Organizaciones de derechos humanos, sociales y de familiares de víctimas de desaparición forzada manifestaron que en el país la impunidad en esos casos es de ciento por ciento, ya que hasta el momento no existe un solo sancionado por los más de 3 mil posibles hechos de desapariciones forzadas por motivos políticos y sociales, “que el Estado por acción, omisión o aquiescencia ha cometido” en contra del pueblo mexicano.
Al anunciar la campaña nacional contra la desaparición forzada, indicaron que los esfuerzos de miles de familiares y de organizaciones en América Latina han logrado avances en la búsqueda de justicia y la presentación con vida de los desaparecidos.
“La supuesta guerra desatada contra el narcotráfico ha ocasionado graves violaciones a los derechos humanos. La cifra de más de 28 mil asesinatos y más de 3 mil desaparecidos sigue creciendo, y la respuesta del Estado es infame: los asesinatos –argumenta– fueron víctimas de fuego cruzado y los desaparecidos, levantados por la delincuencia organizada.
“Hoy todo lo que sucede en el país es, según el gobierno, responsabilidad del crimen organizado, especialmente el narcotráfico, argumento falaz que se colapsa ante el análisis mismo de la impunidad en la omisión de acción del propio estado en contra de estas prácticas”, explicó Nadin Reyes, del Comité Hasta Encontrarlos.
En el encuentro, representantes de los comités Monseñor Romero y Cerezo, entre otros, hicieron un llamado a la unidad y a la exigencia de presentación con vida de todos los detenidos-desaparecidos del país.
Como parte de su campaña, anunciaron la integración de una base de datos para casos de desaparición forzada, que pueda ser utilizada por todas las organizaciones interesadas en estos casos.
Durante la misma, agregaron, darán seguimiento y exigencia al cumplimiento de la sentencia del caso de Rosendo Radilla Pacheco –líder social de Atoyac de Álvarez, Guerrero, detenido ilegalmente en agosto de 1974 en un retén militar y quien fue visto por última vez en el ex cuartel militar de ese municipio– porque se trata de un caso “sumamente importante, por la posibilidad que implica de terminar por fin con la impunidad en nuestro país en materia de desaparición forzada”.
La campaña, que será acompañada de foros para generar iniciativas en materia legislativa, “no pretende generar falsas expectativas”, pero sí realizar actividades concretas que puedan verse reflejadas de herramientas para responder de manera oportuna ante un crimen como la desaparición forzada, sostuvo.
Al anunciar la campaña nacional contra la desaparición forzada, indicaron que los esfuerzos de miles de familiares y de organizaciones en América Latina han logrado avances en la búsqueda de justicia y la presentación con vida de los desaparecidos.
“La supuesta guerra desatada contra el narcotráfico ha ocasionado graves violaciones a los derechos humanos. La cifra de más de 28 mil asesinatos y más de 3 mil desaparecidos sigue creciendo, y la respuesta del Estado es infame: los asesinatos –argumenta– fueron víctimas de fuego cruzado y los desaparecidos, levantados por la delincuencia organizada.
“Hoy todo lo que sucede en el país es, según el gobierno, responsabilidad del crimen organizado, especialmente el narcotráfico, argumento falaz que se colapsa ante el análisis mismo de la impunidad en la omisión de acción del propio estado en contra de estas prácticas”, explicó Nadin Reyes, del Comité Hasta Encontrarlos.
En el encuentro, representantes de los comités Monseñor Romero y Cerezo, entre otros, hicieron un llamado a la unidad y a la exigencia de presentación con vida de todos los detenidos-desaparecidos del país.
Como parte de su campaña, anunciaron la integración de una base de datos para casos de desaparición forzada, que pueda ser utilizada por todas las organizaciones interesadas en estos casos.
Durante la misma, agregaron, darán seguimiento y exigencia al cumplimiento de la sentencia del caso de Rosendo Radilla Pacheco –líder social de Atoyac de Álvarez, Guerrero, detenido ilegalmente en agosto de 1974 en un retén militar y quien fue visto por última vez en el ex cuartel militar de ese municipio– porque se trata de un caso “sumamente importante, por la posibilidad que implica de terminar por fin con la impunidad en nuestro país en materia de desaparición forzada”.
La campaña, que será acompañada de foros para generar iniciativas en materia legislativa, “no pretende generar falsas expectativas”, pero sí realizar actividades concretas que puedan verse reflejadas de herramientas para responder de manera oportuna ante un crimen como la desaparición forzada, sostuvo.
Gabriel León Zaragoza, El Universal, 31 de agosto.
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