Las condiciones para otorgar a México 350 millones de dólares, que forman parte de la Iniciativa Mérida, parecen un retroceso a la etapa de certificación unilateral que aplicaba Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, opinó el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, José Luis Santiago Vasconcelos.
El también vicepresidente del Comité contra el Terrorismo de la Organización de Estados Americanos propuso que los recursos solicitados por el presidente George W. Bush podrían incluso ser utilizados por su administración para reforzar la seguridad y evitar el tráfico de armas a México.
“Es un acto soberano que el Estado mexicano debe definir, decir sí acepto o no acepto, pero vienen estas condicionantes que parecen un retroceso respecto a una etapa ya superada en las relaciones con Estados Unidos en materia de tráfico ilícito de drogas, que es la certificación unilateral”, agregó.
Santiago Vasconcelos precisó que el acuerdo original de la Iniciativa Mérida no contemplaba apoyos financieros por parte del gobierno de Estados Unidos, sino que se trataba de obtener un compromiso político de esa nación para que reconociera que el narcotráfico es un problema bilateral que debe ser atacado de manera conjunta.
“Originalmente estaba la Iniciativa Mérida exclusivamente como un compromiso político, una declaración política de los estadunidenses y después derivó en estas implicaciones económicas. No hay que ver las cosas tremenditas (sic), sino en su verdadera dimensión”.
El subprocurador comentó que inclusive los 350 millones de dólares que México podría recibir de Estados Unidos deberían ser utilizados por los propios estadunidenses para reforzar sus aduanas, la Patrulla Fronteriza, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, así como para impedir el tráfico de armas a nuestro país, ya que 97 por ciento del arsenal con que cuentan los cárteles mexicanos proviene de esa nación.
En su opinión, el narcotráfico es un problema tan grave que no puede estar sujeto ya a cuestiones de definiciones o de intereses políticos, pues debe enfrentarse con mayor contundencia y honestidad.
“Creo también que el momento político que se vive allá motivó gran parte de esta reacción y lamentablemente, tanto para nosotros como para ellos, los momentos políticos de definiciones para las candidaturas presidenciales, pues tenemos siempre al vecino como el candidato ideal para golpearlo”.
El funcionario de la PGR dejó en claro que aceptar o no el apoyo económico de la Iniciativa Mérida será una decisión soberana de la administración del presidente Calderón, cuyo gasto en materia de Seguridad Pública es de aproximadamente 84 mil millones de pesos al año.
Certificación
Estados Unidos aplicaba de manera unilateral un proceso de certificación que evaluaba el desempeño y la cooperación de algunas naciones, entre ellas México, en el combate al narcotráfico. Si no cumplían la certificación tenían problemas con créditos y financiamiento.
Este mecanismo consistía en una evaluación anual del presidente de Estados Unidos y se estableció en 1986, aunque fue suspendida de manera indefinida en 2002 mediante una enmienda legislativa aprobada por la Cámara de Representantes.
Afectación de intereses
El aumento en el número de ejecuciones en el país se debe a que el gobierno federal ha afectado los intereses de los grupos delincuenciales y estos responden de manera violenta, aseguró la secretaria de Vinculación con la Sociedad del CEN panista, Adriana Dávila.
La también diputada federal señaló que el aumento en la violencia generada por la delincuencia organizada obedece a que en el pasado los criminales pensaban que controlaban al país, pero que la actual administración ha tomado cartas en el asunto.
“Es una respuesta de la delincuencia organizada por el combate frontal que ha hecho el presidente Felipe Calderón y el gobierno federal en ese sentido y es obvio que los malandrines y la gente que está metida en un negocio que está siendo afectado, obviamente está respondiendo”.
Recordó que el propio Presidente advirtió que la lucha contra la delincuencia costaría vidas, por lo que consideró que se está haciendo lo correcto.
El también vicepresidente del Comité contra el Terrorismo de la Organización de Estados Americanos propuso que los recursos solicitados por el presidente George W. Bush podrían incluso ser utilizados por su administración para reforzar la seguridad y evitar el tráfico de armas a México.
“Es un acto soberano que el Estado mexicano debe definir, decir sí acepto o no acepto, pero vienen estas condicionantes que parecen un retroceso respecto a una etapa ya superada en las relaciones con Estados Unidos en materia de tráfico ilícito de drogas, que es la certificación unilateral”, agregó.
Santiago Vasconcelos precisó que el acuerdo original de la Iniciativa Mérida no contemplaba apoyos financieros por parte del gobierno de Estados Unidos, sino que se trataba de obtener un compromiso político de esa nación para que reconociera que el narcotráfico es un problema bilateral que debe ser atacado de manera conjunta.
“Originalmente estaba la Iniciativa Mérida exclusivamente como un compromiso político, una declaración política de los estadunidenses y después derivó en estas implicaciones económicas. No hay que ver las cosas tremenditas (sic), sino en su verdadera dimensión”.
El subprocurador comentó que inclusive los 350 millones de dólares que México podría recibir de Estados Unidos deberían ser utilizados por los propios estadunidenses para reforzar sus aduanas, la Patrulla Fronteriza, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, así como para impedir el tráfico de armas a nuestro país, ya que 97 por ciento del arsenal con que cuentan los cárteles mexicanos proviene de esa nación.
En su opinión, el narcotráfico es un problema tan grave que no puede estar sujeto ya a cuestiones de definiciones o de intereses políticos, pues debe enfrentarse con mayor contundencia y honestidad.
“Creo también que el momento político que se vive allá motivó gran parte de esta reacción y lamentablemente, tanto para nosotros como para ellos, los momentos políticos de definiciones para las candidaturas presidenciales, pues tenemos siempre al vecino como el candidato ideal para golpearlo”.
El funcionario de la PGR dejó en claro que aceptar o no el apoyo económico de la Iniciativa Mérida será una decisión soberana de la administración del presidente Calderón, cuyo gasto en materia de Seguridad Pública es de aproximadamente 84 mil millones de pesos al año.
Certificación
Estados Unidos aplicaba de manera unilateral un proceso de certificación que evaluaba el desempeño y la cooperación de algunas naciones, entre ellas México, en el combate al narcotráfico. Si no cumplían la certificación tenían problemas con créditos y financiamiento.
Este mecanismo consistía en una evaluación anual del presidente de Estados Unidos y se estableció en 1986, aunque fue suspendida de manera indefinida en 2002 mediante una enmienda legislativa aprobada por la Cámara de Representantes.
Afectación de intereses
El aumento en el número de ejecuciones en el país se debe a que el gobierno federal ha afectado los intereses de los grupos delincuenciales y estos responden de manera violenta, aseguró la secretaria de Vinculación con la Sociedad del CEN panista, Adriana Dávila.
La también diputada federal señaló que el aumento en la violencia generada por la delincuencia organizada obedece a que en el pasado los criminales pensaban que controlaban al país, pero que la actual administración ha tomado cartas en el asunto.
“Es una respuesta de la delincuencia organizada por el combate frontal que ha hecho el presidente Felipe Calderón y el gobierno federal en ese sentido y es obvio que los malandrines y la gente que está metida en un negocio que está siendo afectado, obviamente está respondiendo”.
Recordó que el propio Presidente advirtió que la lucha contra la delincuencia costaría vidas, por lo que consideró que se está haciendo lo correcto.
Nota de Ignacio Alzaga y Daniel Venegas, Milenio, 25 de mayo.
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