Se 'entregan'

Ante la advertencia del Gobierno federal de que podría actuar legalmente en contra de los ciudadanos que interpusieron la denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes lesa humanidad en este sexenio, un grupo de ellos se entregó ayer simbólicamente ante la Procuraduría General de la República (PGR).

Durante un acto de protesta afuera de la sede central de esa dependencia, "se pusieron a disposición" del subprocurador de Asuntos Jurídicos Internacionales, Alejandro Ramos, quien acudió al mismo para decirles que las puertas de la PGR estaban abiertas para presentar alguna denuncia.

"Si hay calumnia o si hay alguna denuncia presentada ante esta Procuraduría para eso estamos aquí; para que puedan ustedes identificarnos plenamente, para que sepan que somos ciudadanos de carne y hueso y que vamos a responder ante cualquier amenaza que hagan", le dijo Almikar Sandoval, uno de los promotores del recurso legal, al funcionario, quien se retiró después de que los cerca de 100 asistentes gritaron "fuera, fuera".

En la manifestación, los ciudadanos reivindicaron su derecho a denunciar ante cortes internacionales al Gobierno federal.

"No somos calumniadores, tenemos un derecho de denunciar ante la Corte Penal Internacional y lo hacemos porque en México no existen las instancias ni tampoco el ambiente para presentar una denuncia de esta índole en contra del Jefe de Estado", afirmó el militar en retiro, Francisco Gallardo.

Por su parte, el productor Epigmenio Ibarra, indicó que se hizo uso de un derecho legítimo ante la negación del Gobierno de Felipe Calderón de cambiar la estrategia contra las drogas.

En medio de consignas de "yo firmé, yo firmé", Almikar Sandoval leyó un comunicado en que el grupo pedía al Presidente que reconsiderara su intención de proceder contra los ciudadanos.

Indicó que de proceder, del Gobierno violentaría entre otros los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos así como los 6 y 17 de la Constitución mexicana.

"Invitamos al Gobierno federal y en particular al Presidente Felipe Calderón a que considere que podría afectar gravemente el Estado de Derecho, la libertad de expresión y la convivencia democrática del País", afirmó.

Edgar Cortéz, ex director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, anunció que con el desplegado del Gobierno federal se han incrementado las 23 mil firmas ciudadanas que respaldan la denuncia y convocó a los ciudadanos adherirse.

 
ANALIZAN PETICIÓN
 
La Corte Penal Internacional continuará evaluando la petición, pese a la intimidatoria reacción del Gobierno federal.

"La reacción que pueda tener un Gobierno a un comunicado presentado por algún individuo, grupo u organización, no afecta en lo absoluto el desempeño, ni los procesos del fiscal", informó a un alto funcionario de la CPI.

La documentación se encuentra en manos de una unidad especializada que trabaja para el fiscal Luis Moreno Ocampo, quien decidirá si hay evidencias suficientes para investigar.


Verónica Sánchez con información de Inder Bugarin, Reforma, 30 de noviembre.