El “ominoso escenario de ingobernabilidad e inconstitucionalidad” que se cierne sobre el país sólo podrá revertirse si el Congreso de la Unión asume con responsabilidad cambios radicales que eliminen privilegios fiscales a un sector; se atiende a los millones de jóvenes que carecen de oportunidad de desarrollo, con mejores estándares de educación y empleo, y se invierten en infraestructura productiva los miles de millones de pesos que el gobierno federal privatizó en fideicomisos y mandatos privados.
Advirtió lo anterior Alejandro Encinas Rodríguez, coordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, quien señaló también que con “bravuconadas”, el PRI se ha convertido en factor de deterioro político, elemento de descomposición autoritaria y un riesgo social, que ahora en abierta violación de la ley intenta un albazo con objeto de imponerse como conductor de la mesa directiva en San Lázaro durante los próximos 18 meses.
La víspera de la reunión plenaria de los diputados perredistas –con miras al inicio del periodo ordinario de sesiones–, Encinas refiere que de septiembre a diciembre próximos impulsarán una reforma fiscal cuyos fundamentos consoliden un régimen que garantizaría recursos suficientes al erario, eliminando privilegios; la disminución del IVA, con el consecuente incremento en el consumo y la recuperación adquisitiva de los salarios.
Cifras sin maquillaje
“Hay que establecer medidas impositivas más claras para gravar los dividendos, es decir, la distribución de las ganancias que el sector privado no reinvierte, así como la especulación en el mercado de valores. Queremos revisar todos los privilegios fiscales que existen para evadir y devolver millonarias cantidades de dinero a empresarios favoritos del régimen, así como las inexplicables deducciones de impuestos que favorecen a algunos sectores, particularmente los ligados al transporte.”
En el ámbito social, los perredistas someterán a consideración de la Cámara de Diputados la urgencia de atender a dos generaciones de jóvenes que han perdido toda oportunidad, porque por más maquillaje oficial de cifras, sí hay 7 millones que no estudian ni trabajan. Se trata de atenderlos no en la lógica del deporte, sino canalizando recursos para frenar el proceso de deserción escolar, con becas y apoyos para que terminen sus estudios, y para la capacitación del empleo.
Los ejes de la propuesta económica del PRD se sustentarán en la reorientación del gasto público que permita una derrama importante en infraestructura, rediseñar las políticas de fortalecimiento del empleo a partir de la pequeña y mediana empresa, fortaleciendo el fomento al crédito para desarrollar inversiones y retirar la enorme carga fiscal. En este caso –señala–, eliminar a las Pymes del régimen del IETU (impuesto empresarial a tasa única) para que queden inscritas solamente en el ISR, disminuyendo a 28 por ciento la tasa máxima de este último.
“Por supuesto que no sólo hay que trasparentar los recursos que se canalizan por medio de fideicomisos privados, sino que éstos deben convertirse en públicos o en programas específicos de gobierno; no se puede seguir tolerando la privatización de fondos federales en fideicomisos que se sujetan a una normativa distinta a la de cualquier recurso público. Una visión federalista del gasto del presupuesto y que permita mayor distribución hacia estados y municipios, pero no para fortalecer los feudos y cacicazgos de los gobernadores, sino con mecanismos de control y fiscalización.
“No puede ser que hoy un profesor universitario sea colocado en la tasa máxima del pago de ISR de 32 por ciento, cuando su ingreso apenas alcanza los 18 o 20 mil pesos mensuales, cuando los grandes consorcios pagan 2 o 1.5 por ciento de impuestos sobre sus ganancias, ¡cuando pagan!, porque después se los devuelven.”
–El desempleo y el insaciable incremento de impuestos ya son parte central de la novela trágica en el país –se le señaló.
–De 1982 a la fecha, el salario perdió 70 por ciento de su poder de compra. Tiene que desaparecer la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos porque se convirtió en factor de contención y no cumplió con su objetivo central, que era garantizar percepciones remuneradoras y dignas para los trabajadores. Vamos a impulsar que se regrese el IVA a 15 por ciento, incrementar la exención del ISR por lo menos hasta 20 minisalarios para permitir una mínima recuperación de las percepciones.
Autoritarismo del PRI
Encinas advierte que la 61 Legislatura está inmersa en un escenario de encono político y electoral, por lo que se está en riesgo de caer en una crisis de ingobernabilidad e inconstitucionalidad, ane “la necedad del PRI de violar la Ley Orgánica del Congreso para imponer la extensión de su periodo en los órganos de gobierno, cuando la ley mandata la forma en que se ocupan la Junta de Coordinación Política y la mesa directiva, queriendo regresar a sus prácticas autoritarias de las épocas del presidencialismo hegemónico, sin entender que este país ya cambió”.
–¿Cómo va a actuar el PRD si el PRI, junto al Partido Verde, insiste en el albazo?
–El PRI no puede decidir absolutamente nada, no sólo porque la mesa directiva no se nombra por una decisión unilateral, requiere de las dos terceras partes –mayoría calificada– en el pleno de la Cámara. La ley establece la rotación de la dirección de ésta y de la Junta de Coordinación para los tres principales partidos, y no se puede violar.
“De romperse ese escenario incurriríamos en una ilegalidad, porque el próximo año corresponden al PRD los dos órganos de gobierno, y si se genera una situación de inconstitucionalidad sobre la base de cómo se integran dichos órganos, no tendrían validez los actos legales que se adopten”, advierte.
Advirtió lo anterior Alejandro Encinas Rodríguez, coordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, quien señaló también que con “bravuconadas”, el PRI se ha convertido en factor de deterioro político, elemento de descomposición autoritaria y un riesgo social, que ahora en abierta violación de la ley intenta un albazo con objeto de imponerse como conductor de la mesa directiva en San Lázaro durante los próximos 18 meses.
La víspera de la reunión plenaria de los diputados perredistas –con miras al inicio del periodo ordinario de sesiones–, Encinas refiere que de septiembre a diciembre próximos impulsarán una reforma fiscal cuyos fundamentos consoliden un régimen que garantizaría recursos suficientes al erario, eliminando privilegios; la disminución del IVA, con el consecuente incremento en el consumo y la recuperación adquisitiva de los salarios.
Cifras sin maquillaje
“Hay que establecer medidas impositivas más claras para gravar los dividendos, es decir, la distribución de las ganancias que el sector privado no reinvierte, así como la especulación en el mercado de valores. Queremos revisar todos los privilegios fiscales que existen para evadir y devolver millonarias cantidades de dinero a empresarios favoritos del régimen, así como las inexplicables deducciones de impuestos que favorecen a algunos sectores, particularmente los ligados al transporte.”
En el ámbito social, los perredistas someterán a consideración de la Cámara de Diputados la urgencia de atender a dos generaciones de jóvenes que han perdido toda oportunidad, porque por más maquillaje oficial de cifras, sí hay 7 millones que no estudian ni trabajan. Se trata de atenderlos no en la lógica del deporte, sino canalizando recursos para frenar el proceso de deserción escolar, con becas y apoyos para que terminen sus estudios, y para la capacitación del empleo.
Los ejes de la propuesta económica del PRD se sustentarán en la reorientación del gasto público que permita una derrama importante en infraestructura, rediseñar las políticas de fortalecimiento del empleo a partir de la pequeña y mediana empresa, fortaleciendo el fomento al crédito para desarrollar inversiones y retirar la enorme carga fiscal. En este caso –señala–, eliminar a las Pymes del régimen del IETU (impuesto empresarial a tasa única) para que queden inscritas solamente en el ISR, disminuyendo a 28 por ciento la tasa máxima de este último.
“Por supuesto que no sólo hay que trasparentar los recursos que se canalizan por medio de fideicomisos privados, sino que éstos deben convertirse en públicos o en programas específicos de gobierno; no se puede seguir tolerando la privatización de fondos federales en fideicomisos que se sujetan a una normativa distinta a la de cualquier recurso público. Una visión federalista del gasto del presupuesto y que permita mayor distribución hacia estados y municipios, pero no para fortalecer los feudos y cacicazgos de los gobernadores, sino con mecanismos de control y fiscalización.
“No puede ser que hoy un profesor universitario sea colocado en la tasa máxima del pago de ISR de 32 por ciento, cuando su ingreso apenas alcanza los 18 o 20 mil pesos mensuales, cuando los grandes consorcios pagan 2 o 1.5 por ciento de impuestos sobre sus ganancias, ¡cuando pagan!, porque después se los devuelven.”
–El desempleo y el insaciable incremento de impuestos ya son parte central de la novela trágica en el país –se le señaló.
–De 1982 a la fecha, el salario perdió 70 por ciento de su poder de compra. Tiene que desaparecer la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos porque se convirtió en factor de contención y no cumplió con su objetivo central, que era garantizar percepciones remuneradoras y dignas para los trabajadores. Vamos a impulsar que se regrese el IVA a 15 por ciento, incrementar la exención del ISR por lo menos hasta 20 minisalarios para permitir una mínima recuperación de las percepciones.
Autoritarismo del PRI
Encinas advierte que la 61 Legislatura está inmersa en un escenario de encono político y electoral, por lo que se está en riesgo de caer en una crisis de ingobernabilidad e inconstitucionalidad, ane “la necedad del PRI de violar la Ley Orgánica del Congreso para imponer la extensión de su periodo en los órganos de gobierno, cuando la ley mandata la forma en que se ocupan la Junta de Coordinación Política y la mesa directiva, queriendo regresar a sus prácticas autoritarias de las épocas del presidencialismo hegemónico, sin entender que este país ya cambió”.
–¿Cómo va a actuar el PRD si el PRI, junto al Partido Verde, insiste en el albazo?
–El PRI no puede decidir absolutamente nada, no sólo porque la mesa directiva no se nombra por una decisión unilateral, requiere de las dos terceras partes –mayoría calificada– en el pleno de la Cámara. La ley establece la rotación de la dirección de ésta y de la Junta de Coordinación para los tres principales partidos, y no se puede violar.
“De romperse ese escenario incurriríamos en una ilegalidad, porque el próximo año corresponden al PRD los dos órganos de gobierno, y si se genera una situación de inconstitucionalidad sobre la base de cómo se integran dichos órganos, no tendrían validez los actos legales que se adopten”, advierte.
Roberto Garduño, La Jornada, 29 de agosto.
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