Las bancadas del PAN en el Congreso, con el apoyo formal del PRD sólo en la Cámara de Diputados, presentaron ayer una propuesta integral para crear una nueva Ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
El mismo proyecto fue presentado en el Senado por el coordinador de los panistas, Gustavo Madero, y en la Cámara de Diputados por Javier Corral.
La iniciativa retoma la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la denominada "Ley Televisa".
En la nueva ley se propone sustituir a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) con el Instituto Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales.
La propuesta determina los criterios en materia de dominancia, para evitar la concentración del mercado y endurece el régimen de sanciones, que permite la aplicación de multas de hasta 180 millones de pesos y la revocación de la concesión.
Además, establece criterios para la transmisión de publicidad en medios electrónicos, elimina los llamados tiempos fiscales, reglamenta el derecho de réplica y contempla nuevas obligaciones para los concesionarios, como la creación de un Código de Ética y hasta permitir la interconexión de operadores.
La propuesta contempla un catálogo de castigos para los empresarios incumplidos, tales como la terminación, revocación, cambio y rescate de la concesión.
De aprobarse la reforma, se considerará "falta grave" impedir la transmisión de señales a otro concesionario y la violación de las nuevas obligaciones de la reforma constitucional en materia electoral.
Por otro lado, se establece que ni los partidos políticos, ministros de culto y funcionarios públicos podrán ser titulares de concesiones para redes y servicios de telecomunicaciones de forma directa o indirecta.
Tiempos de Estado
En cuanto a los tiempos del Estado, se plantea realizar una distribución descentralizada y proporcional entre los poderes.
La reforma elimina los llamados tiempos fiscales y obliga a los concesionarios a entregar de manera gratuita al estado 60 minutos diarios en radio y 60 en televisión.
En el primer caso, el tiempo se reduce en 5 minutos, en relación con la normatividad vigente.
Sin embargo, en el caso de la televisión, el tiempo que deberá otorgar al Estado se incrementa en 48 minutos.
La reforma da creación a un nuevo órgano regulador, con carácter de descentralizado.
Sus integrantes serán nombrados, para periodos escalonados, por el titular del Ejecutivo.
Y para evitar conflicto de intereses, los funcionarios tendrán que superar una lista de siete candados que incluyen no tener relación económica, profesional o de índole corporativa, con empresas dedicadas a las actividades reguladas o vinculadas permanentemente a éstas.
La restricción también aplica para los directivos o accionistas de empresas privadas concesionarias, o ministro de culto religioso.
La competencia
En materia de competitividad, la reforma pretende evitar la concentración del mercado.
En el proyecto, se establece que "en materia de radiodifusión"se considerará dominante a la empresa que obtenga más del 25 por ciento de los ingresos del sector.
También aplicara a la empresa en la que el 90 por ciento de su producción sea propia, que tenga el 25 de la audiencia nacional, el 25 por ciento de los canales de cobertura o el 25 por ciento de ingresos por publicidad.
En cuánto a obligaciones, los operadores de las redes públicas deberán permitir la interconexión de otros en condiciones equitativas y con tarifas máximas, que serán fijadas por el Instituto (nuevo órgano regulador).
La iniciativa señala que los titulares de las concesiones de las frecuencias de radiodifusión deberán permitir la retransmisión simultánea de su señal de manera gratuita a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones y permisionarios.
Además de regular el derecho de réplica, se obliga a los concesionarios a elaborar un Código de Ética.
La propuesta
Estos son los puntos más importantes de la iniciativa presentada ayer en el Congreso:
· Desaparece la Cofetel y se crea el Instituto Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales.
· Prevé el otorgamiento de concesiones mediante licitación pública y por un periodo de 10 años.
· Dispone que, al vencerse la concesión, se abrirá de nuevo una licitación. No hay refrendo en automático.
· Castiga a empresarios incumplidos, tales como la terminación, revocación, cambio y rescate de la concesión.
· Se tipifica como falta grave que un concesionario impida la transmisión de señales a otro, así como la violación a las leyes electorales.
· Prohibe que partidos, ministros de culto y funcionarios públicos puedan ser titulares de concesiones para redes y servicios de telecomunicaciones.
· Regula la publicidad. La televisión no podrá exceder de 12 minutos de publicidad por cada hora de transmisión, mientras que en el radio la limitante es de 24 minutos máximo por hora.
· Establece que los alimentos y bebidas que se anuncien, deberán contar con la autorización de la Secretaría de Salud.
· Se distribuyen tiempos del Estado de manera descentralizada y proporcional entre los poderes.
· Se eliminan los tiempos fiscales. Los concesionarios deben entregar al Estado 60 minutos diarios en radio y 60 en televisión.
· Se considerará dominante a la empresa que obtenga más del 25 por ciento de los ingresos del sector para evitar los monopolios en materia de radiodifusión.
· Obliga a los operadores de las redes públicas a permitir la interconexión de otros en condiciones equitativas y con tarifas máximas, que serán fijadas por el Instituto.
· Regula el derecho de réplica.
· Obliga a los concesionarios a elaborar un Código de Ética y contar con un Defensor de Audiencia.
· Prohíbe atentar contra la dignidad humana y el respeto a las convicciones políticas y religiosas; así como discriminar por motivos de género, etnia, nacionalidad, edad, capacidades físicas diferentes, o cualquier otra circunstancia personal o social.
· Queda restringida a la afectación de la intimidad, el derecho a la propia imagen y la vida privada de las personas.
· Se impide promover, estimular o hacer apología de la violencia; difundir información contraria a la seguridad del Estado, a la paz o al orden público.
· Incluye la creación de un Registro Público de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como un Programa Anual de Frecuencias.
El mismo proyecto fue presentado en el Senado por el coordinador de los panistas, Gustavo Madero, y en la Cámara de Diputados por Javier Corral.
La iniciativa retoma la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la denominada "Ley Televisa".
En la nueva ley se propone sustituir a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) con el Instituto Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales.
La propuesta determina los criterios en materia de dominancia, para evitar la concentración del mercado y endurece el régimen de sanciones, que permite la aplicación de multas de hasta 180 millones de pesos y la revocación de la concesión.
Además, establece criterios para la transmisión de publicidad en medios electrónicos, elimina los llamados tiempos fiscales, reglamenta el derecho de réplica y contempla nuevas obligaciones para los concesionarios, como la creación de un Código de Ética y hasta permitir la interconexión de operadores.
La propuesta contempla un catálogo de castigos para los empresarios incumplidos, tales como la terminación, revocación, cambio y rescate de la concesión.
De aprobarse la reforma, se considerará "falta grave" impedir la transmisión de señales a otro concesionario y la violación de las nuevas obligaciones de la reforma constitucional en materia electoral.
Por otro lado, se establece que ni los partidos políticos, ministros de culto y funcionarios públicos podrán ser titulares de concesiones para redes y servicios de telecomunicaciones de forma directa o indirecta.
Tiempos de Estado
En cuanto a los tiempos del Estado, se plantea realizar una distribución descentralizada y proporcional entre los poderes.
La reforma elimina los llamados tiempos fiscales y obliga a los concesionarios a entregar de manera gratuita al estado 60 minutos diarios en radio y 60 en televisión.
En el primer caso, el tiempo se reduce en 5 minutos, en relación con la normatividad vigente.
Sin embargo, en el caso de la televisión, el tiempo que deberá otorgar al Estado se incrementa en 48 minutos.
La reforma da creación a un nuevo órgano regulador, con carácter de descentralizado.
Sus integrantes serán nombrados, para periodos escalonados, por el titular del Ejecutivo.
Y para evitar conflicto de intereses, los funcionarios tendrán que superar una lista de siete candados que incluyen no tener relación económica, profesional o de índole corporativa, con empresas dedicadas a las actividades reguladas o vinculadas permanentemente a éstas.
La restricción también aplica para los directivos o accionistas de empresas privadas concesionarias, o ministro de culto religioso.
La competencia
En materia de competitividad, la reforma pretende evitar la concentración del mercado.
En el proyecto, se establece que "en materia de radiodifusión"se considerará dominante a la empresa que obtenga más del 25 por ciento de los ingresos del sector.
También aplicara a la empresa en la que el 90 por ciento de su producción sea propia, que tenga el 25 de la audiencia nacional, el 25 por ciento de los canales de cobertura o el 25 por ciento de ingresos por publicidad.
En cuánto a obligaciones, los operadores de las redes públicas deberán permitir la interconexión de otros en condiciones equitativas y con tarifas máximas, que serán fijadas por el Instituto (nuevo órgano regulador).
La iniciativa señala que los titulares de las concesiones de las frecuencias de radiodifusión deberán permitir la retransmisión simultánea de su señal de manera gratuita a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones y permisionarios.
Además de regular el derecho de réplica, se obliga a los concesionarios a elaborar un Código de Ética.
La propuesta
Estos son los puntos más importantes de la iniciativa presentada ayer en el Congreso:
· Desaparece la Cofetel y se crea el Instituto Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales.
· Prevé el otorgamiento de concesiones mediante licitación pública y por un periodo de 10 años.
· Dispone que, al vencerse la concesión, se abrirá de nuevo una licitación. No hay refrendo en automático.
· Castiga a empresarios incumplidos, tales como la terminación, revocación, cambio y rescate de la concesión.
· Se tipifica como falta grave que un concesionario impida la transmisión de señales a otro, así como la violación a las leyes electorales.
· Prohibe que partidos, ministros de culto y funcionarios públicos puedan ser titulares de concesiones para redes y servicios de telecomunicaciones.
· Regula la publicidad. La televisión no podrá exceder de 12 minutos de publicidad por cada hora de transmisión, mientras que en el radio la limitante es de 24 minutos máximo por hora.
· Establece que los alimentos y bebidas que se anuncien, deberán contar con la autorización de la Secretaría de Salud.
· Se distribuyen tiempos del Estado de manera descentralizada y proporcional entre los poderes.
· Se eliminan los tiempos fiscales. Los concesionarios deben entregar al Estado 60 minutos diarios en radio y 60 en televisión.
· Se considerará dominante a la empresa que obtenga más del 25 por ciento de los ingresos del sector para evitar los monopolios en materia de radiodifusión.
· Obliga a los operadores de las redes públicas a permitir la interconexión de otros en condiciones equitativas y con tarifas máximas, que serán fijadas por el Instituto.
· Regula el derecho de réplica.
· Obliga a los concesionarios a elaborar un Código de Ética y contar con un Defensor de Audiencia.
· Prohíbe atentar contra la dignidad humana y el respeto a las convicciones políticas y religiosas; así como discriminar por motivos de género, etnia, nacionalidad, edad, capacidades físicas diferentes, o cualquier otra circunstancia personal o social.
· Queda restringida a la afectación de la intimidad, el derecho a la propia imagen y la vida privada de las personas.
· Se impide promover, estimular o hacer apología de la violencia; difundir información contraria a la seguridad del Estado, a la paz o al orden público.
· Incluye la creación de un Registro Público de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como un Programa Anual de Frecuencias.
Claudia Guerrero y Érika Hernández, Reforma, 9 de abril.
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