El PRD en la Cámara de Diputados respaldará la disminución del IVA del 16 al 15% y del 11 al 10% en zonas fronterizas, a cambio de que se eliminen algunos regímenes especiales que favorecen a los que más tienen y con lo cual se podría compensar los 30 mil millones de pesos que las finanzas del país dejarían de percibir por esa medida que impulsa el PRI.
Durante su plenaria para definir su agenda legislativa en este periodo ordinario de sesiones que arranca en septiembre, los perredistas consideraron que el PRI busca rentabilidad electoral al proponer una reducción del IVA para el próximo año.
Pero lo respaldarán si se atacan los regímenes de excepción y no se pretende un IVA en medicamentos y alimentos.
La vocera perredista, Leticia Quezada, adelantó que las prioridades de su bancada serán la seguridad pública, combatir el lavado de dinero, la reforma fiscal y el rechazo al IVA en alimento y medicinas.
En el documento denominado “Agenda Estratégica”, de 30 páginas, los perredistas también rechazaron el esquema de subrogación de guarderías y aprobaron impulsar que se faculte al Congreso de la Unión para que tenga acceso a la información en poder de la Secretaría de Hacienda, sin que se considere violatorio el secreto fiscal.
PRESIDENTE SANCIONABLE. El PRD buscará en los próximos meses cambios profundos en la reforma electoral de cara a las elecciones presidenciales del 2012, e incluso para el nuevo gobierno que surja de esos comicios.
De entrada buscan convertir al jefe del Ejecutivo en sujeto de juicio político —como ya lo planteó el PRI— y sancionar conductas como la intervención del Presidente de la República en las elecciones, el rebase de topes de campaña, la utilización de recursos indebidos y la introducción de cualquier elemento de inequidad.
Además que el Congreso de la Unión tenga facultades para ratificar y revocar los nombramientos de los integrantes del gabinete presidencial.
Asimismo, establecer sanciones para los sujetos o funcionarios que incumplan la convocatoria a comparecer ante el Congreso de la Unión.
En lo relativo al ámbito electoral, el sol azteca impulsará la creación de un instituto nacional electoral de participación ciudadana que organice las elecciones en todo el país y “penalizar severamente” los delitos electorales en los próximos comicios.
Por ello, promoverá sanciones para los concesionarios y permisionarios de radio y televisión que no transmitan los mensajes electorales conforme a las pautas aprobadas por el IFE, que alteren, distorsionen el mensaje, denigren a los partidos, candidatos o instituciones.
De igual manera buscarán profundizar en el rediseño de los mecanismos de austeridad para cerrar los resquicios que aún existen en la legislación para que se filtre dinero ilícito a las campañas electorales y para eliminar el financiamiento privado, ya que incentivan la posibilidad de que se excedan los topes de campaña aprobados por la autoridad electoral.
Durante su plenaria para definir su agenda legislativa en este periodo ordinario de sesiones que arranca en septiembre, los perredistas consideraron que el PRI busca rentabilidad electoral al proponer una reducción del IVA para el próximo año.
Pero lo respaldarán si se atacan los regímenes de excepción y no se pretende un IVA en medicamentos y alimentos.
La vocera perredista, Leticia Quezada, adelantó que las prioridades de su bancada serán la seguridad pública, combatir el lavado de dinero, la reforma fiscal y el rechazo al IVA en alimento y medicinas.
En el documento denominado “Agenda Estratégica”, de 30 páginas, los perredistas también rechazaron el esquema de subrogación de guarderías y aprobaron impulsar que se faculte al Congreso de la Unión para que tenga acceso a la información en poder de la Secretaría de Hacienda, sin que se considere violatorio el secreto fiscal.
PRESIDENTE SANCIONABLE. El PRD buscará en los próximos meses cambios profundos en la reforma electoral de cara a las elecciones presidenciales del 2012, e incluso para el nuevo gobierno que surja de esos comicios.
De entrada buscan convertir al jefe del Ejecutivo en sujeto de juicio político —como ya lo planteó el PRI— y sancionar conductas como la intervención del Presidente de la República en las elecciones, el rebase de topes de campaña, la utilización de recursos indebidos y la introducción de cualquier elemento de inequidad.
Además que el Congreso de la Unión tenga facultades para ratificar y revocar los nombramientos de los integrantes del gabinete presidencial.
Asimismo, establecer sanciones para los sujetos o funcionarios que incumplan la convocatoria a comparecer ante el Congreso de la Unión.
En lo relativo al ámbito electoral, el sol azteca impulsará la creación de un instituto nacional electoral de participación ciudadana que organice las elecciones en todo el país y “penalizar severamente” los delitos electorales en los próximos comicios.
Por ello, promoverá sanciones para los concesionarios y permisionarios de radio y televisión que no transmitan los mensajes electorales conforme a las pautas aprobadas por el IFE, que alteren, distorsionen el mensaje, denigren a los partidos, candidatos o instituciones.
De igual manera buscarán profundizar en el rediseño de los mecanismos de austeridad para cerrar los resquicios que aún existen en la legislación para que se filtre dinero ilícito a las campañas electorales y para eliminar el financiamiento privado, ya que incentivan la posibilidad de que se excedan los topes de campaña aprobados por la autoridad electoral.
Alejandro Páéz, La Crónica, 31 de agosto.
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