Bogotá, 14 de mayo. La extradición a Estados Unidos de 14 jefes paramilitares de extrema derecha afecta las investigaciones judiciales en Colombia sobre los crímenes de lesa humanidad de esos grupos, advirtió hoy la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La medida concretada ayer por el gobierno de Álvaro Uribe también provocó críticas por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la estadunidense Human Rights Watch (HRW), que coinciden en que se hizo a un lado a las víctimas de los paramilitares y se corre el riesgo de la impunidad.
El organismo de Naciones Unidas, con oficina en Colombia, dijo que alertaba “sobre el riesgo de que las extradiciones debiliten las posibilidades de avanzar, eficaz y oportunamente, en la lucha contra la impunidad de violaciones graves de los derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario”.
Puntualizó que “la validez de la extradición como instrumento contra la impunidad se vería seriamente cuestionado” si no son reparadas las víctimas de la Autodefensas Unidas de Colombia, cuya cúpula fue extraditada. Además, citó, muchos de esos crímenes fueron cometidos con apoyo de agentes del Estado.
La CIDH, dependiente de la Organización de Estados Americanos, señaló que la extradición impide la acción de la justicia colombiana y cierra las posibilidades de participación directa de las víctimas en la búsqueda de la verdad sobre los crímenes, y limita la reparación del daño causado.
En tanto, Bogotá reviró a las críticas de HRW al afirmar que “se contradice” porque aseguraba que los “grandes perdedores” con la extradición eran las víctimas, y que antes “maltrataba al gobierno” por no extraditar a los jefes paramilitares y ahora “lo maltrata porque los ha extraditado”.
El procurador general de Colombia, Edgardo Maya Villazón, reconoció que esta extradición evidencia el fracaso del sistema carcelario y judicial del país, donde esos grupos son juzgados por narcotráfico, contrabando y terrorismo en procesos por más de 200 masacres y desaparición forzada de unas 49 mil personas.
También la oposición política criticó la extradición en medio de las investigaciones de los nexos de los políticos afines al gobierno y los paramilitares, mientras este día la fiscalía ordenó capturar a otros cinco ex congresistas aliados del presidente Uribe en el contexto de esos procesos de la llamada “parapolítica”.
El embajador de Estados Unidos en Bogotá, William Bronwfield, admitió que ni la justicia en su país ni la colombiana pueden obligar a los 14 paramilitares extraditados a colaborar eficazmente con las autoridades.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien dijo no descartar que Estados Unidos y Colombia pretendan repetir en su país una incursión militar como la efectuada en marzo pasado en Ecuador, informó que a pedido de su par francés, Nicolas Sarkozy, buscará contactar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para abogar por la liberación de los rehenes.
La medida concretada ayer por el gobierno de Álvaro Uribe también provocó críticas por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la estadunidense Human Rights Watch (HRW), que coinciden en que se hizo a un lado a las víctimas de los paramilitares y se corre el riesgo de la impunidad.
El organismo de Naciones Unidas, con oficina en Colombia, dijo que alertaba “sobre el riesgo de que las extradiciones debiliten las posibilidades de avanzar, eficaz y oportunamente, en la lucha contra la impunidad de violaciones graves de los derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario”.
Puntualizó que “la validez de la extradición como instrumento contra la impunidad se vería seriamente cuestionado” si no son reparadas las víctimas de la Autodefensas Unidas de Colombia, cuya cúpula fue extraditada. Además, citó, muchos de esos crímenes fueron cometidos con apoyo de agentes del Estado.
La CIDH, dependiente de la Organización de Estados Americanos, señaló que la extradición impide la acción de la justicia colombiana y cierra las posibilidades de participación directa de las víctimas en la búsqueda de la verdad sobre los crímenes, y limita la reparación del daño causado.
En tanto, Bogotá reviró a las críticas de HRW al afirmar que “se contradice” porque aseguraba que los “grandes perdedores” con la extradición eran las víctimas, y que antes “maltrataba al gobierno” por no extraditar a los jefes paramilitares y ahora “lo maltrata porque los ha extraditado”.
El procurador general de Colombia, Edgardo Maya Villazón, reconoció que esta extradición evidencia el fracaso del sistema carcelario y judicial del país, donde esos grupos son juzgados por narcotráfico, contrabando y terrorismo en procesos por más de 200 masacres y desaparición forzada de unas 49 mil personas.
También la oposición política criticó la extradición en medio de las investigaciones de los nexos de los políticos afines al gobierno y los paramilitares, mientras este día la fiscalía ordenó capturar a otros cinco ex congresistas aliados del presidente Uribe en el contexto de esos procesos de la llamada “parapolítica”.
El embajador de Estados Unidos en Bogotá, William Bronwfield, admitió que ni la justicia en su país ni la colombiana pueden obligar a los 14 paramilitares extraditados a colaborar eficazmente con las autoridades.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien dijo no descartar que Estados Unidos y Colombia pretendan repetir en su país una incursión militar como la efectuada en marzo pasado en Ecuador, informó que a pedido de su par francés, Nicolas Sarkozy, buscará contactar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para abogar por la liberación de los rehenes.
Nota de AFP, DPA y Reuters, La Jornada, 15 de mayo.
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