Este jueves el Estado mexicano estará en el banquillo de los acusados para responder a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la violación sexual de una indígena perpetrada por militares hace ocho años en Guerrero.
El caso de Inés Fernández, indígena me’phaa, será revisado por el máximo tribunal del continente para definir si las autoridades de México vulneraron las garantías fundamentales de la víctima, abusada sexualmente en marzo de 2002 en su casa y frente a sus cuatro hijos menores. A la fecha, la mujer no ha obtenido justicia ni se le ha reparado el daño.
Esta será la primera ocasión que la CIDH enjuicie al Estado mexicano por una violación sexual cometida por militares, informó Nancy Marín, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
Otro caso similar, que el tribunal revisará los próximos 27 y 28 de mayo, es el de la también indígena guerrerense Valentina Rosendo, quien en febrero de 2002 fue ultrajada sexualmente por soldados.
Durante la audiencia pública, que se efectuará hoy en Lima, Perú, integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me'phaa, del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan y de Cejil –representantes de la agraviada–, sostendrán ante la CIDH que tanto la mujer como su familia “sufrieron graves violaciones a sus derechos humanos. A partir de los hechos, su vida cambió abruptamente y el sufrimiento se agravó por la impunidad en que se mantiene el caso.
En un comunicado, las ONG advirtieron que las agresiones contra Inés no representan “un caso aislado”, pues hay otros, como el de Valentina Rosendo o el de las hermanas González Pérez, este último actualmente es revisado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La indagación de este hecho se realizó en la jurisdicción castrense: “fueron los mismos militares quienes investigaron a los soldados que violaron a Inés. Aun cuando la CIDH ha señalado que en la transgresión de derechos de civiles no puede operar la justicia militar”.
Amnistía Internacional (AI) aseguró que las autoridades mexicanas han dado un trato discriminatorio a la agraviada, pues el ser mujer indígena ha sido factor fundamental para la impunidad castrense.
El organismo señaló que este caso demuestra que la jurisdicción militar obstaculiza el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones a derechos humanos cometidas por soldados y garantiza la impunidad. Recordó que en diciembre de 2009, la CIDH falló contra México por la desaparición forzada de Rosendo Radilla (durante la guerra sucia), y ordenó la reforma al Código de Justicia Militar para asegurar que todos los casos de abusos cometidos por elementos castrenses contra civiles sean competencia de la justicia civil.
Las organizaciones representantes de la víctima solicitarán a la CIDH que ordene a las autoridades mexicanas realizar una investigación seria y efectiva de los hechos, se sancione a los culpables y se tomen medidas para evitar la repetición de sucesos similares.
Mientras, AI subrayó que el país debe tomar medidas a escala doméstica para garantizar que este tipo de abusos no se repitan y se asegure la debida diligencia en las indagatorias de casos de violencia contra mujeres, para que los responsables rindan cuentas.
El caso de Inés Fernández, indígena me’phaa, será revisado por el máximo tribunal del continente para definir si las autoridades de México vulneraron las garantías fundamentales de la víctima, abusada sexualmente en marzo de 2002 en su casa y frente a sus cuatro hijos menores. A la fecha, la mujer no ha obtenido justicia ni se le ha reparado el daño.
Esta será la primera ocasión que la CIDH enjuicie al Estado mexicano por una violación sexual cometida por militares, informó Nancy Marín, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
Otro caso similar, que el tribunal revisará los próximos 27 y 28 de mayo, es el de la también indígena guerrerense Valentina Rosendo, quien en febrero de 2002 fue ultrajada sexualmente por soldados.
Durante la audiencia pública, que se efectuará hoy en Lima, Perú, integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me'phaa, del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan y de Cejil –representantes de la agraviada–, sostendrán ante la CIDH que tanto la mujer como su familia “sufrieron graves violaciones a sus derechos humanos. A partir de los hechos, su vida cambió abruptamente y el sufrimiento se agravó por la impunidad en que se mantiene el caso.
En un comunicado, las ONG advirtieron que las agresiones contra Inés no representan “un caso aislado”, pues hay otros, como el de Valentina Rosendo o el de las hermanas González Pérez, este último actualmente es revisado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La indagación de este hecho se realizó en la jurisdicción castrense: “fueron los mismos militares quienes investigaron a los soldados que violaron a Inés. Aun cuando la CIDH ha señalado que en la transgresión de derechos de civiles no puede operar la justicia militar”.
Amnistía Internacional (AI) aseguró que las autoridades mexicanas han dado un trato discriminatorio a la agraviada, pues el ser mujer indígena ha sido factor fundamental para la impunidad castrense.
El organismo señaló que este caso demuestra que la jurisdicción militar obstaculiza el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones a derechos humanos cometidas por soldados y garantiza la impunidad. Recordó que en diciembre de 2009, la CIDH falló contra México por la desaparición forzada de Rosendo Radilla (durante la guerra sucia), y ordenó la reforma al Código de Justicia Militar para asegurar que todos los casos de abusos cometidos por elementos castrenses contra civiles sean competencia de la justicia civil.
Las organizaciones representantes de la víctima solicitarán a la CIDH que ordene a las autoridades mexicanas realizar una investigación seria y efectiva de los hechos, se sancione a los culpables y se tomen medidas para evitar la repetición de sucesos similares.
Mientras, AI subrayó que el país debe tomar medidas a escala doméstica para garantizar que este tipo de abusos no se repitan y se asegure la debida diligencia en las indagatorias de casos de violencia contra mujeres, para que los responsables rindan cuentas.
Emir Olivares Alonso, La Jornada, 15 de abril.
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