Mientras las autoridades de México no den respuesta integral a la “tragedia que viven a diario” los migrantes que cruzan el territorio nacional para llegar a Estados Unidos, y éstos estén imposibilitados de denunciar los delitos cometidos en su contra, porque con base en el artículo 67 de la Ley General de Población los agentes del Ministerio Público deben entregarlos al Instituto Nacional de Migración (INM), “cualquier patán podrá seguir haciendo lo que quiera con ellos”, señaló Leticia Gutiérrez Valderrama, secretaria ejecutiva de la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana (DPMH) de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).
Entrevistada con motivo de la masacre de 72 indocumentados en Tamaulipas, lamentó que sólo después de un hecho como el citado se visibilicen las “atrocidades” que enfrentan los migrantes, episodio que probablemente ha ocurrido más de una vez, dijo.
“¿Cuántas fosas clandestinas más habrá, cuántos migrantes más han sido deshechos en ácido para borrar huellas? Definitivamente no podemos presentarnos ante el mundo como res- petuosos y defensores de los derechos humanos cuando estas situaciones son resultado de la omisión, la complicidad y la desatención gubernamental del flujo migratorio”, advirtió.
Indicó que desde que comenzó el sexenio, la DPMH ha denunciado ante el gobierno los “secuestros, extorsiones y torturas” a que son sometidos los migrantes por bandas criminales, las que actúan en “complicidad” con funcionarios e integrantes de cuerpos policiacos.
“Cada vez que denunciamos nos dicen que estamos fantaseando, lo que demuestra el desinterés del gobierno mexicano ante esta tragedia; ahora son 72 migrantes, mañana quién sabe. Los asesinan de diversas maneras (cuando no pagan los rescates) e incluso los deshacen en ácido; es un dolor indignante”
“Desde que Felipe Calderón entró al gobierno fuimos con Francisco Ramírez Acuña (ex secretario de Gobernación) y le expusimos la situación, y lo mismo hicimos con los siguientes secretarios, y no se hace nada, pero por desgracia, el crimen organizado sí se ha sistematizado para cometer estas barbaries”.
Señaló que la DPMH cuenta con más de 50 casas de migrantes en el país, “y pese a los oídos sordos, seguiremos tocando puertas nacionales e internacionales”. Añadió que “sin duda volveremos a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Huma- nos, la cual, con base en información recibida por la pastoral, en marzo pasado realizó en Washington una audiencia temática sobre la situación.
Gutiérrez exhortó a modificar el artículo 67 de la Ley General de Población, pues aseguró que “impide a los migrantes tener acceso a la justicia, ya que el MP tiene la obligación de entregarlos inmediatamente al INM para su deportación, independientemente del delito que hayan sufrido; es una ley injusta que valora a la persona según su condición migratoria”.
Entrevistada con motivo de la masacre de 72 indocumentados en Tamaulipas, lamentó que sólo después de un hecho como el citado se visibilicen las “atrocidades” que enfrentan los migrantes, episodio que probablemente ha ocurrido más de una vez, dijo.
“¿Cuántas fosas clandestinas más habrá, cuántos migrantes más han sido deshechos en ácido para borrar huellas? Definitivamente no podemos presentarnos ante el mundo como res- petuosos y defensores de los derechos humanos cuando estas situaciones son resultado de la omisión, la complicidad y la desatención gubernamental del flujo migratorio”, advirtió.
Indicó que desde que comenzó el sexenio, la DPMH ha denunciado ante el gobierno los “secuestros, extorsiones y torturas” a que son sometidos los migrantes por bandas criminales, las que actúan en “complicidad” con funcionarios e integrantes de cuerpos policiacos.
“Cada vez que denunciamos nos dicen que estamos fantaseando, lo que demuestra el desinterés del gobierno mexicano ante esta tragedia; ahora son 72 migrantes, mañana quién sabe. Los asesinan de diversas maneras (cuando no pagan los rescates) e incluso los deshacen en ácido; es un dolor indignante”
“Desde que Felipe Calderón entró al gobierno fuimos con Francisco Ramírez Acuña (ex secretario de Gobernación) y le expusimos la situación, y lo mismo hicimos con los siguientes secretarios, y no se hace nada, pero por desgracia, el crimen organizado sí se ha sistematizado para cometer estas barbaries”.
Señaló que la DPMH cuenta con más de 50 casas de migrantes en el país, “y pese a los oídos sordos, seguiremos tocando puertas nacionales e internacionales”. Añadió que “sin duda volveremos a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Huma- nos, la cual, con base en información recibida por la pastoral, en marzo pasado realizó en Washington una audiencia temática sobre la situación.
Gutiérrez exhortó a modificar el artículo 67 de la Ley General de Población, pues aseguró que “impide a los migrantes tener acceso a la justicia, ya que el MP tiene la obligación de entregarlos inmediatamente al INM para su deportación, independientemente del delito que hayan sufrido; es una ley injusta que valora a la persona según su condición migratoria”.
Carolina Gómez Mena, La Jornada, 29 de agosto.
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