador John McCain, de ese estado, han solicitado al gobierno de Barack Obama enviar tropas de la Guardia Nacional. Hace dos semanas, el gobernador de Texas, Rick Perry, solicitó a Washington el despliegue de mil efectivos, lo cual le fue negado por ahora.
Denunciando la respuesta federal, Perry anunció que había activado la primera fase del “plan de contingencia de derrame de violencia”, con lo cual se dedican más recursos policiacos estatales al monitoreo fronterizo.
Pero con el homicidio de Krentz, la presión sobre Washington se intensificó. El ranchero fue asesinado en su propiedad, a unos 50 kilómetros del pueblo de Douglas, al otro lado de Agua Prieta. Los investigadores no han arrestado a nadie, ni dicen si cuentan con pruebas sobre la identidad del asesino o el motivo; lo único que tienen son huellas que siguieron desde la escena del crimen unos 30 kilómetros hacia la frontera con México, y con ello se especula que los responsables son contrabandistas o “inmigrantes ilegales”.
El gobierno de Obama se ha limitado a reiterar su cooperación con México para asegurar la línea divisoria y señalar que continuará evaluando la situación fronteriza. El jueves, el Departamento de Seguridad Interna expresó su “indignación” ante el asesinato y anunció una recompensa de 25 mil dólares por información que lleve a los responsables del delito.
El gobernador Richardson comentó ayer en una entrevista con Fox News: “sí creo que necesitamos una presencia permanente, más Patrulla Fronteriza, más Guardia Nacional en la frontera. La guardia está haciendo básicamente trabajo de apoyo a la Patrulla Fronteriza”.
Aunque se reconoce el esfuerzo mayor del presidente Felipe Calderón, “desafortunadamente la violencia fronteriza no se ha abatido. Entonces, tenemos que proteger a nuestros ciudadanos”, añadió.
A escala local, Michael Gomez, alcalde de Douglas, escribió esta semana a la secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, sumándose al coro que pide tropas de la Guardia Nacional; expresó que muchos residentes ahora temen más por su seguridad, reportó Reuters. Mientras, en las tiendas de armas y municiones, las ventas se han elevado en estos días.
Varios legisladores, entre ellos los dos senadores demócratas en Nuevo México, han solicitado de Napolitano establecer una nueva base “de avance” de la Patrulla Fronteriza en el sur del estado y otras medidas para defender la “soberanía” y seguridad de ciudadanos estadunidenses.
Por otro lado, asociaciones de rancheros en varios estados también se han sumado al llamado por una mayor protección federal a sus colegas en zonas fronterizas.
Muchos de estos personajes apoyan relaciones de cooperación, promueven la reforma migratoria y son defensores de México, pero la dinámica política interna aquí los obliga a asumir algunas posiciones que en otro contexto serían casi impensables.
A la vez, todo lo anterior está nutriendo la ya de por sí agresiva retórica contra los inmigrantes indocumentados y la violencia en México.
En un año electoral (comicios legislativos y algunas gubernaturas), este tema se vuelve parte de la guerra política aquí.
Hace un par de semanas, en la convención estatal del Partido Republicano de California, el candidato a la gubernatura Steve Poizner generó entusiasmo entre los asistentes al prometer no sólo negar todo servicio público a indocumentados, sino tomar medidas severas para evitar que crucen la frontera.
“Si lo tengo que hacer, enviaré a la Guardia Nacional a la frontera”, dijo. La promesa recibió la ovación del público.
Ante todo esto, se vuelve cada vez más difícil políticamente para el gobierno de Obama seguir limitándose a reiterar que la cooperación sin precedente con México es la solución.
Pero ceder ante esas presiones provocaría ira entre organizaciones latinas, de derechos humanos y otras que siempre están preocupadas por los intentos de militarizar la frontera.
Muchos comentan sobre la ironía de que mientras se desmanteló el muro militarizado en Europa, entre los dos países que insisten que son socios y aliados se construyen cada vez más muros y se despliegan cada vez más soldados.
Ahora, todos los gobernadores de los estados fronterizos con México, con excepción de California, han solicitado que el gobierno federal envíe tropas de la Guardia Nacional y más agentes federales, después de la muerte de un prominente ranchero esta semana y la creciente e incesante ola de violencia al otro lado de la frontera, la cual recientemente incluyó dos víctimas estadunidenses ligadas al consulado de este país en Ciudad Juárez.
El gobernador de Nuevo México, el demócrata Bill Richardson, uno de los políticos latinos de mayor perfil en este país, ordenó el envío de tropas de la Guardia Nacional a su frontera después del asesinato del ranchero Robert Krentz, cometido el pasado sábado.
Pese a que el rancho en que fue perpetrado el crimen está en Arizona, se ubica en la frontera con Nuevo México, y la víctima fue miembro de la Asociación de Rancheros de Nuevo México.
A su vez, la gobernadora de Arizona, y el senador John McCain, de ese estado, han solicitado al gobierno de Barack Obama enviar tropas de la Guardia Nacional. Hace dos semanas, el gobernador de Texas, Rick Perry, solicitó a Washington el despliegue de mil efectivos, lo cual le fue negado por ahora.
Denunciando la respuesta federal, Perry anunció que había activado la primera fase del “plan de contingencia de derrame de violencia”, con lo cual se dedican más recursos policiacos estatales al monitoreo fronterizo.
Pero con el homicidio de Krentz, la presión sobre Washington se intensificó. El ranchero fue asesinado en su propiedad, a unos 50 kilómetros del pueblo de Douglas, al otro lado de Agua Prieta. Los investigadores no han arrestado a nadie, ni dicen si cuentan con pruebas sobre la identidad del asesino o el motivo; lo único que tienen son huellas que siguieron desde la escena del crimen unos 30 kilómetros hacia la frontera con México, y con ello se especula que los responsables son contrabandistas o “inmigrantes ilegales”.
El gobierno de Obama se ha limitado a reiterar su cooperación con México para asegurar la línea divisoria y señalar que continuará evaluando la situación fronteriza. El jueves, el Departamento de Seguridad Interna expresó su “indignación” ante el asesinato y anunció una recompensa de 25 mil dólares por información que lleve a los responsables del delito.
El gobernador Richardson comentó ayer en una entrevista con Fox News: “sí creo que necesitamos una presencia permanente, más Patrulla Fronteriza, más Guardia Nacional en la frontera. La guardia está haciendo básicamente trabajo de apoyo a la Patrulla Fronteriza”.
Aunque se reconoce el esfuerzo mayor del presidente Felipe Calderón, “desafortunadamente la violencia fronteriza no se ha abatido. Entonces, tenemos que proteger a nuestros ciudadanos”, añadió.
A escala local, Michael Gomez, alcalde de Douglas, escribió esta semana a la secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, sumándose al coro que pide tropas de la Guardia Nacional; expresó que muchos residentes ahora temen más por su seguridad, reportó Reuters. Mientras, en las tiendas de armas y municiones, las ventas se han elevado en estos días.
Varios legisladores, entre ellos los dos senadores demócratas en Nuevo México, han solicitado de Napolitano establecer una nueva base “de avance” de la Patrulla Fronteriza en el sur del estado y otras medidas para defender la “soberanía” y seguridad de ciudadanos estadunidenses.
Por otro lado, asociaciones de rancheros en varios estados también se han sumado al llamado por una mayor protección federal a sus colegas en zonas fronterizas.
Muchos de estos personajes apoyan relaciones de cooperación, promueven la reforma migratoria y son defensores de México, pero la dinámica política interna aquí los obliga a asumir algunas posiciones que en otro contexto serían casi impensables.
A la vez, todo lo anterior está nutriendo la ya de por sí agresiva retórica contra los inmigrantes indocumentados y la violencia en México.
En un año electoral (comicios legislativos y algunas gubernaturas), este tema se vuelve parte de la guerra política aquí.
Hace un par de semanas, en la convención estatal del Partido Republicano de California, el candidato a la gubernatura Steve Poizner generó entusiasmo entre los asistentes al prometer no sólo negar todo servicio público a indocumentados, sino tomar medidas severas para evitar que crucen la frontera.
“Si lo tengo que hacer, enviaré a la Guardia Nacional a la frontera”, dijo. La promesa recibió la ovación del público.
Ante todo esto, se vuelve cada vez más difícil políticamente para el gobierno de Obama seguir limitándose a reiterar que la cooperación sin precedente con México es la solución.
Pero ceder ante esas presiones provocaría ira entre organizaciones latinas, de derechos humanos y otras que siempre están preocupadas por los intentos de militarizar la frontera.
Muchos comentan sobre la ironía de que mientras se desmanteló el muro militarizado en Europa, entre los dos países que insisten que son socios y aliados se construyen cada vez más muros y se despliegan cada vez más soldados.
David Brooks, La Jornada, 3 de abril.
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