Para el gobierno mexicano no es verdad que soldados en Guerrero hayan abusado sexualmente de Inés Fernández, indígena me’phaa que asegura haber sido violada por elementos castrenses en marzo de 2002.
Frente a los ministros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los representantes gubernamentales de México aseguraron que no hay elementos para afirmar que el delito realmente se cometió.
El tribunal realizó en Lima, Perú, una audiencia pública por el caso de Fernández, en el que se juzga al gobierno de México por presuntas violaciones a las garantías fundamentales de la víctima.
Esta es la primera vez que el país es investigado por la CIDH en relación a un caso de violación sexual cometida por militares.
Gisela de León, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), calificó de “grave” que el Estado mexicano no reconozca el delito cuando existen “todos los elementos de prueba” y por el que ha habido ocho años de impunidad. “Se pone en duda la palabra de la víctima y se afirma que no es verdad que la violación la hayan cometido militares. Esa es una posición bastante complicada, sobre todo porque hay varios elementos que comprueban la responsabilidad estatal”.
En entrevista concedida desde la capital peruana, la abogada aseveró que además de la declaración de Fernández, se cuenta con el testimonio de una de sus hijas que estuvo presente durante los hechos, con una prueba médica que acreditó semen en su cuerpo, un examen sicológico que asegura que la mujer fue sometida a un evento traumático. Además, agregó, existen pruebas de que los militares estaban presentes en el área y fecha en que ocurrió el delito.
En la sesión participó en representación del gobierno mexicano el director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Negrín, quien aseguró ante los ministros que “negamos la acusación, pues no existen pruebas”.
Responsabilizó a la víctima de que las investigaciones del caso no llegaran a buen término. “Tocará a la CIDH pronunciarse sobre las diligencias que procuró realizar el Estado hasta en 23 ocasiones para atender (a la mujer)”.
La abogada del Cejil refirió que el representante estatal se refirió a la ausencia de Fernández en una diligencia en la que se realizaría un retrato hablado de los agresores.
Uno de los ministros de la CIDH cuestionó a los funcionarios mexicanos cómo podían hacer afirmaciones del caso si las investigaciones –que atiende la justicia militar– no han concluido.
Una juez se percató de “una contradicción” por parte de los representantes gubernamentales, porque por un lado afirmaron que no tratan de trasladar la responsabilidad de la investigación a la víctima, pero al mismo tiempo señalan que cuando ella no compareció retrasó la investigación.
La defensa de la mujer, conformada por Cejil, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y por la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa presentaron ante la CIDH un video en el que Inés Fernández pide justicia al tribunal, pues a ocho años de los hechos no la ha obtenido.
Ambas partes tendrán hasta el 24 de mayo para presentar alegatos finales por escrito. Posteriormente, la CIDH analizará los argumentos y emitirá (en alrededor de tres meses) una sentencia.
Frente a los ministros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los representantes gubernamentales de México aseguraron que no hay elementos para afirmar que el delito realmente se cometió.
El tribunal realizó en Lima, Perú, una audiencia pública por el caso de Fernández, en el que se juzga al gobierno de México por presuntas violaciones a las garantías fundamentales de la víctima.
Esta es la primera vez que el país es investigado por la CIDH en relación a un caso de violación sexual cometida por militares.
Gisela de León, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), calificó de “grave” que el Estado mexicano no reconozca el delito cuando existen “todos los elementos de prueba” y por el que ha habido ocho años de impunidad. “Se pone en duda la palabra de la víctima y se afirma que no es verdad que la violación la hayan cometido militares. Esa es una posición bastante complicada, sobre todo porque hay varios elementos que comprueban la responsabilidad estatal”.
En entrevista concedida desde la capital peruana, la abogada aseveró que además de la declaración de Fernández, se cuenta con el testimonio de una de sus hijas que estuvo presente durante los hechos, con una prueba médica que acreditó semen en su cuerpo, un examen sicológico que asegura que la mujer fue sometida a un evento traumático. Además, agregó, existen pruebas de que los militares estaban presentes en el área y fecha en que ocurrió el delito.
En la sesión participó en representación del gobierno mexicano el director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Negrín, quien aseguró ante los ministros que “negamos la acusación, pues no existen pruebas”.
Responsabilizó a la víctima de que las investigaciones del caso no llegaran a buen término. “Tocará a la CIDH pronunciarse sobre las diligencias que procuró realizar el Estado hasta en 23 ocasiones para atender (a la mujer)”.
La abogada del Cejil refirió que el representante estatal se refirió a la ausencia de Fernández en una diligencia en la que se realizaría un retrato hablado de los agresores.
Uno de los ministros de la CIDH cuestionó a los funcionarios mexicanos cómo podían hacer afirmaciones del caso si las investigaciones –que atiende la justicia militar– no han concluido.
Una juez se percató de “una contradicción” por parte de los representantes gubernamentales, porque por un lado afirmaron que no tratan de trasladar la responsabilidad de la investigación a la víctima, pero al mismo tiempo señalan que cuando ella no compareció retrasó la investigación.
La defensa de la mujer, conformada por Cejil, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y por la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa presentaron ante la CIDH un video en el que Inés Fernández pide justicia al tribunal, pues a ocho años de los hechos no la ha obtenido.
Ambas partes tendrán hasta el 24 de mayo para presentar alegatos finales por escrito. Posteriormente, la CIDH analizará los argumentos y emitirá (en alrededor de tres meses) una sentencia.
Emir Olivares Alonso, La Jornada, 16 de abril.
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