Abogados especializados en derecho internacional aseguraron que en la denuncia presentada en la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente Felipe Calderón queda demostrado que ha habido un
ataque sistemáticocontra la población civil mexicana perpetrado por cuerpos policiacos y militares, así como por miembros del crimen organizado, durante la llamada guerra contra el narcotráfico.
Martín Rubio, abogado con más de dos décadas de litigar asuntos de derecho internacional, y John Ackerman, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sostuvieron que hay elementos suficientes para que al menos la CPI inicie la indagatoria.
“Ha habido miles de desplazados y varios civiles muertos en retenes militares y policiacos.
Los criminales han incrementado su actitud violenta contra la población, como respuesta a la aplicación de la estrategia de Calderón, afirmó Rubio, quien ha litigado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Ackerman, uno de los abogados que firmaron la demanda, indicó que el fiscal general de la CPI ha recibido información sobre más de un centenar de casos de desaparecidos y ejecutadosque han quedado documentados en los expedientes de autoridades mexicanas.
Se acredita, al menos de manera indiciaria, la comisión de delitos contra la humanidad y de guerra, ya que muchas víctimas fallecieron por un
ataque sistemáticocontra la población emprendido por sicarios al servicio de grupos criminales, pero también, en algunos casos, por miembros de las fuerzas armadas y policiacas, afirmó.
Consideró que la respuesta del mandatario fue de una
enorme torpezay refleja la reacción típica de un dictador.
Muchas oportunidades
Esa respuesta, agregó Ackerman,
nos habla de un Presidente totalmente desubicado. No entiende su función de jefe de Estado; está desesperado, enconado. Ya la sociedad civil le ha dado muchas oportunidades; Javier Sicilia apeló a su buena fe, la UNAM a su inteligencia para cambiar la estrategia de combate al crimen organizado, nosotros recurrimos a la justicia internacional.
La directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Rocío Culebro, destacó:
me parece desmedida la reacción del Presidente. No estamos haciendo ninguna difamación; simplemente estamos hablando de una serie de casos que ya le fueron reportados en su momento por distintas organizaciones y por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Lo nuevo es que ante la desesperación y la impunidad se recurre a una instancia internacional.
El obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, afirmó que la reacción de Calderón
refleja totalitarismo e intolerancia.
Sostuvo que la denuncia ante la CPI “tiene argumentos válidos y hace referencia a situaciones reales; lo vemos en el caso de las desapariciones forzadas, ejecuciones y secuestros de migrantes documentados por la CNDH”.
El obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Felipe Arizmendi Esquivel, afirmó:
creo que no hay culpa personal de Calderón; es decir, no es él quien está mandando asesinar a las personas; está enviando a las policías, y sobre todo al Ejército, para proteger a la comunidad.
De visita en Jalapa, Veracruz, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Placencia, opinó que la postura de Calderón es
desafortunaday muestra una faceta de intolerancia.
Expuso que recurrir ante instancias judiciales internacionales es un derecho de los ciudadanos y los gobiernos no tienen justificación para arremeter contra los que hacen uso de esa prerrogativa.
En gira de trabajo por Aguascalientes, el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, Juan de Dios Castro, calificó de
infundadala querella contra Calderón y aseguró que no va a prosperar, porque no se agotaron los recursos en las instancias locales.
Reiteró que las acciones del mandatario
están plenamente justificadas, ya que incluso quienes desaprueban la lucha contra el crimen no han propuesto otra solución viable al problema.
(Víctor Ballinas y Alfredo Méndez, reporteros; Leopoldo Ramos, Elio Henríquez, Andrés T. Morales y Claudio Bañuelos, corresponsales)
La Jornada, 29 de noviembre.
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