El pleno senatorial aprobó por unanimidad la reforma constitucional para mejorar el sistema de derechos humanos y las garantías individuales de los mexicanos y extranjeros en territorio nacional, incluso durante el estado de emergencia.
Con esta reforma, los senadores fortalecen a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que tendrá facultades de investigación en casos de violación grave a las garantías individuales, que por ahora tiene la Suprema Corte de Justicia.
La minuta regresará a la Cámara de Diputados y posteriormente pasará a los Congresos locales.
De acuerdo con la reforma aprobada, los servidores públicos quedan obligados a cooperar en la investigación de la CNDH e, incluso, a entregarle información considerada “reservada” para el desahogo de las indagatorias.
En caso de que los funcionarios se nieguen, el Senado los citará a comparecer para que expliquen públicamente sus razones.
Por primera vez, los extranjeros legales o ilegales en territorio nacional tendrán derecho de audiencia con el Ejecutivo antes de que se les pueda aplicar el artículo 33. Además se establece en la Constitución brindar asilo político a los extranjeros.
Defensa de los derechos
Obliga a incluir como eje rector de la política exterior la defensa de los derechos humanos y garantías, lo que significa que el gobierno federal debe fijar su posición en organismos multilaterales respecto a casos como la política de Cuba hacia la disidencia.
El paquete de reformas cimentó la discusión legislativa para regular la participación del Ejército en las calles y la eventual Declaratoria de Estado de Emergencia.
Los senadores acordaron que el Congreso aprobará la eventual suspensión de garantías.
El dictamen también propone que durante la suspensión de garantías, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revise de oficio la constitucionalidad de los decretos del Ejecutivo.
Con esta reforma de ley, el presidente de la CNDH será elegido mediante una consulta pública, mientras que los estados deberán contar con comisiones de derechos humanos autónomos.
El documento protege alrededor de 20 garantías individuales y derechos humanos durante el estado de emergencia. No se permite la pena de muerte, la esclavitud o la desaparición forzada.
Elena Michel y Ricardo Gómez, El Universal, 9 de abril.
Con esta reforma, los senadores fortalecen a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que tendrá facultades de investigación en casos de violación grave a las garantías individuales, que por ahora tiene la Suprema Corte de Justicia.
La minuta regresará a la Cámara de Diputados y posteriormente pasará a los Congresos locales.
De acuerdo con la reforma aprobada, los servidores públicos quedan obligados a cooperar en la investigación de la CNDH e, incluso, a entregarle información considerada “reservada” para el desahogo de las indagatorias.
En caso de que los funcionarios se nieguen, el Senado los citará a comparecer para que expliquen públicamente sus razones.
Por primera vez, los extranjeros legales o ilegales en territorio nacional tendrán derecho de audiencia con el Ejecutivo antes de que se les pueda aplicar el artículo 33. Además se establece en la Constitución brindar asilo político a los extranjeros.
Defensa de los derechos
Obliga a incluir como eje rector de la política exterior la defensa de los derechos humanos y garantías, lo que significa que el gobierno federal debe fijar su posición en organismos multilaterales respecto a casos como la política de Cuba hacia la disidencia.
El paquete de reformas cimentó la discusión legislativa para regular la participación del Ejército en las calles y la eventual Declaratoria de Estado de Emergencia.
Los senadores acordaron que el Congreso aprobará la eventual suspensión de garantías.
El dictamen también propone que durante la suspensión de garantías, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revise de oficio la constitucionalidad de los decretos del Ejecutivo.
Con esta reforma de ley, el presidente de la CNDH será elegido mediante una consulta pública, mientras que los estados deberán contar con comisiones de derechos humanos autónomos.
El documento protege alrededor de 20 garantías individuales y derechos humanos durante el estado de emergencia. No se permite la pena de muerte, la esclavitud o la desaparición forzada.
Elena Michel y Ricardo Gómez, El Universal, 9 de abril.
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