En la negociación sobre la ley de seguridad nacional las principales fuerzas políticas en el Senado acordaron reducir de 90 a 30 días el plazo para el retiro paulatino del Ejército, una vez que entre en vigor la nueva normatividad, e instituir que los militares que participen a futuro en el combate al crimen organizado serán juzgados por tribunales civiles en caso de violaciones a los derechos humanos de la población.
También convinieron en regular la actuación de las fuerzas armadas en la instalación de retenes y que respeten las garantías individuales y los derechos humanos de las personas sujetas a revisión.
El proyecto de dictamen se discutirá el lunes en comisiones unidas y se pretende aprobarlo la próxima semana, señaló el priísta Jesús Murillo Karam.
Ayer le hiceron cambios a la propuesta que presentó Murillo Karam. El perredista Tomás Torres planteó la modificación del artículo sexto transitorio, en el cual se señala que con la entrada en vigor de la nueva ley la fuerza armada permanente –que estaría integrada por el Ejército y la Marina– sólo podría continuar en la lucha contra el crimen organizado si cumple con las nuevas reglas en un plazo de 30 días.
En caso contrario, “las operaciones deberán cesar de inmediato y los militares regresar a sus cuarteles”. En el borrador anterior el plazo era de 90 días.
Otro cambio consistió en asentar en la ley que los delitos del fuero común contra ciudadanos, cometidos por militares que auxilien a autoridades civiles en tareas de combate al crimen organizado, “serán competencia de la jurisdicción civil”.
Las autoridades de la Secretaría de Gobernación, con las que se negocia el dictamen, no están de acuerdo en este punto.
Acerca de los retenes, en el artículo 75 se indica que dentro de la temporalidad y ubicación geográfica en que el Ejército participe, deberá respetar los derechos humanos de las personas sujetas a revisión, conforme a un protocolo diseñado para ese propósito que, entre otros puntos, contendrá: mecanismos de identificación de que los militares pertenecen al sistema; explicación detallada del operativo; atención especial a grupos vulnerables, niños, ancianos y discapacitados, y seguir los principios de racionalidad, profesionalismo, honestidad y uso legítimo de la fuerza.
El senador priísta Fernando Castro Trenti dijo que en la nueva ley quedará claro que el Ejército sólo podrá realizar tareas de auxilio para enfrentar al narcotráfico de manera temporal y con base en decretos que sustenten cada intervención. “La regla básica es que en ningún caso se suspenderán las garantías individuales ni los derechos humanos de los ciudadanos”.
También convinieron en regular la actuación de las fuerzas armadas en la instalación de retenes y que respeten las garantías individuales y los derechos humanos de las personas sujetas a revisión.
El proyecto de dictamen se discutirá el lunes en comisiones unidas y se pretende aprobarlo la próxima semana, señaló el priísta Jesús Murillo Karam.
Ayer le hiceron cambios a la propuesta que presentó Murillo Karam. El perredista Tomás Torres planteó la modificación del artículo sexto transitorio, en el cual se señala que con la entrada en vigor de la nueva ley la fuerza armada permanente –que estaría integrada por el Ejército y la Marina– sólo podría continuar en la lucha contra el crimen organizado si cumple con las nuevas reglas en un plazo de 30 días.
En caso contrario, “las operaciones deberán cesar de inmediato y los militares regresar a sus cuarteles”. En el borrador anterior el plazo era de 90 días.
Otro cambio consistió en asentar en la ley que los delitos del fuero común contra ciudadanos, cometidos por militares que auxilien a autoridades civiles en tareas de combate al crimen organizado, “serán competencia de la jurisdicción civil”.
Las autoridades de la Secretaría de Gobernación, con las que se negocia el dictamen, no están de acuerdo en este punto.
Acerca de los retenes, en el artículo 75 se indica que dentro de la temporalidad y ubicación geográfica en que el Ejército participe, deberá respetar los derechos humanos de las personas sujetas a revisión, conforme a un protocolo diseñado para ese propósito que, entre otros puntos, contendrá: mecanismos de identificación de que los militares pertenecen al sistema; explicación detallada del operativo; atención especial a grupos vulnerables, niños, ancianos y discapacitados, y seguir los principios de racionalidad, profesionalismo, honestidad y uso legítimo de la fuerza.
El senador priísta Fernando Castro Trenti dijo que en la nueva ley quedará claro que el Ejército sólo podrá realizar tareas de auxilio para enfrentar al narcotráfico de manera temporal y con base en decretos que sustenten cada intervención. “La regla básica es que en ningún caso se suspenderán las garantías individuales ni los derechos humanos de los ciudadanos”.
Andrea Becerril y Vïctor Ballinas, La Jornada, 16 de abril.
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