Washington, 30 de agosto. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció hoy una nueva acción judicial contra Arizona relacionada con los inmigrantes: se trata de una demanda contra el sistema de universidades del condado de Maricopa, por su presunta “discriminación” de trabajadores migrantes.
Según informó el Departamento de Justicia en un comunicado, la demanda fue presentada después de que una investigación reveló que este grupo de 10 universidades y varios centros educativos adicionales en el área de Phoenix practicó “patrones de discriminación al imponer obstáculos innecesarios y discriminatorios” contra solicitantes de empleo de origen extranjero, si bien con permiso de trabajo en Estados Unidos.
Dicho distrito “exigía a todos los no estadunidenses contratados que presentaran documentos adicionales que probaran la autorización para trabajar más allá de los exigidos por la ley, pero no obligaba a los ciudadanos estadunidenses a hacer lo mismo”, de acuerdo con el Departamento de Justicia, que dijo haber documentado al menos 247 casos hasta enero de este año.
“Las previsiones antidiscriminatorias del Acta de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) hace ilegal que durante el proceso de contratación se dé trato diferente a los trabajadores autorizados sólo por su ciudadanía”, sostuvo el fiscal general adjunto de la División de Derechos Civiles del Departamento, Thomas Perez.
No es la primera vez que el Departamento de Justicia actúa frente a las políticas migratorias en Arizona. De hecho, su demanda interpuesta por orden del presidente Barack Obama contra la polémica ley migratoria SB 1070, aprobada por la gobernadora de ese estado fronterizo, Jan Brewer, fue la causante de que una juez congelara partes clave de la controvertida normativa antes de su entrada en vigor, el 29 de julio.
Entre otras, la magistrada bloqueó la disposición que obligaba a los agentes de la ley a investigar el estatus migratorio de cualquier ciudadano retenido por una infracción si tenía una “sospecha razonable” de su situación legal en el país, en una decisión que fue apelada de inmediato por el estado de Arizona, sin que hasta la fecha haya una nueva decisión judicial.
El condado de Maricopa es especialmente famoso en la disputa migratoria, ya que su sheriff, Joe Arpaio, es uno de los mayores defensores de la SB 1070 y lleva años aplicando de la forma más estricta posible todas las leyes migratorias del país.
El Departamento de Justicia investiga actualmente varias denuncias sobre una presunta violación de derechos civiles de inmigrantes por parte de Arpaio y sus agentes.
Según informó el Departamento de Justicia en un comunicado, la demanda fue presentada después de que una investigación reveló que este grupo de 10 universidades y varios centros educativos adicionales en el área de Phoenix practicó “patrones de discriminación al imponer obstáculos innecesarios y discriminatorios” contra solicitantes de empleo de origen extranjero, si bien con permiso de trabajo en Estados Unidos.
Dicho distrito “exigía a todos los no estadunidenses contratados que presentaran documentos adicionales que probaran la autorización para trabajar más allá de los exigidos por la ley, pero no obligaba a los ciudadanos estadunidenses a hacer lo mismo”, de acuerdo con el Departamento de Justicia, que dijo haber documentado al menos 247 casos hasta enero de este año.
“Las previsiones antidiscriminatorias del Acta de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) hace ilegal que durante el proceso de contratación se dé trato diferente a los trabajadores autorizados sólo por su ciudadanía”, sostuvo el fiscal general adjunto de la División de Derechos Civiles del Departamento, Thomas Perez.
No es la primera vez que el Departamento de Justicia actúa frente a las políticas migratorias en Arizona. De hecho, su demanda interpuesta por orden del presidente Barack Obama contra la polémica ley migratoria SB 1070, aprobada por la gobernadora de ese estado fronterizo, Jan Brewer, fue la causante de que una juez congelara partes clave de la controvertida normativa antes de su entrada en vigor, el 29 de julio.
Entre otras, la magistrada bloqueó la disposición que obligaba a los agentes de la ley a investigar el estatus migratorio de cualquier ciudadano retenido por una infracción si tenía una “sospecha razonable” de su situación legal en el país, en una decisión que fue apelada de inmediato por el estado de Arizona, sin que hasta la fecha haya una nueva decisión judicial.
El condado de Maricopa es especialmente famoso en la disputa migratoria, ya que su sheriff, Joe Arpaio, es uno de los mayores defensores de la SB 1070 y lleva años aplicando de la forma más estricta posible todas las leyes migratorias del país.
El Departamento de Justicia investiga actualmente varias denuncias sobre una presunta violación de derechos civiles de inmigrantes por parte de Arpaio y sus agentes.
La Jornada, 31 de agosto.
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