La Secretaría de Gobernación condenó “de manera enérgica los atentados con artefactos explosivos ocurridos en Reynosa, Tamaulipas”, y anunció que se reforzará la presencia de las fuerzas federales en esa entidad, para contener la violencia que se ha desatado. La dependencia informó que el responsable de la política interior, Francisco Blake Mora, mantuvo contacto telefónico con el gobernador tamaulipeco, Eugenio Hernández Flores, para evaluar los recientes hechos violentos, incluida la masacre de 72 migrantes en un rancho de la entidad.
Tras la condena a los atentados, Gobernación informó que como parte de la coordinación con el Ejecutivo estatal se acordó realizar acciones para la atención a las víctimas de estos hechos. Se informó que se mantendrá la coordinación en torno a la investigación de los sucesos, si bien en el caso de las explosiones no se precisó si la Procuraduría General de la República (PGR) atraerá las pesquisas como se hizo explícito en torno al caso de los migrantes ejecutados, “dada la magnitud y el carácter de los acontecimientos”.
Ambas instancias gubernamentales acordaron dar protección a víctimas y testigos de ambos sucesos, para lo cual, entre otros aspectos, se “fortalecerá la presencia de las fuerzas federales y de elementos del Ejército con labores de inteligencia, para continuar con los esfuerzos de desarticulación de las bandas criminales que acechan la entidad”.
En otro orden, Gobernación exhortó al Congreso de la Unión a dejar de lado los intereses partidistas y avanzar en los acuerdos y el diálogo que permitan fortalecer el contexto legal para combatir al crimen organizado. La dependencia informó que al concluir los Diálogos por la Seguridad, impulsados por el presidente Felipe Calderón, se desprendieron “una amplia gama de iniciativas y propuestas por parte de distintos sectores de la sociedad, por lo que el Congreso se convierte ahora en una instancia determinante para renovar y fortalecer la estrategia del Estado mexicano contra el crimen organizado”.
Gobernación aseguró que en el gobierno federal “no existe vacilación ni tregua que concedan ventaja a la delincuencia organizada”, como lo muestran las recientes iniciativas relacionadas con el combate al lavado de dinero y en otras reformas colaterales, como la ley contra el secuestro o las reformas en materia de seguridad nacional.
En este contexto, la dependencia federal enfatizó que la lucha contra el crimen organizado no es sólo responsabilidad de un hombre o de un poder, sino corresponsabilidad de todas las instancias del Estado mexicano.
Paralelamente, Gobernación recordó la necesidad de que en el Congreso se aprueben otras iniciativas tendientes a acelerar la reactivación económica y alentar la generación de empleos. Indicó que se requieren estas reformas que otorguen, dijo, mayor certidumbre a los inversionistas nacionales y extranjeros.
Tras la condena a los atentados, Gobernación informó que como parte de la coordinación con el Ejecutivo estatal se acordó realizar acciones para la atención a las víctimas de estos hechos. Se informó que se mantendrá la coordinación en torno a la investigación de los sucesos, si bien en el caso de las explosiones no se precisó si la Procuraduría General de la República (PGR) atraerá las pesquisas como se hizo explícito en torno al caso de los migrantes ejecutados, “dada la magnitud y el carácter de los acontecimientos”.
Ambas instancias gubernamentales acordaron dar protección a víctimas y testigos de ambos sucesos, para lo cual, entre otros aspectos, se “fortalecerá la presencia de las fuerzas federales y de elementos del Ejército con labores de inteligencia, para continuar con los esfuerzos de desarticulación de las bandas criminales que acechan la entidad”.
En otro orden, Gobernación exhortó al Congreso de la Unión a dejar de lado los intereses partidistas y avanzar en los acuerdos y el diálogo que permitan fortalecer el contexto legal para combatir al crimen organizado. La dependencia informó que al concluir los Diálogos por la Seguridad, impulsados por el presidente Felipe Calderón, se desprendieron “una amplia gama de iniciativas y propuestas por parte de distintos sectores de la sociedad, por lo que el Congreso se convierte ahora en una instancia determinante para renovar y fortalecer la estrategia del Estado mexicano contra el crimen organizado”.
Gobernación aseguró que en el gobierno federal “no existe vacilación ni tregua que concedan ventaja a la delincuencia organizada”, como lo muestran las recientes iniciativas relacionadas con el combate al lavado de dinero y en otras reformas colaterales, como la ley contra el secuestro o las reformas en materia de seguridad nacional.
En este contexto, la dependencia federal enfatizó que la lucha contra el crimen organizado no es sólo responsabilidad de un hombre o de un poder, sino corresponsabilidad de todas las instancias del Estado mexicano.
Paralelamente, Gobernación recordó la necesidad de que en el Congreso se aprueben otras iniciativas tendientes a acelerar la reactivación económica y alentar la generación de empleos. Indicó que se requieren estas reformas que otorguen, dijo, mayor certidumbre a los inversionistas nacionales y extranjeros.
La Jornada, 30 de agosto.
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