La Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados aprobó finalmente el dictamen para obligar a las empresas concesionarias y permisionarias del servicio de telefonía a colaborar con la Procuraduría General de la República en la investigación y persecución de actividades realizados por del crimen organizado.
El proyecto faculta a la autoridad judicial a solicitar a dichas empresas la localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación móvil vinculados con la comisión de delitos contra la salud, secuestro, extorsión y amenazas.
Prevé, incluso, una multa de entre 250 y 2 mil 500 días de salario mínimo a los concesionarios y permisionarios que se nieguen a colaborar con el Ministerio Público.
Los diputados federales aprobaron el dictamen un día después de que la presidenta de la organización Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, los responsabilizara de mantener estancada dicha reforma.
La comisión dictaminadora, encabezada por el legislador priista Adán Ignacio Rubí Salazar, dio luz verde al proyecto que dispone que las empresas del sector telecomunicaciones deben bloquear de inmediato las líneas reportadas como robadas o extraviadas, además de suspender el servicio cuando así lo instruya la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
El dictamen prevé también la obligación de equipar las cárceles con sistemas para bloquear señales de telefonía celular, radiocomunicación o transmisión de datos o imagen dentro de su perímetro.
Con reformas a diversos artículos del Código Federal de Procedimientos Penales, Código Penal Federal, Ley Federal de Telecomunicaciones, entre otras, el proyecto fue turnado a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para su discusión y votación en el pleno a más tardar la semana entrante.
0 Responses to "Aprueban en comisiones reforma sobre telefónicas"
Publicar un comentario