La votación de hoy, marcada por el uso propagandístico de sondeos


Como cada seis años, el primer domingo de julio está marcado para poner en disputa la Presidencia de la República. También se renovará el Congreso de la Unión, clave para definir el margen de gobernabilidad del futuro mandatario: 128 senadores y 500 diputados se elegirán hoy.
En esta contienda, la primera presidencial con un nuevo marco legal derivado de la reforma electoral 2007-2008, participan: Josefina Vázquez Mota (PAN); Enrique Peña Nieto (coalición PRI-PVEM); Andrés Manuel López Obrador (coalición PRD, PT y Movimiento Ciudadano), y Gabriel Quadri de la Torre, por el Partido Nueva Alianza.
En el proceso electoral en curso destacó el uso de las encuestas como mecanismo proselitista; de octubre a junio fueron difundidas o reproducidas 3 mil 441 piezas vinculadas a los sondeos variopintos. También fue un proceso que ha transcurrido y llega a la votación de hoy en medio de acusaciones de compra y coacción del voto.
En este contexto, acorde con el volumen de votantes, habrá cinco entidades clave para el resultado, entre las cuales destacan como las dos primeras, el estado de México, de donde surgió Peña Nieto, y el Distrito Federal, en su momento gobernado por López Obrador.
El estado de México tiene 10 millones 396 mil 537 votantes, que equivalen a la suma de los ciudadanos que podrán votar en Aguascalientes, Baja California, Campeche, Colima, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Morelos, Tlaxcala, Durango y Yucatán.
Sin esas dimensiones, la capital del país es el segundo aportante de votos: 7 millones 217 mil 943. La lista de los cinco estados con mayor número de sufragios la completan Veracruz (5 millones 530 mil 347), Jalisco (5 millones 260 mil 991) y Puebla (3 millones 915 mil 969).
El nuevo modelo de campañas
Concluidas las campañas más cortas de la historia, apenas 90 días, 79 millones 454 mil 802 ciudadanos acudirán hoy a las urnas. Campaña acortada que no impidió la saturación propagandística con más de 40 millones de espots transmitidos, los partidos someterán hoy a la prueba de las urnas la eficacia de sus propuestas, la penetración de su propaganda, el carisma de sus candidatos e, incluso, el efecto de las descalificaciones de sus adversarios.
Noventa días de mensajes políticos que, en este lapso, han difuminado los 60 mil muertos que ha dejado la guerra contra el narcotráfico, la violencia extrema que ha alcanzado el país, que no había sido vivida hasta antes del sexenio actual.
Campañas que se dieron también en un entorno económico mundial muy adverso con la crisis europea y el consiguiente impacto en la cotización de la moneda mexicana y las expectativas de crecimiento económico y su impacto en la generación de empleos, en el ocaso del sexenio calderonista.
Cuestionadas por onerosas, la elecciones en 2012 costarán 4 mil 133 millones de pesos expresamente asignados por el Instituto Federal Electoral al proceso, sin contar el 5 mil 722 millones pesos de presupuesto base, que incluye, esencialmente salarios del personal del instituto; 5 mil 292 millones de pesos de financiamiento a los partidos partidos políticos, de los cuales mil 680.5 millones son expresamente destinados a los gastos de campaña y el resto, al financiamiento ordinario de partidos, que incluye, el gasto operativo de los partidos
A pesar de ello, caracterizan esta elección las denuncias cruzadas de todos los partidos y coaliciones sobre el excesivo gasto de sus adversarios, la presunta utilización de fuentes de financiamiento ilícito y las quejas que quedarán, acorde con la legislación, pendientes de resolverse meses después de la elección, cuando se revisen los informes de gastos de campaña que por ley están obligados los partidos.
El IFE tiene la expectativa de participación superior a 60 por ciento, que revertiría la tendencia decreciente de votantes en comicios presidenciales, desde la histórica votación en el convulsionado 1994, cuando sufragaron 77.16 por ciento de los ciudadanos.
Desde entonces, la elección de los presidentes ha sido decreciente incluso en 2000, con la expectativa de la alternancia en el poder por primera vez en la historia. La elección del panista Vicente Fox convocó a las urnas a 64 por ciento de los electores, lo que implicó un crecimiento porcentual en la abstención de casi 14 puntos.
Pese a la intensidad en las campañas de 2006, la polarización social entre el PAN y la coalición Por el Bien de Todos no detuvo la caída de votantes. Sólo 58.55 por ciento acudió a las urnas, esto es, cinco puntos porcentuales más que en 2000 y 19 respecto de 1994. La expectativa del IFE tiene un sustento: ya en 2009 las tendencias históricas de abstencionismo creciente en elecciones intermedias se revirtió y la participación repuntó ligeramente.
No obstante la sofisticación de la legislación, la reforma de 2007-2008 que pretendió corregir los vacíos detectados en las elecciones de 2006, los comicios de 2012 serán también los más judicializados de la historia, aun antes de la fase poselectoral, donde históricamente se registra el mayor número de quejas: mil 215, según el corte del jueves pasado.
Un corte que no incluye aún las denuncias públicas sobre operativos de compra y coacción del voto. En este contexto, ayer el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, afirmó que las elecciones de hoy serán las más vigiladas de la historia: dos millones de representantes de partidos políticos que observarán al millón de ciudadanos que fungirán como funcionarios de casilla. También habrá 28 mil observadores electorales y 615 visitantes extranjeros.
Acorde con el último corte, el PRI tenía acreditados 99.96 por ciento de representantes generales y 99.04 de representantes en casilla; PAN 94.49 y 92.29; PRD 92.16 y 87.66; PVEM, 61.9 y 67.9; PT, 81.3 y 81.2; Movimiento Ciudadano, 62.5 y 66.1 y Nueva Alianza, 92.78 y 86 por ciento.
Cerco policial a Gobernación
Por otra parte, la Policía Federal cerró todos los accesos hacia la Secretaría de Gobernación, aparentemente en prevención de protestas ante el Palacio de Covián. Versalles, Cuauhtémoc y otras cales que rodean la institución fueron cerradas con rejas metálicas. Mientras, el edificio de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizad reforzó la vigilancia con policías federales.
Con información de Gustavo Castillo
Alonso Urrutia y Fabiola Martínez, La Jornada, 1º de julio.

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