El fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, dijo ayer que estudiará las denuncias por presuntos crímenes de lesa humanidad recibidas por su oficina en contra del presidente Felipe Calderón por crímenes de lesa humanidad.
“Recibimos comunicaciones de todo el mundo”, le dijo el funcionario a la agencia EFE, y mencionó el caso de la presentada contra Calderón, y una más en contra del presidente venezolano, Hugo Chávez.
Explicó que la recepción de las quejas supone “el principio de una tarea” que comienza con el análisis de los datos presentados para determinar si los crímenes entran dentro de la jurisdicción de la CPI.
Según el reglamento de la CPI, recogido en el Estatuto de Roma, la Fiscalía tiene la obligación de analizar estas comunicaciones que le remiten individuos, Estados u organizaciones para confirmar si tiene capacidad de actuar.
“Mi tarea es abrir investigaciones no solamente cuando haya casos de crímenes bajo mi jurisdicción, sino cuando los Estados nacionales no hacen las investigaciones”, recordó Ocampo.
La CPI ha realizado investigaciones preliminares en Honduras y Colombia, pero en este último caso, por ejemplo, no ha llegado a abrir una investigación propia porque la autoridades colombianas ya están estudiando los presuntos crímenes relacionados con las FARC y el narcotráfico.
El caso contra Chávez fue planteado la pasada semana ante la CPI por uno de los seis aspirantes a ser el candidato opositor único en las elecciones presidenciales del próximo año en Venezuela, que quiere que se juzgue al presidente del país de delitos de lesa humanidad, incluyendo desde asesinatos hasta desplazamientos forzados y eliminación de la propiedad.
La queja presentada el pasado viernes contra Calderón concierne a crímenes de guerra y lesa humanidad resultado de la estrategia gubernamental de lucha contra el narcotráfico, que —según los demandantes— ha causado “más de 50 mil muertes, incluida la de niños”.
Funcionarios de la CPI dijeron por otra parte a periodistas que la denuncia contra Calderón continuará en evaluación pese a la reacción del gobierno federal. “La reacción que pueda tener un Gobierno a un comunicado presentado por algún individuo, grupo u organización, no afecta en lo absoluto el desempeño, ni los procesos del fiscal”.
La documentación presentada por el abogado Netzaí Sandoval, quien encabeza a poco más de 23 mil mexicanos, está en manos de una unidad especializada que trabaja para el fiscal Luis Moreno Ocampo. Este funcionario, basándose en las conclusiones, decidirá si hay evidencias suficientes para investigar lo que ocurre en México.
Sandoval entregó el expediente de 470 casos de violaciones al derecho internacional cometidas por las fuerzas federales.
“Recibimos comunicaciones de todo el mundo”, le dijo el funcionario a la agencia EFE, y mencionó el caso de la presentada contra Calderón, y una más en contra del presidente venezolano, Hugo Chávez.
Explicó que la recepción de las quejas supone “el principio de una tarea” que comienza con el análisis de los datos presentados para determinar si los crímenes entran dentro de la jurisdicción de la CPI.
Según el reglamento de la CPI, recogido en el Estatuto de Roma, la Fiscalía tiene la obligación de analizar estas comunicaciones que le remiten individuos, Estados u organizaciones para confirmar si tiene capacidad de actuar.
“Mi tarea es abrir investigaciones no solamente cuando haya casos de crímenes bajo mi jurisdicción, sino cuando los Estados nacionales no hacen las investigaciones”, recordó Ocampo.
La CPI ha realizado investigaciones preliminares en Honduras y Colombia, pero en este último caso, por ejemplo, no ha llegado a abrir una investigación propia porque la autoridades colombianas ya están estudiando los presuntos crímenes relacionados con las FARC y el narcotráfico.
El caso contra Chávez fue planteado la pasada semana ante la CPI por uno de los seis aspirantes a ser el candidato opositor único en las elecciones presidenciales del próximo año en Venezuela, que quiere que se juzgue al presidente del país de delitos de lesa humanidad, incluyendo desde asesinatos hasta desplazamientos forzados y eliminación de la propiedad.
La queja presentada el pasado viernes contra Calderón concierne a crímenes de guerra y lesa humanidad resultado de la estrategia gubernamental de lucha contra el narcotráfico, que —según los demandantes— ha causado “más de 50 mil muertes, incluida la de niños”.
Funcionarios de la CPI dijeron por otra parte a periodistas que la denuncia contra Calderón continuará en evaluación pese a la reacción del gobierno federal. “La reacción que pueda tener un Gobierno a un comunicado presentado por algún individuo, grupo u organización, no afecta en lo absoluto el desempeño, ni los procesos del fiscal”.
La documentación presentada por el abogado Netzaí Sandoval, quien encabeza a poco más de 23 mil mexicanos, está en manos de una unidad especializada que trabaja para el fiscal Luis Moreno Ocampo. Este funcionario, basándose en las conclusiones, decidirá si hay evidencias suficientes para investigar lo que ocurre en México.
Sandoval entregó el expediente de 470 casos de violaciones al derecho internacional cometidas por las fuerzas federales.
La Crónica, 30 de noviembre.
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