A partir de este jueves el Ejército Mexicano regresará de manera paulatina a sus cuarteles en Ciudad Juárez y delegará la responsabilidad de la seguridad pública a la Policía Federal (PF).
La PF asumirá en forma gradual el mando de los operativos y acciones de reacción inmediata, con la participación de 4 mil 500 elementos, una cantidad similar a los militares que hasta ahora patrullan las calles de esa urbe fronteriza.
Las policías locales se integrarán a las acciones de la PF con 3 mil elementos; es decir, casi 8 mil uniformados, de los tres niveles de gobierno, estarán a cargo del combate a la delincuencia organizada en Juárez, además de la presencia del Ejército como actor “coadyuvante”.
En los próximos días, señaló la Secretaría de Gobernación, todavía con la asistencia de integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, los policías federales serán desplegados en nueve zonas, equivalentes a 155 cuadrantes en que está dividida la ciudad.
“A partir de esta nueva etapa, y sin dejar de proporcionar apoyo a la seguridad de la población juarense ordenado por el Presidente de la República, el Ejército Mexicano irá trasladando paulatinamente la responsabilidad de las tareas de seguridad pública a las autoridades civiles, en principio federales, y gradualmente a las estatales y municipales, con el objeto de que en el mediano plazo se restablezca plenamente en Ciudad Juárez la normalidad institucional”, señaló Gobernación.
Desgaste y abusos
El cambio de estrategia del gobierno federal en Ciudad Juárez se anuncia en medio de críticas de organizaciones políticas, sociales y ciudadanas por los presuntos abusos de militares durante la ejecución de tareas policiacas.
El viraje ocurre también después que el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, admitió que las tropas tienen un “desgaste”, porque en años recientes se les ha sometido a tareas que no son propias de su naturaleza.
En marzo de 2008, el gobierno del presidente Felipe Calderón dispuso el envío de militares a Chihuahua con el propósito de frenar la ola de asesinatos y otros hechos vinculados a la delincuencia organizada. Los militares se sumaron al destacamento de la quinta Región Militar.
La orden presidencial se reforzó en noviembre de 2008 y también en el arranque del presente año, para sumar casi 4 mil 500 soldados en aquella zona, adicionales a los de la quinta Región Militar, quienes realizaban patrullajes en zonas urbanas, retenes en carreteras y trabajos de inteligencia.
Estos operativos derivaron en denuncias ciudadanas por violación de derechos humanos, principalmente por presuntos allanamientos de morada, torturas y detenciones arbitrarias.
El presidente Calderón y las autoridades estatales defendieron la presencia de militares en los operativos conjuntos, con el argumento de que las corporaciones policiacas locales estaban devastadas y eran incapaces de detener el nivel de inseguridad en esa franja fronteriza.
La situación en Ciudad Juárez –considerada una de las urbes más violentas del mundo– se agravó cuando 12 adolescentes y dos adultos fueron asesinados a mansalva cuando participaban en una fiesta en el fraccionamiento Villas de Salvárcar.
Once días después de esos hechos, el jefe del Ejecutivo federal acudió a esa ciudad y participó en el foro Todos somos Juárez para ofrecer disculpas por haber dicho que el asesinato de los jóvenes era resultado de un pleito entre pandillas.
También planteó el reforzamiento de la estrategia federal; sin embargo, familiares de las víctimas, en especial la madre de uno de los muchachos asesinados, le dijo que no era bienvenido a Juárez: “Le apuesto que si hubiera sido uno de sus hijos, se hubiera metido hasta debajo de las piedras para buscar al asesino”.
El mandatario regresó a ese sitio semanas después, cuando aún no había resultados en las investigaciones y ya había alarma en el contexto nacional e internacional por el asesinato de tres personas vinculadas al consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez.
Días después, la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, expresó que la participación del Ejército en esa ciudad no había sido suficiente para detener la ola delictiva.
En la reunión bilateral de ambas naciones, realizada hace una semana, se acordó ampliar la estrategia contra el crimen organizado y apuntalar el programa Todos somos Juárez, reconstruyamos la ciudad.
El gobierno federal respondió que la actividad de las fuerzas castrenses ha hecho posible la captura de importantes líderes y operadores de bandas criminales y ha contribuido a mejorar la efectividad en la respuesta a situaciones de emergencia.
Cambio de estrategia
Ayer, por medio de un boletín, Gobernación detalló que el Ejército Mexicano, si bien mantendrá su presencia en la región para brindar seguridad en los principales puntos de acceso a la ciudad, cruces internacionales y terminales de transportación aérea y terrestre, su responsabilidad será de “coadyuvar” en tareas de información e inteligencia.
La secretaría encabezada por Fernando Gómez Mont precisó que el Ejército seguirá “coadyuvando” con las autoridades civiles en los distritos de mayor incidencia delictiva.
Previo al arranque de la nueva etapa, los militares participaban, como responsables directos, en la operación del Centro de Reacción Inmediata, donde atendían llamadas de emergencia y denuncias anónimas, así como en funciones de policía municipal, tránsito y vialidad.
En el comunicado se indica que, sin dejar de proporcionar el apoyo a la seguridad de la población juarense ordenado por el Presidente de la República, el Ejército irá trasladando en forma paulatina la responsabilidad de las tareas de seguridad pública a las autoridades civiles, en principio a las federales, y gradualmente a las estatales y municipales, con la finalidad de que en el mediano plazo se restablezca plenamente la normalidad institucional.
“En este proceso, las fuerzas armadas seguirán presentes en la entidad y en el municipio, en apoyo a las autoridades civiles, responsables directas de la seguridad pública”, dijo.
En la etapa que inicia este jueves, precisó, las corporaciones policiacas de carácter civil, principales responsables de la seguridad, “se irán haciendo cargo de manera paulatina de las tareas de seguridad pública, como parte de la estrategia que prevé la recuperación gradual de las funciones que corresponden a cada nivel de gobierno”.
Gobernación anunció la nueva etapa de la estrategia y recordó que tendrá “fuerte componente social”, de manera paralela a un programa de sustitución vehicular para incorporar a la formalidad a los que circulan sin placas ni identificación en las calles de Juárez.
Durante abril el personal de la PF “será asistido” por militares en las áreas de recepción de llamadas, monitoreo y despacho.
Los soldados en funciones de enlace mantendrán coordinación permanente con el responsable de la PF en el Centro de Emergencias y Respuesta Inmediata, “a efecto de permitir la reacción oportuna del personal militar destacado en la zona, en caso de que se requiera su coadyuvancia”.
La PF asumirá en forma gradual el mando de los operativos y acciones de reacción inmediata, con la participación de 4 mil 500 elementos, una cantidad similar a los militares que hasta ahora patrullan las calles de esa urbe fronteriza.
Las policías locales se integrarán a las acciones de la PF con 3 mil elementos; es decir, casi 8 mil uniformados, de los tres niveles de gobierno, estarán a cargo del combate a la delincuencia organizada en Juárez, además de la presencia del Ejército como actor “coadyuvante”.
En los próximos días, señaló la Secretaría de Gobernación, todavía con la asistencia de integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, los policías federales serán desplegados en nueve zonas, equivalentes a 155 cuadrantes en que está dividida la ciudad.
“A partir de esta nueva etapa, y sin dejar de proporcionar apoyo a la seguridad de la población juarense ordenado por el Presidente de la República, el Ejército Mexicano irá trasladando paulatinamente la responsabilidad de las tareas de seguridad pública a las autoridades civiles, en principio federales, y gradualmente a las estatales y municipales, con el objeto de que en el mediano plazo se restablezca plenamente en Ciudad Juárez la normalidad institucional”, señaló Gobernación.
Desgaste y abusos
El cambio de estrategia del gobierno federal en Ciudad Juárez se anuncia en medio de críticas de organizaciones políticas, sociales y ciudadanas por los presuntos abusos de militares durante la ejecución de tareas policiacas.
El viraje ocurre también después que el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, admitió que las tropas tienen un “desgaste”, porque en años recientes se les ha sometido a tareas que no son propias de su naturaleza.
En marzo de 2008, el gobierno del presidente Felipe Calderón dispuso el envío de militares a Chihuahua con el propósito de frenar la ola de asesinatos y otros hechos vinculados a la delincuencia organizada. Los militares se sumaron al destacamento de la quinta Región Militar.
La orden presidencial se reforzó en noviembre de 2008 y también en el arranque del presente año, para sumar casi 4 mil 500 soldados en aquella zona, adicionales a los de la quinta Región Militar, quienes realizaban patrullajes en zonas urbanas, retenes en carreteras y trabajos de inteligencia.
Estos operativos derivaron en denuncias ciudadanas por violación de derechos humanos, principalmente por presuntos allanamientos de morada, torturas y detenciones arbitrarias.
El presidente Calderón y las autoridades estatales defendieron la presencia de militares en los operativos conjuntos, con el argumento de que las corporaciones policiacas locales estaban devastadas y eran incapaces de detener el nivel de inseguridad en esa franja fronteriza.
La situación en Ciudad Juárez –considerada una de las urbes más violentas del mundo– se agravó cuando 12 adolescentes y dos adultos fueron asesinados a mansalva cuando participaban en una fiesta en el fraccionamiento Villas de Salvárcar.
Once días después de esos hechos, el jefe del Ejecutivo federal acudió a esa ciudad y participó en el foro Todos somos Juárez para ofrecer disculpas por haber dicho que el asesinato de los jóvenes era resultado de un pleito entre pandillas.
También planteó el reforzamiento de la estrategia federal; sin embargo, familiares de las víctimas, en especial la madre de uno de los muchachos asesinados, le dijo que no era bienvenido a Juárez: “Le apuesto que si hubiera sido uno de sus hijos, se hubiera metido hasta debajo de las piedras para buscar al asesino”.
El mandatario regresó a ese sitio semanas después, cuando aún no había resultados en las investigaciones y ya había alarma en el contexto nacional e internacional por el asesinato de tres personas vinculadas al consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez.
Días después, la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, expresó que la participación del Ejército en esa ciudad no había sido suficiente para detener la ola delictiva.
En la reunión bilateral de ambas naciones, realizada hace una semana, se acordó ampliar la estrategia contra el crimen organizado y apuntalar el programa Todos somos Juárez, reconstruyamos la ciudad.
El gobierno federal respondió que la actividad de las fuerzas castrenses ha hecho posible la captura de importantes líderes y operadores de bandas criminales y ha contribuido a mejorar la efectividad en la respuesta a situaciones de emergencia.
Cambio de estrategia
Ayer, por medio de un boletín, Gobernación detalló que el Ejército Mexicano, si bien mantendrá su presencia en la región para brindar seguridad en los principales puntos de acceso a la ciudad, cruces internacionales y terminales de transportación aérea y terrestre, su responsabilidad será de “coadyuvar” en tareas de información e inteligencia.
La secretaría encabezada por Fernando Gómez Mont precisó que el Ejército seguirá “coadyuvando” con las autoridades civiles en los distritos de mayor incidencia delictiva.
Previo al arranque de la nueva etapa, los militares participaban, como responsables directos, en la operación del Centro de Reacción Inmediata, donde atendían llamadas de emergencia y denuncias anónimas, así como en funciones de policía municipal, tránsito y vialidad.
En el comunicado se indica que, sin dejar de proporcionar el apoyo a la seguridad de la población juarense ordenado por el Presidente de la República, el Ejército irá trasladando en forma paulatina la responsabilidad de las tareas de seguridad pública a las autoridades civiles, en principio a las federales, y gradualmente a las estatales y municipales, con la finalidad de que en el mediano plazo se restablezca plenamente la normalidad institucional.
“En este proceso, las fuerzas armadas seguirán presentes en la entidad y en el municipio, en apoyo a las autoridades civiles, responsables directas de la seguridad pública”, dijo.
En la etapa que inicia este jueves, precisó, las corporaciones policiacas de carácter civil, principales responsables de la seguridad, “se irán haciendo cargo de manera paulatina de las tareas de seguridad pública, como parte de la estrategia que prevé la recuperación gradual de las funciones que corresponden a cada nivel de gobierno”.
Gobernación anunció la nueva etapa de la estrategia y recordó que tendrá “fuerte componente social”, de manera paralela a un programa de sustitución vehicular para incorporar a la formalidad a los que circulan sin placas ni identificación en las calles de Juárez.
Durante abril el personal de la PF “será asistido” por militares en las áreas de recepción de llamadas, monitoreo y despacho.
Los soldados en funciones de enlace mantendrán coordinación permanente con el responsable de la PF en el Centro de Emergencias y Respuesta Inmediata, “a efecto de permitir la reacción oportuna del personal militar destacado en la zona, en caso de que se requiera su coadyuvancia”.
Fabiola Martínez, La Jornada, 1º de abril.
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