El proyecto de dictamen de la Ley de Seguridad Nacional que difundieron ayer las comisiones del Senado involucradas en las reformas sobre esta materia topó con la inconformidad de legisladores del PRD y el gobierno federal.
Luego de sostener una reunión maratónica para alinear el dictamen difundido ayer con las observaciones del PRD, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública (PAN), Felipe González González, entregó un nuevo cuadro comparativo con aristas encorchetadas.
El equipo jurídico de las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional y el Consejo Nacional de Seguridad (Cisen) emitió varias observaciones a los legisladores e, insistió, en la necesidad de otorgarle más facultades al Ejército.
El PRD propuso que además de los gobernadores y congresos locales, los presidentes municipales tengan la facultad de solicitar apoyo militar al Consejo Nacional de Seguridad para combatir la delincuencia.
Además, resaltó que el proyecto de dictamen sólo establece mecanismos de procedimiento para regular la participación del Ejército cuando lo solicite una autoridad competente, pero no menciona cuál sería el escenario en caso de que el Ejecutivo federal decida ordenar el traslado de fuerza castrense bajo el argumento de riesgo a la seguridad nacional.
La redacción del artículo 79 de la Ley de Seguridad Nacional en el proyecto de dictamen trabó la negociación. “Las instituciones que integran la Fuerza Armada Permanente, podrán obtener, recolectar, clasificar, registrar, analizar, evaluar, procesar, explotar y almacenar información sobre hechos relacionados con la afectación, y requerir información a las autoridades participantes, quienes estarán obligadas a proporcionarla de manera expedita”, establece el artículo en disputa.
Los perredistas criticaron que el documento no determine el regreso inmediato de los militares a los cuarteles, una vez que se promulgue la reforma.
El cuarto borrador del dictamen, repartido ayer entre los senadores, dice que durante la “Declaratoria de existencia de una afectación a la seguridad interior”, los militares podrán ejecutar las órdenes judiciales de aprehensión y poner a disposición del juez al inculpado.
Luego de sostener una reunión maratónica para alinear el dictamen difundido ayer con las observaciones del PRD, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública (PAN), Felipe González González, entregó un nuevo cuadro comparativo con aristas encorchetadas.
El equipo jurídico de las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional y el Consejo Nacional de Seguridad (Cisen) emitió varias observaciones a los legisladores e, insistió, en la necesidad de otorgarle más facultades al Ejército.
El PRD propuso que además de los gobernadores y congresos locales, los presidentes municipales tengan la facultad de solicitar apoyo militar al Consejo Nacional de Seguridad para combatir la delincuencia.
Además, resaltó que el proyecto de dictamen sólo establece mecanismos de procedimiento para regular la participación del Ejército cuando lo solicite una autoridad competente, pero no menciona cuál sería el escenario en caso de que el Ejecutivo federal decida ordenar el traslado de fuerza castrense bajo el argumento de riesgo a la seguridad nacional.
La redacción del artículo 79 de la Ley de Seguridad Nacional en el proyecto de dictamen trabó la negociación. “Las instituciones que integran la Fuerza Armada Permanente, podrán obtener, recolectar, clasificar, registrar, analizar, evaluar, procesar, explotar y almacenar información sobre hechos relacionados con la afectación, y requerir información a las autoridades participantes, quienes estarán obligadas a proporcionarla de manera expedita”, establece el artículo en disputa.
Los perredistas criticaron que el documento no determine el regreso inmediato de los militares a los cuarteles, una vez que se promulgue la reforma.
El cuarto borrador del dictamen, repartido ayer entre los senadores, dice que durante la “Declaratoria de existencia de una afectación a la seguridad interior”, los militares podrán ejecutar las órdenes judiciales de aprehensión y poner a disposición del juez al inculpado.
Ricardo Gómez y Elena Michel, El Universal, 15 de abril.
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