Deploran omisión para castigar trata

En México, la trata de personas se mantiene impune porque los Ministerios Públicos y los jueces desconocen este delito, coincidieron especialistas convocadas por REFORMA a un foro de discusión.

Rosi Orozco, quien promueve reformas a la legislación en la materia; Patricia Caso, asesora de la Fundación Camino a Casa -que atiende a víctimas de trata de personas- y Sofía Almazán, directora de Casa Alianza, detallaron algunos retos que persisten en la persecución de este delito.

Según Caso, cuando una niña o adolescente acude al Ministerio Público para denunciar que ha sido víctima de trata con fines de explotación sexual, el agente encargado de procurar justicia no le cree. Muchas veces la menor de edad escapa la misma noche que era prostituida, lo que implica que lleva tacones, lápiz labial y falda corta.

"Mira nada más cómo te vistes. Estás ahí porque te gusta", le dice el agente del MP, basando su argumento en el maquillaje y la vestimenta de la niña.

"Ha habido comentarios como: 'No exageren, si a ellas les gusta'. O también comentarios como: 'Es que ella consentía'. Cuando quien las debe proteger dice eso, imagínate cómo se siente la niña. La revictimizan", aseguró Caso.

Almazán, directora nacional de Casa Alianza, que atiende a niños y niñas entre 12 y 17 años en situación de calle, ha optado por sacar a las víctimas de trata adelante más que por buscar justicia.

La mayoría de los menores de edad explotados sexualmente que atiende esta organización son varones adictos a las drogas y quienes son forzados a subirse a los autos de adultos para realizar actos sexuales.

También atienden muchos casos de trata con fines de explotación laboral, en la que hay un líder que maneja un grupo de niños que tienen que trabajar y pagar una cuota.

"Cuando hay un niño o niña que dice: 'quiero denunciar', hacemos la denuncia, y hacemos todo el trabajo para que esto se dé.

"Honestamente, en los últimos tiempos nos hemos dedicado más a atender. Nos hemos enfocado mucho más en el niño y la niña y su problemática, que en perseguir a alguien, porque, además, no existen los elementos reales para hacerlo.

"La autoridad todavía no alcanza a entender cuál es su función en cuanto a que ellos son los que tienen que perseguir, investigar y castigar a las personas", dijo.

La Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas señala que las víctimas de este delito deberán recibir atención integral por parte del Estado. Sin embargo, es la sociedad civil en la que recae la atención de estas personas.

De acuerdo con un informe de la Barra de Abogados de Estados Unidos que evalúa la capacidad del Estado mexicano para enfrentar este delito, la mayoría de las víctimas de trata de personas es atendida por organizaciones civiles nacionales e internacionales, que no siempre cuentan con los recursos suficientes para cumplir su cometido.

Según este informe, hasta noviembre de 2008 las organizaciones civiles habían atendido a 300 víctimas.



Proponen ley

A dos años y medio de que entrara en vigor la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, la diputada panista Rosi Orozco ha propuesto una iniciativa para reformarla.

Orozco reconoció que la actual ley no ha rendido frutos, toda vez que sólo existe una persona consignada por este delito.

A su parecer, el problema más grave en la aplicación de la legislación está a nivel de los jueces. En cuanto a procuración de justicia, induca que hay compromiso por parte de los Procuradores del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, y de Tlaxcala, Pedro Flores.

"La ley es muy compleja. No hay una claridad sobre cuál es la parte que le corresponde a la Federación, cuál es la parte que le corresponde a los ministerios, cómo poder realmente trabajar juntos. Hay una parte en la ley federal que habla del consentimiento de la víctima, lo cual es terrible porque ninguna víctima puede consentir su propia victimización. Hay cambios que se van a dar muy positivos en esta nueva ley", señaló.

La diputada mencionó que la iniciativa contempla una ley tipo que fije claramente las competencias, los ámbitos de acción y la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal, los municipios y delegaciones, en materia de prevención, protección y atención a las víctimas y colaboración interinstitucional.

Además, explicó que la ley obligará a las entidades federativas a legislar en materia de trata y tomar medidas presupuestales y administrativas en materia de prevención y atención a las víctimas.

Finalmente, dará a la Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, la facultad de atracción para la investigación de los delitos de trata de personas.




Trabas en el acceso a la justicia

Especialistas en la atención de víctimas de trata señalaron los retos que existen para abatir el delito:


Rosi Orozco:

Diputada del PAN

"La ley es muy compleja. No hay una claridad sobre cuál es la parte que le corresponde a la Federación, cuál es la parte que le corresponde a los Ministerios, cómo poder realmente trabajar juntos".




Patricia Caso:

Asesora de la Fundación Camino a Casa

"Ha habido comentarios como: 'No exageren, si a ellas les gusta'. Cuando quien las debe proteger dice eso, imagínate cómo se siente la niña. La revictimizan".




Sofía Almazán:
Silvia Garduño, Reforma, 13 de abril.

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