El segundo día del foro de debates sobre la reforma energética fue el marco que utilizó el llamado “gobierno legítimo” que encabeza Andrés Manuel López Obrador para presentar formalmente su propuesta de reforma de Pemex.
Claudia Sheinbaum, secretaria de Patrimonio del “gobierno legítimo”, fue la encargada de presentar dicha propuesta que se sustenta en cinco líneas estratégicas para el fortalecimiento del sector, principalmente de los hidrocarburos, “que no requiere de grandes reformas jurídicas, pero sí de voluntad política y visión de soberanía”.
Una de sus principales propuestas es que el gobierno federal asuma la deuda Pidiregas de todo el sector energético, que a diciembre de 2007 ascendió a 62 mil millones de dólares, de los cuales cerca de 50 mil millones corresponden a Pemex y el resto a CFE. Esta deuda, explicó Sheinbaum, resulta sumamente cara porque está financiada por los contratistas privados y frecuentemente inflada, pues incluyen costos que los contratistas agregan, simplemente para asegurarse que sus operaciones sean rentables.
Mediante este mecanismo se liberaría a Pemex de una pesada carga financiera con ahorros potenciales de 2 mil 500 millones de dólares anuales de intereses, toda vez que la deuda contratada por la paraestatal es ante todo una deuda del país y del Estado.
Otro punto de la propuesta de Andrés Manuel López Obrador es convertir a Pemex en motor de la economía nacional, de manera tal que aproveche las oportunidades de cada uno de los procesos, desde la exploración hasta la comercialización. En este punto, proponen que los petrolíferos deben elaborarse en México, con inversión y operación de Pemex, porque representa valor agregado, empleo, ingeniería y desarrollo tecnológico.
Al argumento de que estas instalaciones deben ser privadas, “nosotros respondemos que los ingresos de los empresarios privados para construir y operar la refinación, transporte y almacenamiento vendrían de la misma fuente que si fuera Pemex: la venta de hidrocarburos en el mercado nacional.
Proponen, asimismo, reintegrar a Pemex en una sola entidad y no como está ahora, dividida en subsidiarias y filiales, lo que permitiría establecer una política de planeación integral. El proyecto recomienda canalizar el grueso de los excedentes presupuestales (que no se reparte a estados y municipios) del petróleo hacia Pemex. Estima ese potencial en 200 mil millones de pesos en 2008, y si la inversión anual que se requiere en refinación es de 30 mil millones de dólares, significaría que los excedentes de este año servirían para financiar las inversiones en el sistema de refinación para los próximos cinco años.
Incluso propone construir tres refinerías, una que tentativamente podría estar en Tuxpan, otra en Atasta, Campeche, y Dos Bocas, Veracruz, para aprovechar el crudo que se produce en esas zonas.
Y, finalmente, intensificar la actividad exploratoria en la totalidad del territorio nacional (sólo 20% se ha explorado), particularmente en aguas someras donde Pemex es líder mundial en tecnología de producción y reactivar más de mil pozos maduros, con posibilidades de aportar volúmenes importantes de hidrocarburos.
Este segundo día de debates, que se llevó a cabo con menor número de asistentes y con un retraso de 25 minutos, significó duras críticas para las iniciativas del presidente Felipe Calderón.
Javier Jiménez Espriú, ex secretario general y director de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), consideró que la reforma que plantea el Ejecutivo es “el pretexto para la reestructuración de Pemex, urgente sin duda, conveniente sin duda; pero la premura de su presentación esta fundamentalmente motivada no por la reestructuración en sí, sino por el interés en su apertura al sector privado”.
La calificó “de insuficiente en el análisis económico, discutible desde el punto de vista técnico, inconsistente en el aspecto legal, ignorante de contenido histórico y ayuno de sensibilidad política”. Dijo por ejemplo, que los bonos transfieren a particulares, aunque sea en mínimas cantidades, parte de la renta petrolera.
Las iniciativas, añadió, si se convierten en ley, autorizarán los contratos riesgo y Pemex inicia su privatización, claudicando a la exclusividad que la Constitución le otorga, por lo que el objetivo fundamental de la propuesta “no es otra cosa que privatizar”.
Porfirio Muñoz Ledo sostuvo que la reforma del presidente Calderón es “notoriamente inconstitucional y nociva” para México, pues se trata de una operación “roedora que carcome” la estructura de este recurso natural y de las finanzas del país.
Durante su participación en el segundo foro de debates, añadió que estas iniciativas están enfocadas a la apertura del sector energético a capitales privado. “No es sólo un puñado de dirigentes lo que se dirime, sino la renovación del pacto social”, subrayó Muñoz Ledo.
Claudia Sheinbaum, secretaria de Patrimonio del “gobierno legítimo”, fue la encargada de presentar dicha propuesta que se sustenta en cinco líneas estratégicas para el fortalecimiento del sector, principalmente de los hidrocarburos, “que no requiere de grandes reformas jurídicas, pero sí de voluntad política y visión de soberanía”.
Una de sus principales propuestas es que el gobierno federal asuma la deuda Pidiregas de todo el sector energético, que a diciembre de 2007 ascendió a 62 mil millones de dólares, de los cuales cerca de 50 mil millones corresponden a Pemex y el resto a CFE. Esta deuda, explicó Sheinbaum, resulta sumamente cara porque está financiada por los contratistas privados y frecuentemente inflada, pues incluyen costos que los contratistas agregan, simplemente para asegurarse que sus operaciones sean rentables.
Mediante este mecanismo se liberaría a Pemex de una pesada carga financiera con ahorros potenciales de 2 mil 500 millones de dólares anuales de intereses, toda vez que la deuda contratada por la paraestatal es ante todo una deuda del país y del Estado.
Otro punto de la propuesta de Andrés Manuel López Obrador es convertir a Pemex en motor de la economía nacional, de manera tal que aproveche las oportunidades de cada uno de los procesos, desde la exploración hasta la comercialización. En este punto, proponen que los petrolíferos deben elaborarse en México, con inversión y operación de Pemex, porque representa valor agregado, empleo, ingeniería y desarrollo tecnológico.
Al argumento de que estas instalaciones deben ser privadas, “nosotros respondemos que los ingresos de los empresarios privados para construir y operar la refinación, transporte y almacenamiento vendrían de la misma fuente que si fuera Pemex: la venta de hidrocarburos en el mercado nacional.
Proponen, asimismo, reintegrar a Pemex en una sola entidad y no como está ahora, dividida en subsidiarias y filiales, lo que permitiría establecer una política de planeación integral. El proyecto recomienda canalizar el grueso de los excedentes presupuestales (que no se reparte a estados y municipios) del petróleo hacia Pemex. Estima ese potencial en 200 mil millones de pesos en 2008, y si la inversión anual que se requiere en refinación es de 30 mil millones de dólares, significaría que los excedentes de este año servirían para financiar las inversiones en el sistema de refinación para los próximos cinco años.
Incluso propone construir tres refinerías, una que tentativamente podría estar en Tuxpan, otra en Atasta, Campeche, y Dos Bocas, Veracruz, para aprovechar el crudo que se produce en esas zonas.
Y, finalmente, intensificar la actividad exploratoria en la totalidad del territorio nacional (sólo 20% se ha explorado), particularmente en aguas someras donde Pemex es líder mundial en tecnología de producción y reactivar más de mil pozos maduros, con posibilidades de aportar volúmenes importantes de hidrocarburos.
Este segundo día de debates, que se llevó a cabo con menor número de asistentes y con un retraso de 25 minutos, significó duras críticas para las iniciativas del presidente Felipe Calderón.
Javier Jiménez Espriú, ex secretario general y director de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), consideró que la reforma que plantea el Ejecutivo es “el pretexto para la reestructuración de Pemex, urgente sin duda, conveniente sin duda; pero la premura de su presentación esta fundamentalmente motivada no por la reestructuración en sí, sino por el interés en su apertura al sector privado”.
La calificó “de insuficiente en el análisis económico, discutible desde el punto de vista técnico, inconsistente en el aspecto legal, ignorante de contenido histórico y ayuno de sensibilidad política”. Dijo por ejemplo, que los bonos transfieren a particulares, aunque sea en mínimas cantidades, parte de la renta petrolera.
Las iniciativas, añadió, si se convierten en ley, autorizarán los contratos riesgo y Pemex inicia su privatización, claudicando a la exclusividad que la Constitución le otorga, por lo que el objetivo fundamental de la propuesta “no es otra cosa que privatizar”.
Porfirio Muñoz Ledo sostuvo que la reforma del presidente Calderón es “notoriamente inconstitucional y nociva” para México, pues se trata de una operación “roedora que carcome” la estructura de este recurso natural y de las finanzas del país.
Durante su participación en el segundo foro de debates, añadió que estas iniciativas están enfocadas a la apertura del sector energético a capitales privado. “No es sólo un puñado de dirigentes lo que se dirime, sino la renovación del pacto social”, subrayó Muñoz Ledo.
Nota de Noé Cruz Serrano, El Universal, 16 de mayo.
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