La Procuraduría General de la República no investiga a ninguno de los más de 20 mil firmantes que solicitaron a la Corte Penal Internacional de La Haya juzgar por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad al presidente Felipe Calderón.
Así lo aseguró el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, Alejandro Ramos Flores, quien dijo que la representación social de la Federación está en la mejor disposición de atender a los mexicanos que signaron dicha petición.
El funcionario, quien salió de las oficinas centrales de la PGR ubicadas en Paseo de la Reforma número 211 para atender a más de 200 personas que se manifestaron contra la estrategia emprendida por el gobierno federal para atacar al crimen organizado, expresó lo siguiente:
“La Procuraduría General de la República manifiesta que tiene abierta las puertas para todo aquel que quiera presentarse ante ella. Tenemos abiertas las puertas para que si alguien quiere presentarse para formular alguna denuncia en su caso, o considera que tiene algo que manifestar a la procuraduría, pues con todo gusto estamos listos para ayudarlos.”
Sin embargo, fue increpado por los protestantes que demandaban ser “detenidos”, luego de que la Presidencia de la República emitió un comunicado en el que aseguró que valoraba llevar a cabo acciones legales.
Ramos, quien es el segundo al frente de la PGR, invitó a los dirigentes del movimiento a formar una comisión para escuchar sus planteamientos, pero esto fue aceptado por los quejosos.
Los inconformes acudieron a la representación social de la Federación a “entregarse” simbólicamente por las supuestas “amenazas” que se hicieron a través del comunicado de la Presidencia.
Ahí, hicieron un pronunciamiento contra el comunicado en el que se habla de posibles acciones legales.
Este fue firmado por el ex procurador Diego Valadés; el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Genaro Góngora Pimentel; el obispo de Saltillo, Raúl Vera, así como el experto en temas de narcotráfico Luis Astorga, entre otros, quienes invitaron al gobierno federal, “y en particular al presidente Felipe Calderón”, a que reconsidere “esta acción”, ya que podría afectar gravemente el estado de derecho, la libertad de expresión y la convivencia democrática en el país.
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