Político, el eje de la crisis por banda 2.5


La confrontación entre la televisora MVS y laPresidencia de la República escaló ayer con la revelación de conversaciones entre el empresario Joaquín Vargas y funcionarios federales, y acusaciones de chantaje, mentiras y manipulación de información por ambas partes.
Vargas presentó pláticas que sostuvo a partir del 4 de febrero de 2011 con Alejandra Sota, vocera de la Presidencia de la República, y Javier Lozano Alarcón, senador electo del PAN y entonces secretario del Trabajo, de las cuales adujo presiones para despedir a la periodista Carmen Aristegui por preguntar en su programa sobre el presunto alcoholismo del presidenteFelipe Calderón.
El empresario dijo que sintió que le estaban “echando encima la fuerza del Estado”, al condicionar el cese de Aristegui a cambio de avanzar en negociaciones de laBanda 2.5 GHz.
En respuesta, la vocera de la Presidencia dijo que el cese de Aristegui fue decisión exclusiva de Vargas, no solicitud o exigencia del gobierno federal o un berrinche presidencial.
“Las pretensiones del señor Joaquín Vargas de mantener el control de la Banda 2.5 no cumplen, hasta hoy, con los criterios técnicos necesarios y recurre al chantaje político para evadir el pago de lo que corresponde por un bien que es propiedad de todos los mexicanos”, acusó Sota.
La funcionaria insistió en que Vargas pretende tender una “cortina de humo” y “difama” al comparar al gobierno mexicano con otros de países distintos donde sí se coarta la libertad de expresión.
La portavoz presidencial lanzó “un exhorto a que ya las partes se conduzcan por donde se deben conducir, que es en los cauces institucionales de la parte técnica; es decir, de la relación que debe existir y debió existir siempre en ese tenor de diálogo entre la Secretaría de Comunicaciones y el grupo empresarial con la opinión de la Secretaría de Hacienda”.
Además, Sota dio a conocer una carta firmada por Joaquín Vargas que el empresario entregó en propia mano al presidente Felipe Calderón, y en la que dijo que se confirma que el tema no era Aristegui sino el valor de la Banda 2.5.
En la misiva, fechada el 15 de febrero de 2012, el empresario solicita audiencia a Calderón, y en ella se lee: “durante los últimos meses hemos avanzado en el cálculo de la contraprestación para el uso de la Banda 2.5 GHz, sin embargo, aunque estamos cerca, no hemos alcanzado un punto que satisfaga a la SHCP y a los inversionistas del consorcio”. En la misma no se hace mención al caso Aristegui.
Analistas urgen reforma
Javier Esteinou, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, y Alma Rosa Alva, de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, coincidieron en que el conflicto entre MVS y el gobierno refleja la urgente necesidad de reformar el marco legal para evitar que haya discrecionalidad.
Gabriel Sosa, experto en el tema y con un programa en MVS, dijo que sería una oportunidad de oro para Peña Nieto si se deslinda de intereses y resuelve conforme a derecho.
Los analistas consultados coincidieron en que en el tema de las telecomunicaciones el balance es negativo para la gestión del presidente Calderón, sobre todo porque se concentró en pocos actores y ahora se mezcló con un asunto de libertad de expresión, acotó Alva, al quedar la idea de que el caso Aristegui ha sido moneda de cambio. 
Sobre las acusaciones de Vargas al gobierno, Sota recordó que están explorando las alternativas jurídicas.
Jorge Ramos y Ramiro Alonso, EL Universal, 23 de agosto.

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