La Secretaría de Relaciones Exteriores se refirió así a los llamados que hicieron Arizona y Nuevo México, para desplegar un contingente de la Guardia Nacional para apoyar las labores de vigilancia en la zona fronteriza.
"Para actuar eficazmente contra las acciones de la delincuencia organizada trasnacional, se requiere que las autoridades estadounidenses continúen realizando esfuerzos adicionales para combatir el tráfico de armas y dinero en efectivo hacia el territorio mexicano", manifestó en un comunicado la dependencia.
No obstante, el Gobierno de México puntualizó que es derecho soberano de cada Estado definir el tipo de autoridades que utiliza para desempeñar labores de seguridad en su territorio.
En tanto, senadores del PAN, PRI y PRD polemizaron ayer sobre la decisión del Gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, de ordenar la militarización de la frontera.
Mientras los legisladores del PAN celebraron la decisión, los priistas la calificaron como un mensaje de intolerancia y los perredistas como una medida que obedece a la lógica política local de las autoridades de EU.
El senador priista Carlos Jiménez calificó de intolerante la decisión de Richardson, tras asegurar que el envío de tropas incluso puede poner en riesgo la estrategia integral de colaboración entre ambas naciones.
"Janet Napolitano había dicho que no y ahora sale el Gobernador con esta decisión. La verdad es que nos parece un mensaje de intolerancia, es una reacción muy exagerada que va a generar un ambiente de hostilidad", sostuvo.
Jiménez Macías exigió a la Secretaría de Relaciones Exteriores fijar una posición frente a la militarización de la frontera, aún cuando se trate de un conjunto de decisiones de las autoridades locales de Estados Unidos.
En contraste, el panista Rubén Camarillo confió en que la presencia de las tropas estadounidenses contribuya a reducir la violencia en la zona fronteriza y a combatir delitos como el tráfico de armas y drogas.
"Si la presencia de la Guardia Nacional ayuda a impedir el tráfico de armas y a mejorar los controles de las actividades ilícitas del lado americano pues me parece sensacional, qué bueno que Estados Unidos se dé cuenta de que se requieren acciones contundentes en la frontera", expresó.
El senador perredista Graco Ramírez sostuvo que la decisión de Richardson obedece a un cálculo político relacionado con los intereses locales de su estado.
Sin embargo, advirtió que el Gobierno de Estados Unidos está interesado en tomar acciones más drásticas, con miras a conseguir el control del territorio mexicano.
En tanto, el dirigente del PRD en Chihuahua, Miguel Vargas, calificó como excesiva la medida del Gobernador de Nuevo México de enviar efectivos de la Guardia Nacional a la zona fronteriza.
"Es excesiva la medida, es un acto político, lo único que provocará es dificultar la relación con México y afectar el tránsito", dijo.
Claudia Guerrero y Erika Hernández, Reforma, 2 de abril.
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