El PAN, PRD y PT proponen Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Senadores del PAN, PRD y PT propusieron crear la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en la que se establece que el servicio público de telecomunicaciones debe prestarse en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, acceso libre y sin injerencias indebidas.

La iniciativa de ley secundaria a la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, establece que la radio y la televisión deben “contribuir al fortalecimiento de la integración nacional, promover el mejoramiento de las formas de convivencia humana, particularmente en lo que corresponde a la igualdad entre hombres y mujeres”.

En la iniciativa se establecen y regulan las fuentes de financiamiento para las asignaciones de uso público y las concesiones de uso social incorporando la posibilidad de recibir donativos, en dinero o en especie, venta de productos y/o servicios, así como recibir patrocinios y publicidad, acotada a 12 minutos por hora de programación en el caso de la televisión y 24 minutos por hora en la radio.

En el caso de las concesiones de uso público, refiere la iniciativa, tratándose de medios que además reciben presupuesto público, estarán obligados a rendir un informe anual sobre sus ingresos adicionales y su forma de aplicarlos al proyecto.

Para las concesiones de uso social se establece la obligación de que todos los ingresos económicos deben ser reinvertidos en el medio, ya sea para mejoras tecnológicas, gastos de operación o cualquier otra actividad que mejore las prestaciones del servicio.

Las concesiones de uso social deberán de rendir un informe anual pormenorizado al órgano regulador sobre el ingreso de estos recursos y su utilización, el cual será público.

La iniciativa establece procedimientos “sencillos y equitativos” para el uso de las frecuencias y un régimen simplificado para las comunidades indígenas, en mayores condiciones de vulnerabilidad.

“En ningún momento deberá interpretarse que la adjudicación de frecuencias de uso social impone, por sus características, limitaciones arbitrarias tales como bajas potencias, restricciones de uso de banda o cobertura geográfica, o la prohibición de encadenamientos para el cumplimiento de sus fines sociales o comunitarios entre otros”, refiere el texto.

Blanca Estela Botello, La Crónica, 3 de noviembre.