La Juez Cuarta de Distrito, María Guadalupe Rivera González, negó a la compañía Comunicaciones Celulares de Occidente, filial de Iusacell, una suspensión definitiva de los efectos y consecuencias del otorgamiento de los títulos de concesión al consorcio Nextel-Televisa.
En la sentencia, la juez dicta que no es posible suspender el inicio para usar y comercializar el espectro ganado por el consorcio, dado a que causaría un daño al interés social y va en contra de las disposiciones de orden público.
Además, argumenta que de conceder esta medida, estaría restringiendo la obligación impuesta al Estado de llevar a cabo acciones que impulsen el desarrollo nacional eficiente en el área de las comunicaciones.
Por su parte, Salvador Rocha, represente legal de Grupo Iusacell, rechazó que estén abusando del uso del derecho por la gran cantidad de impugnaciones legales que han presentado en distintos juzgados locales y federales, por la licitación arbitraria e ilegal que llevaron a cabo las autoridades.
Agregó que Iusacell presentará demandas en instancias internacionales para impedir la ejecución final de una licitación que va en contra del artículo 134 de la constitución, que exige al Gobierno darle el mejor uso y obtener la mayor productividad de los bienes de la nación.
En la sentencia, la juez dicta que no es posible suspender el inicio para usar y comercializar el espectro ganado por el consorcio, dado a que causaría un daño al interés social y va en contra de las disposiciones de orden público.
Además, argumenta que de conceder esta medida, estaría restringiendo la obligación impuesta al Estado de llevar a cabo acciones que impulsen el desarrollo nacional eficiente en el área de las comunicaciones.
Por su parte, Salvador Rocha, represente legal de Grupo Iusacell, rechazó que estén abusando del uso del derecho por la gran cantidad de impugnaciones legales que han presentado en distintos juzgados locales y federales, por la licitación arbitraria e ilegal que llevaron a cabo las autoridades.
Agregó que Iusacell presentará demandas en instancias internacionales para impedir la ejecución final de una licitación que va en contra del artículo 134 de la constitución, que exige al Gobierno darle el mejor uso y obtener la mayor productividad de los bienes de la nación.
Reforma, 14 de octubre.
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