La operación de las mafias para el tráfico de personas en México es posible ante la “enorme corrupción” que hay en el país y se traduce en los nexos de estas organizaciones con autoridades de control migratorio y fuerzas policiacas a lo largo del territorio, ante un negocio lucrativo en el que cada indocumentado que cruza por el país paga un promedio de 10 mil dólares para llegar a Estados Unidos.
José Miguel Vivanco, director para América de Human Rights Watch (HRW), en entrevista con EL UNIVERSAL, indicó que esto explica la ejecución de 72 indocumentados en Tamaulipas, que aunque es el caso más grave, no es el único de los abusos sistemáticos a los que están expuestos los migrantes de Centro y Sudamérica en su tránsito por México, mientras que el gobierno federal carece de una política de Estado para impedir violaciones a sus garantías o que sean víctimas de la delincuencia.
De hecho, el gobierno de México presentó en julio pasado un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que advirtió sobre la posibilidad de que los migrantes indocumentados pudieran ser asesinados por el crimen organizado, aunque el documento no señala ninguna medida a corto plazo para impedir este fenómeno.
Víctimas de abusos
El reporte de Human Rights Watch afirma que los migrantes indocumentados son víctimas de privaciones ilegales de la libertad, extorsiones y trata de personas, pero existe un subregistro de casos, no hay estadísticas oficiales ni mecanismos para fomentar la denuncia, además de que “los secuestrados puede ser obligados a pagar su rescate ayudando a plagiar a otros, a engrosar las filas de secuestradores o incluso corren riesgo de ser asesinados por sus captores”.
Vivanco, director para América de Human Rights Watch, destacó que en las últimas dos décadas, México se ha destacado por defender a sus connacionales y denunciar el maltrato del que son objeto en Estados Unidos, en contraste, no hay una política interna que impida que los indocumentados que cruzan el territorio sean víctimas de secuestros, robos, abusos, extorsiones y homicidio.
No hay investigación
“No se ha diseñado aún una política de Estado creíble que pueda velar, no sólo por la seguridad de los migrantes, sino también que permita investigar eficazmente y a fondo estos delitos, incluso los más graves, como la masacre de 72 de ellos, que es un caso atroz por lo numeroso, pero no es el único”, aseguró Vivanco.
Ante este panorama, el funcionario de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco dijo que México debe contar con policías y fiscales especializados que desmantelen estas mafias para el tráfico de personas, pero sobre todo, “se deben combatir los nexos que existen entre esas mafias y funcionarios públicos de distintas agencias —autoridades migratorias y policiacas— a lo largo del país, ésta es la tarea prioritaria más difícil, porque aquí hay mucho dinero e intereses de por medio que han provocado que este fenómeno crezca y se consolide”.
Corrupción, principal problema
Para el especialista es claro que la ejecución masiva de migrantes indocumentados de Centroamérica y en general la existencia de las redes que trafican con ellos, “sólo se puede dar si hay una enorme corrupción de por medio y esto es lo que existe, las mafias operan con la complicidad de servidores públicos en México y esa es gran parte del problema que impide erradicar estas prácticas, ante un negocio en el que las presas son fáciles, vulnerables, dejan grandes ganancias y en su mayoría son casos impunes”.
José Miguel Vivanco, director para América de Human Rights Watch (HRW), en entrevista con EL UNIVERSAL, indicó que esto explica la ejecución de 72 indocumentados en Tamaulipas, que aunque es el caso más grave, no es el único de los abusos sistemáticos a los que están expuestos los migrantes de Centro y Sudamérica en su tránsito por México, mientras que el gobierno federal carece de una política de Estado para impedir violaciones a sus garantías o que sean víctimas de la delincuencia.
De hecho, el gobierno de México presentó en julio pasado un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que advirtió sobre la posibilidad de que los migrantes indocumentados pudieran ser asesinados por el crimen organizado, aunque el documento no señala ninguna medida a corto plazo para impedir este fenómeno.
Víctimas de abusos
El reporte de Human Rights Watch afirma que los migrantes indocumentados son víctimas de privaciones ilegales de la libertad, extorsiones y trata de personas, pero existe un subregistro de casos, no hay estadísticas oficiales ni mecanismos para fomentar la denuncia, además de que “los secuestrados puede ser obligados a pagar su rescate ayudando a plagiar a otros, a engrosar las filas de secuestradores o incluso corren riesgo de ser asesinados por sus captores”.
Vivanco, director para América de Human Rights Watch, destacó que en las últimas dos décadas, México se ha destacado por defender a sus connacionales y denunciar el maltrato del que son objeto en Estados Unidos, en contraste, no hay una política interna que impida que los indocumentados que cruzan el territorio sean víctimas de secuestros, robos, abusos, extorsiones y homicidio.
No hay investigación
“No se ha diseñado aún una política de Estado creíble que pueda velar, no sólo por la seguridad de los migrantes, sino también que permita investigar eficazmente y a fondo estos delitos, incluso los más graves, como la masacre de 72 de ellos, que es un caso atroz por lo numeroso, pero no es el único”, aseguró Vivanco.
Ante este panorama, el funcionario de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco dijo que México debe contar con policías y fiscales especializados que desmantelen estas mafias para el tráfico de personas, pero sobre todo, “se deben combatir los nexos que existen entre esas mafias y funcionarios públicos de distintas agencias —autoridades migratorias y policiacas— a lo largo del país, ésta es la tarea prioritaria más difícil, porque aquí hay mucho dinero e intereses de por medio que han provocado que este fenómeno crezca y se consolide”.
Corrupción, principal problema
Para el especialista es claro que la ejecución masiva de migrantes indocumentados de Centroamérica y en general la existencia de las redes que trafican con ellos, “sólo se puede dar si hay una enorme corrupción de por medio y esto es lo que existe, las mafias operan con la complicidad de servidores públicos en México y esa es gran parte del problema que impide erradicar estas prácticas, ante un negocio en el que las presas son fáciles, vulnerables, dejan grandes ganancias y en su mayoría son casos impunes”.
Silvia Otero, EL Universal, 29 de agosto.
0 Responses to "Mafias de “polleros”, auxiliadas por migración y policías: HRW"
Publicar un comentario