El Senado aprobó ayer la reforma constitucional para otorgar mayores facultades a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), como la de investigar hechos violatorios de las garantías individuales; sin embargo, dicha tarea deberá ser aprobada previamente por el Consejo Consultivo.
Además, de última hora y producto de la presión de organizaciones feministas y legisladores del PRD, el pleno aprobó una fe de erratas para dejar claro que la protección del derecho a la vida no está relacionada con una prohibición al aborto.
"Refiriéndonos al derecho a la vida, al incluir a éste en la lista, debe considerarse que su contenido y alcances permanecen tal como se encuentran reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales.
"Con las reservas y declaraciones interpretativas, de ninguna manera puede entenderse que el legislador constitucional está pretendiendo modificar estos alcances, por ejemplo, en materia del derecho a la vida desde la concepción o en cualquier otro de los temas relacionados", aclara la fe de erratas.
Ese derecho, como se plantea en la reforma, se refiere a que nadie podrá ser privado arbitrariamente de la vida, como podría suceder en conflictos armados.
"Es decir, que ninguna persona que se encuentre en el territorio nacional al momento de decretarse el Estado de excepción pueda restringírsele el derecho a la vida, lo que significa, el derecho a no ser objeto de ejecuciones extrajudiciales", indica la reforma.
Otro de los cambios de última hora fue el de establecer candados a la facultad de investigación de la CNDH, tarea que tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En caso de violaciones graves a los derechos humanos, el órgano sólo podrá realizar ese tipo de indagatorias y tener acceso a información reservada previa autorización de su Consejo Consultivo.
Para que la Comisión pueda hacer uso de esta facultad, el Congreso tiene un plazo máximo de año para concretar las reformas secundarias, en las que se establecerá las condiciones y circunstancias en las que procede una investigación por parte del organismo.
En ese mismo plazo, deberán quedar listos los reglamentos para la reparación del daño, las peticiones de asilo, la reglamentaria del 29 constitucional sobre la suspensión de derechos y garantías, la de expulsión de extranjeros y la propia Ley Orgánica de la CNDH.
Los Congresos locales también tendrán 12 meses para adecuar sus leyes y garantizar la autonomía a las comisiones estatales de derechos humanos.
La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación.
El debate
Durante tres horas, desde la tribuna, senadores de todos los partidos se pronunciaron a favor de la minuta, pues coincidieron en que representa la reforma más importante en la materia en la historia de México.
Señalaron que la nueva legislación se da en un contexto de violencia, de descomposición social y política, marcado por la militarización del país, por la presencia del narcotráfico, y graves violaciones a derechos humanos.
"El derecho a la vida, implica a que en ninguna situación de emergencia, se justifican las ejecuciones, los asesinatos, la desaparición forzada, todas esas prácticas inhumanas, que por cierto, vemos en estos días en lugares como Ciudad Juárez o Monterrey", indicó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Rosario Ybarra.
Además, de última hora y producto de la presión de organizaciones feministas y legisladores del PRD, el pleno aprobó una fe de erratas para dejar claro que la protección del derecho a la vida no está relacionada con una prohibición al aborto.
"Refiriéndonos al derecho a la vida, al incluir a éste en la lista, debe considerarse que su contenido y alcances permanecen tal como se encuentran reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales.
"Con las reservas y declaraciones interpretativas, de ninguna manera puede entenderse que el legislador constitucional está pretendiendo modificar estos alcances, por ejemplo, en materia del derecho a la vida desde la concepción o en cualquier otro de los temas relacionados", aclara la fe de erratas.
Ese derecho, como se plantea en la reforma, se refiere a que nadie podrá ser privado arbitrariamente de la vida, como podría suceder en conflictos armados.
"Es decir, que ninguna persona que se encuentre en el territorio nacional al momento de decretarse el Estado de excepción pueda restringírsele el derecho a la vida, lo que significa, el derecho a no ser objeto de ejecuciones extrajudiciales", indica la reforma.
Otro de los cambios de última hora fue el de establecer candados a la facultad de investigación de la CNDH, tarea que tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En caso de violaciones graves a los derechos humanos, el órgano sólo podrá realizar ese tipo de indagatorias y tener acceso a información reservada previa autorización de su Consejo Consultivo.
Para que la Comisión pueda hacer uso de esta facultad, el Congreso tiene un plazo máximo de año para concretar las reformas secundarias, en las que se establecerá las condiciones y circunstancias en las que procede una investigación por parte del organismo.
En ese mismo plazo, deberán quedar listos los reglamentos para la reparación del daño, las peticiones de asilo, la reglamentaria del 29 constitucional sobre la suspensión de derechos y garantías, la de expulsión de extranjeros y la propia Ley Orgánica de la CNDH.
Los Congresos locales también tendrán 12 meses para adecuar sus leyes y garantizar la autonomía a las comisiones estatales de derechos humanos.
La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación.
El debate
Durante tres horas, desde la tribuna, senadores de todos los partidos se pronunciaron a favor de la minuta, pues coincidieron en que representa la reforma más importante en la materia en la historia de México.
Señalaron que la nueva legislación se da en un contexto de violencia, de descomposición social y política, marcado por la militarización del país, por la presencia del narcotráfico, y graves violaciones a derechos humanos.
"El derecho a la vida, implica a que en ninguna situación de emergencia, se justifican las ejecuciones, los asesinatos, la desaparición forzada, todas esas prácticas inhumanas, que por cierto, vemos en estos días en lugares como Ciudad Juárez o Monterrey", indicó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Rosario Ybarra.
Érika Hernández y Claudia Guerrero, Reforma, 9 de abril.
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