Bogotá, 13 de abril. La Procuraduría General de Colombia abrió una investigación contra la senadora opositora del Partido Liberal, Piedad Córdoba, por supuesta colaboración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y traición a la patria, tras haber fungido como mediadora en la liberación de rehenes en poder de esa guerrilla.
El procurador general Alejandro Ordóñez, dijo que el proceso buscará confirmar o desestimar posibles vínculos para favorecer a la mayor insurgencia del país como parte de una estrategia política del grupo rebelde.
En la misma causa se investigará a la senadora Gloria Inés Ramírez y al diputado Wilson Borja, ambos del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA).
La pesquisa se desprende tras “evaluar un sinnúmero de documentos hallados en los computadores portátiles y demás dispositivos electrónicos” incautados a Raúl Reyes, número dos de la guerrilla abatido en el bombardeo aéreo del ejército colombiano a un campamento de las FARC, ubicado en el territorio de Ecuador, el primero de marzo de 2008, en el que murieron una veintena de personas, entre ellas cuatro ciudadanos mexicanos.
Córdoba, quien desde 2008 ha facilitado la liberación de 13 rehenes al fungir como mediadora y ahora busca apoyos en Europa para nuevas liberaciones, es acusada por el Estado colombiano de haber ejercido “actos de colaboración y promoción con el grupo al margen de la ley de las FARC en 2007, 2008 y 2010”.
Entre los presuntos actos de “colaboración y promoción” están la estrategia para el financiamiento de las FARC con dinero de otros gobiernos, defensa del líder guerrillero Ricardo Palmera (Simón Trinidad) extraditado a Estados Unidos y otros insurgentes presos, o manipulación de pruebas de superviviencia de rehenes en favor de la guerrilla y de gobiernos extranjeros.
Entre los actos de traición a la patria se le acusa por algunas alocuciones y dentro y fuera de Colombia, con llamados a gobiernos latinoamericanos a “romper relaciones con Colombia, deslegitimar las instituciones y los procesos democráticos”, o la exaltación de líderes rebeldes como el fallecido comandante Manuel Marulanda.
Córdoba, de quien la Corte Suprema de Justicia había archivado ya una investigación en julio de 2009 por no encontrar pruebas suficientes que la ligaran con las FARC, desde Ginebra acusó a la ONU por “dejar a un lado” el conflicto colombiano y aseguró que Suiza estaría dispuesta a volver a mediar si el gobierno y la guerrilla lo avalan.
La legisladora agradeció la acogida que le brindó el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), al que presentó el proyecto Colombianos y Colombianas por la Paz, que busca el reconocimiento del conflicto armado interno en Colombia para que todas las partes respeten el derecho internacional humanitario.
La senadora pronosticó que en la elección presidencial del próximo 30 de mayo triunfará Juan Manuel Santos, el ex ministro de Defensa del presidente Álvaro Uribe. Responsabilizó a Santos, durante su gestión, de 5 mil casos de los llamados “falsos positivos”, que se refiere a civiles asesinados por el ejército y presentados como insurgentes para cobrar recompensas.
Radio Caracol informó que las FARC enviaron pruebas de vida de un soldado y un policía, de un grupo de 22 rehenes, a los que buscan canjear por guerrilleros encarcelados.
En tanto, el presidente Uribe negó haber ordenado al servicio de inteligencia (DAS) espiar a magistrados de la Corte Suprema, políticos opositores y periodistas críticos, como señalan pruebas de la fiscalía citadas por la prensa, de que la decisión se tomó desde la Casa de Nariño. Afirmó que se trata de una campaña de desprestigio justo en plena campaña electoral.
El procurador general Alejandro Ordóñez, dijo que el proceso buscará confirmar o desestimar posibles vínculos para favorecer a la mayor insurgencia del país como parte de una estrategia política del grupo rebelde.
En la misma causa se investigará a la senadora Gloria Inés Ramírez y al diputado Wilson Borja, ambos del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA).
La pesquisa se desprende tras “evaluar un sinnúmero de documentos hallados en los computadores portátiles y demás dispositivos electrónicos” incautados a Raúl Reyes, número dos de la guerrilla abatido en el bombardeo aéreo del ejército colombiano a un campamento de las FARC, ubicado en el territorio de Ecuador, el primero de marzo de 2008, en el que murieron una veintena de personas, entre ellas cuatro ciudadanos mexicanos.
Córdoba, quien desde 2008 ha facilitado la liberación de 13 rehenes al fungir como mediadora y ahora busca apoyos en Europa para nuevas liberaciones, es acusada por el Estado colombiano de haber ejercido “actos de colaboración y promoción con el grupo al margen de la ley de las FARC en 2007, 2008 y 2010”.
Entre los presuntos actos de “colaboración y promoción” están la estrategia para el financiamiento de las FARC con dinero de otros gobiernos, defensa del líder guerrillero Ricardo Palmera (Simón Trinidad) extraditado a Estados Unidos y otros insurgentes presos, o manipulación de pruebas de superviviencia de rehenes en favor de la guerrilla y de gobiernos extranjeros.
Entre los actos de traición a la patria se le acusa por algunas alocuciones y dentro y fuera de Colombia, con llamados a gobiernos latinoamericanos a “romper relaciones con Colombia, deslegitimar las instituciones y los procesos democráticos”, o la exaltación de líderes rebeldes como el fallecido comandante Manuel Marulanda.
Córdoba, de quien la Corte Suprema de Justicia había archivado ya una investigación en julio de 2009 por no encontrar pruebas suficientes que la ligaran con las FARC, desde Ginebra acusó a la ONU por “dejar a un lado” el conflicto colombiano y aseguró que Suiza estaría dispuesta a volver a mediar si el gobierno y la guerrilla lo avalan.
La legisladora agradeció la acogida que le brindó el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), al que presentó el proyecto Colombianos y Colombianas por la Paz, que busca el reconocimiento del conflicto armado interno en Colombia para que todas las partes respeten el derecho internacional humanitario.
La senadora pronosticó que en la elección presidencial del próximo 30 de mayo triunfará Juan Manuel Santos, el ex ministro de Defensa del presidente Álvaro Uribe. Responsabilizó a Santos, durante su gestión, de 5 mil casos de los llamados “falsos positivos”, que se refiere a civiles asesinados por el ejército y presentados como insurgentes para cobrar recompensas.
Radio Caracol informó que las FARC enviaron pruebas de vida de un soldado y un policía, de un grupo de 22 rehenes, a los que buscan canjear por guerrilleros encarcelados.
En tanto, el presidente Uribe negó haber ordenado al servicio de inteligencia (DAS) espiar a magistrados de la Corte Suprema, políticos opositores y periodistas críticos, como señalan pruebas de la fiscalía citadas por la prensa, de que la decisión se tomó desde la Casa de Nariño. Afirmó que se trata de una campaña de desprestigio justo en plena campaña electoral.
La Jornada, 14 de abril.
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